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Derechos

Noticias

Corrigiendo la agenda del Banco

29 June 2006

La canción de despedida del ex consejero legal del Banco Mundial, Roberto Dañino, en enero de 2006, ha dejado completamente claro que el Banco sí es legalmente responsable por el cumplimiento de los derechos humanos.

Dañino desafía la tradicional falta de rendición de cuentas del Banco y declara que ahora la consideración de los derechos humanos, ya es esencial en la misión actual del Banco. Él cita principios internacionales legales para refutar las afirmaciones hechas por el Banco de que sus términos de contrato lo previenen de adentrarse en el terreno de los derechos civiles y políticos y lo limitan al trabajo de las “consideraciones económicas.”

En diciembre de 2005, el Banco Mundial calladamente produjo una lista no comprometedora de Preguntas y Respuestas, sobre los derechos humanos, pero ahora está viendo cómo puede ser más claro en su acercamiento. Hasta el momento ha evitado el tema de los documentos legalmente obligatorios y el uso de la terminología apropiada de los derechos humanos. En vez de ello ha utilizado un lenguaje ambiguo de desarrollo social como: empoderamiento, participación y buen gobierno. El Banco cita ‘nueva evidencia empírica’ la cual prueba ‘vínculos causales significativos entre la disposición de derechos humanos, tales como las libertades civiles, y resultados positivos del desarrollo que incluyen el éxito resaltado de los proyectos de inversión financiados por el Banco.”

La última década ha visto una proliferación de esfuerzos de la sociedad civil global, incluyendo a académicos, abogados, economistas y organismos de la ONU, para hacer rendir cuentas al Banco Mundial de acuerdo con el derecho internacional sobre los derechos humanos. Este derecho ha dado fortaleza moral a la indignación global ante la forma como el Banco ha contribuido y ha sido cómplice en la violación de los derechos humanos. Estas iniciativas de la sociedad civil incluyen:

  • Los argumentos legales de que el Banco Mundial y el FMI están sujetos a las obligaciones del derecho legal internacional, lo mismo que sus estados miembros, los cuales tienen la obligación de asumir una total responsabilidad en los casos donde sus actividades tienen un impacto negativo o socavan el disfrute de los derechos humanos, incluyendo los Principios Tilburg, y los de Mac Darrow y Sigrun Skogly. Estos principios sugieren que se debe crear un arreglo institucional legítimo para llamar al Banco y al Fondo a que presenten una rendición de cuentas por sus acciones.
  • Llamadas para la cancelación incondicional de, y por las reparaciones del Banco por los préstamos ilegítimos a los regímenes que violan los derechos humanos (ver Boletín 44).
  • El desarrollo de las evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos en relación con la financiación de proyectos e inversiones; evaluaciones tales como la de Derechos y Democracia del Canadá y la del Instituto Danés de los Derechos Humanos.
  • Los instrumentos recientes de la ONU incluyendo: las Normas para las Corporaciones Transnacionales, el nuevo Consejo de Derechos Humanos y el nombramiento de reporteros especiales sobre derechos económicos, sociales y culturales.
  • Demandas para que el Banco haga reparaciones por su complicidad en proyectos que hayan producido violaciones graves, tales como la Represa Chixoy en Guatemala (Boletín 43), la Mina de Oro Bulyanhulu en Tanzania (Boletín 26) y la Represa Sardar Sarovar en la India (Boletín 20).
  • Investigaciones sobre los acuerdos de inversión financiados por las IFIs (Instituciones Financieras Internacionales), que congelan los derechos de los gobiernos de legislar para la protección de los derechos humanos de sus ciudadanos, como en el caso de los oleoductos Baku-Tblisi-Ceyhan (BTC) y Chad-Cameroon (Boletines 37, 47).
  • La promoción del derecho a la información y los pedidos por una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las IFIs, tales como los realizados por la Iniciativa Transparencia Global (ver Boletín 47).

No está claro hacia dónde se dirige la agenda del Banco respecto a los derechos humanos. El discurso de Wolfowitz sobre la corrupción evita el tema. La afirmación del Banco de que los derechos humanos son parte intrínseca del Informe de Desarrollo Mundial del Banco, 2006, respecto a la equidad y el desarrollo, ha sido desafiada por críticos tales como Desmond McNeill, quien señala que el documento solo hace menciones modestas, inconsistentes y poco claras sobre el tema. Los acercamientos sobre los derechos humanos por los que abogó la Comisión sobre Represas (2000) y la Revisión de las Industrias Extractivas (2004) comisionadas por el Banco, fueron rechazados por el mismo Banco, contrario a la progresiva postura del expresidente Wolfensohn sobre el tema y su afirmación de que la declaración de la ONU sobre los derechos humanos “podría haber sido el marco que dirigió (al Banco) en el camino de acercamiento hacia la reducción de la pobreza.” Otras concesiones incluyeron el nombramiento de Mohammed Sfeir-Younis como ‘el consejero principal del Banco sobre las dimensiones sociales de la globalización’ (donde el Banco habla a favor de los derechos humanos). Los esfuerzos de Wolfensohn parecen haberlo seguido hasta su salida como sucedió con Sfeir-Younis y Dañino.

La sociedad civil está cautelosa. Existe la inquietud de que los derechos humanos corren el peligro de ser desvirtuados por el gobierno del Banco, por la retórica de la anticorrupción y por la torcida interpretación de Estados Unidos de los derechos humanos, la cual da más énfasis a su propia definición de la democracia. No sería la primera vez que el Banco ha pervertido conceptos sólidos basados en la ley internacional. El ejemplo más obvio es el de la conversión de ‘Consentimiento Anterior, Libre e Informado’ (Free Prior and Informed Consent) a ‘Consulta Libre, Anterior e Informada hacia el Apoyo General de la Comunidad’ (Free Prior and Informed Consultation leading to Broad Community Support) ver Boletín 47.

Hay temores de que dado el poder y la influencia económicos y políticos del Banco, éste podría terminar asumiendo el papel de árbitro de las violaciones de los derechos humanos, y poniendo más cargas sobre los países con un conjunto adicional de condicionalidades basadas en los derechos humanos.

Nick Hildyard de la ONG británica, The Corner House, dice que se necesita gran trabajo político para cambiar el marco legal en el que operan las IFIs: “En el caso del Banco Mundial, las políticas de salvaguarda introducidas más que todo como respuesta a la presión de los movimientos sociales son ignoradas en forma rutinaria.” Él enfatiza la dificultad legal para establecer un vínculo causal entre la financiación del Banco y el daño específico causado. Los mecanismos internos de rendición de cuentas tales como el Panel de Inspección se introdujeron en forma deliberada para evitar la introducción de reglamentos claros y rápidos, que permitirían llevar a la institución ante la justicia. Amnistía Internacional dice que el “especialmente negociado régimen legal” de BTC, esencialmente entrega la soberanía en la ruta de oleoductos al consorcio petrolero. El efecto es el de reemplazar la ‘ley clara y dura’ con lineamientos ‘suaves’ de la industria, donde quienes pierden son el medio ambiente y los derechos humanos y laborales.”