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¿Romper las cadenas?

La CFI se echa atrás con el aceite de palma

1 October 2009

Por Hadiru Mahdi, Bretton Woods Project

Al ponerse en marcha una revisión de las normas sociales y medioambientales de la Corporación Financiera Internacional (CFI), las violaciones de las normas de funcionamiento respecto de un proyecto de aceite de palma en Indonesia podrían tener efectos de gran alcance y enfocar la atención sobre la responsabilidad de la CFI en cuanto al impacto de todas las cadenas de suministro.

En agosto, el Defensor del Pueblo Asesor de Cumplimiento (CAO por su sigla en inglés), un organismo de control interno, publicó un informe denunciando que la CFI, el brazo privado del Banco Mundial, favorece los intereses comerciales por sobre las cuestiones de derechos humanos y ambientales en la extracción de aceite de palma en Indonesia.

Los cargos en contra de la CFI provienen de denuncias presentadas por las ONG de Indonesia en relación con los préstamos concedidos entre 2003 y 2008 para la instalación de plantas procesamiento y comercialización de aceite de palma gestionadas por el Grupo Wilmar. El caso se centró en que la CFI no aplicó sus normas y procedimientos de funcionamiento, y en que las filiales de Wilmar utilizaron fuego ilegalmente para despejar bosques primarios y zonas de alto valor de conservación y se apoderaron de las tierras de los pueblos indígenas sin su consentimiento.

El CAO encontró que a pesar de “ser consciente por más de 20 años de que hay temas y riesgos sociales y ambientales importantes inherentes al sector del aceite de palma en Indonesia [la] CFI no desarrolló una estrategia de participación en el sector. En ausencia de una estrategia propia, prevaleció la realización de acuerdos”.

Las normas de funcionamiento sociales y ambientales pertinentes de la CFI establecen que “los impactos asociados con las cadenas de suministro se tendrán en cuenta… donde el recurso utilizado por el proyecto sea ecológicamente sensible”. El aceite de palma está catalogado como ecológicamente sensible.

En el caso de Wilmar, la CFI está acusada de emplear un “enfoque de minimis a fin de excluir la evaluación de las cadenas de suministro”, argumentando que el proyecto era sólo un establecimiento comercial y no una plantación. Dos de los cuatro préstamos se hicieron a una filial de Wilmar para el desarrollo de una refinería de aceite de palma crudo en Ucrania. Los otros dos préstamos fueron para que la filial comercial de Wilmar en Indonesia aportara capital para la compra y la exportación de aceite de palma. Los riesgos sociales y ambientales del proyecto fueron degradados de A a B, lo que significa que la administración decidió que no era necesaria una evaluación de la cadena de suministro de la planta.

El informe del CAO deja en claro que la evaluación no debería haberse basado en la suposición incorrecta de que sólo de las secciones de la cadena de suministro de propiedad de Wilmar deberían examinarse, ya que esto es “incompatible con las normas de funcionamiento de la CFI, que requieren una evaluación más amplia de proveedores y cadenas de suministro”.

Marcus Colchester de la ONG Forest Peoples Programme, comentó: “Nos ha llevado más de cinco años lograr que la CFI tomara en serio estas cuestiones. Dada la urgencia de detener la pérdida de bosques y las violaciones a los derechos humanos, hacemos un llamamiento al presidente del Banco Mundial para que tome personalmente medidas proactivas para garantizar que esto no suceda nunca más”.

La CFI se rinde

Al principio, parecía que la CFI estaba decidida a resistir y no recortar la inversión en aceite de palma. En agosto argumentaba que “el sector tiene un potencial considerable para la creación de empleos y crecimiento económico”. En respuesta a la CAO, la CFI reconoció que carecía de una estrategia para la participación en el sector y se comprometió a desarrollarla para octubre. También convino en que el aceite de palma en el futuro debería categorizarse como de alto riesgo.

Luego, en un sorpresivo comunicado publicado en septiembre, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, dio marcha atrás, diciendo que “hasta que no establezcamos una nueva estrategia, la CFI no aprobará ninguna nueva inversión en aceite de palma.”

Luego de la respuesta de gestión inicial deficiente, la CFI acordó formular una estrategia global para orientar su participación en el sector del aceite de palma para febrero de 2010. Desarrollará un programa de servicios de asesoramiento para el sector del aceite de palma en Indonesia y estudiará sus procedimientos de revisión ambiental y social para aclarar la categorización de las inversiones financieras y comerciales. También planea reforzar la implementación de la prohibición existente contra la limpieza de hábitats críticos o bosques cuya conservación tenga adjudicado un valor alto y evaluar la situación de desempeño ambiental y social de Wilmar.

Norman Jiwan de la ONG indonesa Sawitt Watch celebra las intenciones de la CFI, pero se reserva el optimismo. Jiwan espera que el proceso sea “abierto y participativo y que lleve a una aplicación más rigurosa de las normas de funcionamiento de la CFI en toda la cadena de suministro”.

La saga de Wilmar ha llegado a un punto crítico justo cuando la CFI está por lanzar oficialmente su revisión de tres años de los estándares de funcionamiento relativos a la sustentabilidad social y ambiental (ver Boletines 67, 67). Queda pendiente la pregunta de si la revisión abordará las principales debilidades que este caso ha puesto en evidencia dentro del marco de las normas de funcionamiento.