object(WP_Post)#595 (25) { ["ID"]=> int(9353) ["post_author"]=> string(1) "1" ["post_date"]=> string(19) "2013-09-26 15:38:30" ["post_date_gmt"]=> string(19) "2013-09-26 15:38:30" ["post_content"]=> string(0) "" ["post_title"]=> string(11) "Environment" ["post_excerpt"]=> string(0) "" ["post_status"]=> string(7) "publish" ["comment_status"]=> string(6) "closed" ["ping_status"]=> string(6) "closed" ["post_password"]=> string(0) "" ["post_name"]=> string(11) "environment" ["to_ping"]=> string(0) "" ["pinged"]=> string(0) "" ["post_modified"]=> string(19) "2013-09-26 15:38:30" ["post_modified_gmt"]=> string(19) "2013-09-26 15:38:30" ["post_content_filtered"]=> string(0) "" ["post_parent"]=> int(0) ["guid"]=> string(55) "http://www.brettonwoodsproject.org/2013/09/environment/" ["menu_order"]=> int(0) ["post_type"]=> string(6) "topics" ["post_mime_type"]=> string(0) "" ["comment_count"]=> string(1) "0" ["filter"]=> string(3) "raw" ["format_content"]=> NULL }

Environment

News

Finaliza la revision sobre las salvaguardas de CFI: riesgo antes que la protección

4 May 2006

Los críticos aseguran que los estándares revisados de la CFI llevarán a un aumento y no a una disminución de los casos de abuso social y del medio ambiente. A principios de marzo de 2006, CFI la Corporación Financiera Internacional (IFC – International Finance Corporation), la mano derecha del sector privado del Banco Mundial, publicó su nueva política y estándares de desempeño sostenibles social y ambiental, como también su política de transparencia (Ver Boletín 45, y 46).

Esta revisión reemplaza las actuales diez políticas de salvaguarda del Banco Mundial con los siguientes ocho ‘estándares específicos de desempeño’ de la CFI:

  1. Evaluación social y ambiental y sistema de gerencia
  2. .

  3. El trabajo y las condiciones laborales.
  4. Prevención y disminución de la contaminación.
  5. Salud y seguridad de la comunidad.
  6. Adquisición de tierras y reasentamiento involuntario.
  7. Conservación de la biodiversidad y manejo sostenible de los recursos naturales.
  8. Pueblos indígenas.
  9. Herencia cultural.

A pesar de un número de cambios hechos durante la última ronda de revisiones en respuesta a los comentarios de una variedad de actores, el nuevo sistema está basado en la discreción y la flexibilidad, más que en un aumento de la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de la negligencia.

Fallas fatales

Una coalición de ONGs internacionales que hizo campaña a través del período de la consulta, con el objeto de presionar a la CFI para que adoptara salvaguardas fuertes y obligatorias declaró que “a pesar del mandato de la CFI para la reducción de la pobreza y hacia el desarrollo, y de su autoproclamado rol como la moldeadora de estándares para la inversión financiera privada, la nueva revisión coloca a la institución detrás de otros prestamistas respecto a temas críticos del desarrollo sostenido.” En general, hay demasiada dependencia de la información generada por el cliente, y no hay requisitos suficientes para supervisión y verificación eficaces e independientes. Los estándares también hacen declaraciones débiles sobre los mínimos estándares de licitación, en particular respecto a los derechos humanos y el medio ambiente y emplean un lenguaje no obligante en lo referente a lo que se requiere de la CFI y su cliente.

Los análisis muy completos de cada uno de los estándares de desempeño presentados a la CFI por la sociedad civil generalmente fueron ignorados o incorporados solo parcialmente.

Las inquietudes específicas incluyen:

Derechos humanos: Las limitadas referencias a los derechos humanos en los documentos son vagas y circulares, y hablan del asunto solo desde el enfoque voluntario de la responsabilidad social corporativa. Amnistía Internacional ha expresado su inquietud de que los borradores actuales no reflejan lo suficiente las obligaciones de los estados miembros de la CFI respecto a los derechos humanos bajo la ley internacional de derechos humanos; que no se refieren explícitamente al punto central de la ley y los estándares internacionales de derechos humanos; y que no reflejan correctamente el consenso internacional evolutivo respecto a la rendición de cuentas de compañías a las normas internacionales de derechos humanos.

