Al tiempo que los países en desarrollo y los grupos de la sociedad civil siguen advirtiendo contra la influencia del Banco Mundial en el diseño y la gestión del nuevo Fondo Climático Verde (GCF - Green Climate Fund), surge nueva crítica sobre las iniciativas climáticas del Banco.
En la reunión de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Bangkok en abril de 2011, los grupos de la sociedad civil del Sur cuestionaron enérgicamente cualquier papel futuro para el Banco en el GCF, sumándose a un creciente coro de voces críticas de grupos internacionales de la sociedad civil (ver Boletines 75 y 74). Lidy Nacpil, de la ONG Movimiento de Asia y el Pacífico sobre Deuda y Desarrollo, sostuvo que el GCF debe ser "democrático, responsable, transparente y regido por una comisión con una mayoría procedente de los países del Sur, y no de los países que son responsables del problema del cambio climático. El Banco Mundial no es esa institución y no tiene cabida en el diseño, implantación o funcionamiento de la nueva institución."
En la primera reunión de la Comisión de Transición encargada de diseñar el GCF, celebrada a finales de abril de 2011 en la Ciudad de México, hubo controversia sobre el posible papel para el Banco en la unidad de Apoyo Técnico de la Comisión (TSU - Technical Support Unit). El documento constitutivo de la TSU dice que algunos puestos de trabajo serán ocupados por el personal de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD). Circulaban rumores de que Warren Evans - exdirector de Medio Ambiente del Banco, quien participó en la creación de los Fondos Climáticos de Inversiones alojados en el Banco (CIFs - Climate Investment Funds) (ver Boletines 75, 73 y 68) - había sido alineado como especialista para el diseño de la GCF. Sin embargo, varios países en desarrollo como Nicaragua, Filipinas e India, sostuvieron que cualquier papel para el Banco en el GCF constituiría un conflicto de intereses, ya que cualquier personal del Banco en comisión de servicio con la TSU del GCF jugaría un papel fundamental en la construcción de un fondo que también emplearía al Banco como fiduciario.
Nicaragua además señaló las normas fiduciarias internacionales y las de la famosa sentencia judicial 2010 sobre Enron en Estados Unidos, las cuales se oponen a la combinación de las funciones de consultoría con las funciones fiduciarias. Por otro lado, Filipinas, citando la cláusula de caducidad de los CIFs, la cual dice que cesarán las actividades de estos una vez que una nueva arquitectura financiera sea efectiva dentro de la CMNUCC, dijo que la participación de cualquier persona conectada con los CIFs en el diseño del GCF, también constituiría un conflicto de intereses. En clara referencia al Banco, los países en desarrollo pidieron que cualquier referencia a una institución específica en las descripciones de trabajo de los miembros de la TSU fuera eliminada.
Informes condenatorios
En mayo de 2011, el organismo de investigación del Reino Unido, el Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS - Institute of Development Studies) publicó un informe sobre el Programa Piloto para la Adaptación al Cambio Climático (PPACC), uno de los CIFs. El informe destaca una falta consistente de aportes de los países en desarrollo y de la sociedad civil en el proceso del diseño del PPACC, además de la falta de participación de las comunidades afectadas y de los grupos de la sociedad civil a nivel nacional. Un estudio de caso sobre el PPACC en Mozambique revela que el papel dominante de los bancos multilaterales de desarrollo en la planificación y ejecución del programa, produjo resultados que reflejan los intereses de los bancos multilaterales de desarrollo en vez de las prioridades nacionales para la adaptación al cambio climático. El informe concluye diciendo que la falta de compromiso y conciencia pública significa que "los bancos multilaterales socavan la afirmación del PPACC de que está "diseñado para catalizar un cambio transformacional en la política sobre el cambio climático y la práctica de la adaptación, y por tanto arriesgan estar reforzando en vez de transformar los 'negocios como siempre.'"
Un documento para discusión de finales de marzo de 2011, por la ONG italiana Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM) describe una creencia generalizada de que el Banco Mundial tiene la capacidad de aprovechar grandes cantidades de financiación privada para las inversiones en el clima, lo cual es ampliamente aceptado entre los altos funcionarios de gobierno. El documento argumenta que este supuesto es parte de una tendencia más amplia en el aumento de los préstamos del Banco al sector privado, basada en la premisa de que un mayor papel para el sector financiero privado será un motor clave para el crecimiento económico y el desarrollo (ver Boletín 76). Sin embargo, el documento destaca que la inversión en el sector privado a menudo tiene un impacto negativo en el desarrollo para las personas pobres y el clima, y conlleva un riesgo financiero considerable (ver Boletín 73).
Niebla del REDD sobre las salvaguardias del FCPF
El Instrumento Asociación del Carbono de los Bosques del Banco (FCPF - Forest Carbon Partnership Facility) está considerando la posibilidad de permitir múltiples socios como organismos de ejecución, incluyendo las agencias de la ONU y los bancos de desarrollo regionales, para implementar las subvenciones del Fondo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD +). Sin embargo, estos socios no están obligados a cumplir con las salvaguardias del Banco (ver Boletín 72).
La Carta del FCPF actualmente declara que todos los proyectos FCPF están sujetos a las salvaguardias del Banco, sin embargo, un grupo de trabajo estará considerando un enfoque común para la prestación de los servicios por parte de otros organismos de ejecución, lo que anularía esta disposición. Una carta de mayo de 2011 dirigida al Banco y firmada por 30 organizaciones de la sociedad civil, incluidas Greenpeace Internacional y la ONG Respuesta Cívica de Ghana, sostiene que las propuestas actuales indican un debilitamiento significativo de las salvaguardias y la posible falta de control y supervisión efectiva de los fondos del FCPF. La carta dice que "el Banco Mundial y los donantes del FCPF enfrentan importantes riesgos legales y de reputación al aceptar la participación de otros organismos de ejecución que no cuentan con mecanismos de rendición de cuentas y que no pueden demostrar una equivalencia sustancial de sus garantías y políticas de supervisión."
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Publicada: 24 June 2011, editada por última vez: 24 June 2011
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