Intermediarios financieros: La CFI todavía tiene que clarificar adecuadamente cómo los estándares revisados del desempeño van a ser aplicados a la financiación canalizada a través de intermediarios financieros. Se estima que esto constituye aproximadamente entre el 30 y el 50 per cent del portafolio de la CFI.

Grupos indígenas: La política propuesta de la CFI sobre los grupos indígenas es distinta a la del Banco Mundial. Por ejemplo, la política del Banco dice que se debe obtener ‘un apoyo general de la comunidad’ para cualquier proyecto que afecte las tierras ancestrales, los territorios y los recursos, mientras que la CFI dice que solo se requiere el apoyo general de la comunidad para ‘grandes proyectos con impacto significativo.’ Además de esto, no hay provisiones para asegurarse de que la CFI no sea cómplice en la piratería de los recursos de los pueblos indígenas, en la destrucción de sus culturas y en la violación de sus derechos humanos (Ver Boletín 48).

Industrias extractivas y el cambio climático: La política y los estándares de desempe7ntilde;o de la CFI han fallado en la respuesta a varios puntos claves mencionados en la respuesta del Banco Mundial a la Revisión de Industrias Extractivas, incluyendo el requisito del monitoreo independiente para grandes proyectos y reconociendo el principio de que existen ‘zonas de no intervención’ en el mundo para las industrias extractivas.Además, en contraposición directa al papel de supuesto liderazgo del Banco de manejar el cambio climático, la CFI intenta aumentar los préstamos para proyectos de combustible fósil. Un reciente informe de Amigos de la Tierra (Friends of the Earth) señala que la CFI no está incluida en el compromiso del Banco de aumentar su financiación de energía renovable en un 20 per cent cada año durante los próximos cinco años.

Criticas internas y externas

La sociedad civil no es la única que está expresando su inquietud. Durante el proceso de consulta, los representantes de un número de bancos de Equator Principles, agencias de crédito a la exportación y los bancos regionales de desarrollo han cuestionado ciertos aspectos de las políticas propuestas por CFI. Por ejemplo, respecto a las ‘zonas de no intervención’ algunos grandes prestamistas comerciales incluyendo a JP Morgan Chase y ABN AMRO, al igual que a la asociación de la industria minera el Comité Internacional sobre Minería y Metales (ICMM – International Council on Mining and Metals), consideran aquellos lugares señalados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad por fuera de los límites para la inversión.

La CFI sin embargo, se rehúsa a reconocer cualquier área como ‘zona de no intervención’, identificando en cambio circunstancias en las cuales podría apoyar proyectos en ‘hábitats naturales críticos’.

El cuerpo interno de auditores de la CFI, Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia (CAO, sigla en inglés) también ha hecho preguntas sobre la transparencia y rendición de cuentas, las evaluaciones sobre los impactos sociales y ambientales, y lo inadecuado de la consulta y transparencia para el público. Durante la revisión observó que “hay también un amplio cambio percibido con respecto al énfasis que daba (CFI) a las políticas de salvaguarda previas, las cuales antes se veían como protectoras de los derechos de las comunidades afectadas, a un cambio donde lo que se ve es el énfasis en identificar y manejar los riesgos de los clientes del sector privado.” En comentarios presentados a la Junta del Banco en febrero de 2006 CAO dice: “consideramos que la CFI expone a las comunidades afectadas, a sus clientes y a ellos mismos a riesgos evitables” como resultado de las debilidades en relación con: informes sobre el impacto en el desarrollo, evaluación de riesgos, y la incorporación de los compromisos del Banco Mundial contenidos en la Revisión de las Industrias Extractivas.Otras inquietudes incluyen: la falta de definición de ‘apoyo general de la comunidad’ y ‘consulta anterior libre e informada’; seguridad y derechos humanos; y el debilitamiento de las provisiones sobre la biodiversidad.