Infraestructura

Comentario

Los derechos humanos y la política energética del Banco Mundial

1 March 2010 | Comment

Si el Banco Mundial es una institución intergubernamental global dedicada a reducir la pobreza, entonces su deber global debe estar enfocado en conseguir el acceso a la energía para las personas pobres, y ciertamente para los más vulnerables entre ellas/ellos. Considerar la política energética desde la perspectiva de los derechos humanos significa que examinamos los problemas de los derechos humanos que enfrentan las personas pobres o las comunidades marginales, para determinar qué tipos de respuestas energéticas necesitarán para realizar sus derechos. Esto altera profundamente la forma como nos acercamos al desarrollo político energético.

Un acercamiento de los derechos humanos orientaría la política energética del Banco Mundial hacia un esfuerzo por garantizar la provisión y accesibilidad de los servicios, la no discriminación en el acceso a los sistemas energéticos, y que las personas más vulnerables no sufran una carga desproporcionada de la degradación y contaminación ambiental, resultantes de la energía sucia.

Más aun, una perspectiva de los derechos humanos debería ayudar a garantizar ciertas dimensiones de procedimiento en la política energética del Banco, asegurando el acceso a la información sobre la política energética y las opciones de inversión para las personas más vulnerables, para garantizar así la participación en el desarrollo de la política y para que los remedios efectivos ya estén funcionando y puedan ser utilizados cuando ocurran violaciones de esa política.

Equidad de acceso: La política energética del Banco debería estar fuertemente involucrada en rebalancear la equidad energética a favor de los países en desarrollo, las comunidades más pobres y especialmente las comunidades más vulnerables al clima. La mayor proporción, y en algunos casos todo el costo, debe ser absorbido por los países industrializados.

Dar prioridad a los grupos más vulnerables: El criterio de los derechos humanos también ayuda a tomar las decisiones de inversión energética, al dar subvenciones y financiación de bajo costo, empezando con las comunidades que más necesitan de la energía antes de financiar los casos menos urgentes.

Tarifas progresivas: La energía sucia generalmente debería ser más costosa que la energía renovable, donde haya concesiones a los grupos más vulnerables y con ello prevenir la violación a los derechos humanos.

Consumo vs producción: Los impactos en los derechos humanos del uso y la infraestructura energéticos son mayores en relación con las necesidades básicas, especialmente para los hogares con bajos ingresos, que para los procesos productivos. A los hogares con bajos ingresos se les deberían dar mayor prioridad, y acceso a una energía económica.

Consideración de los impactos sociales y ambientales: Los grandes proyectos de infraestructura energética no han tenido muy en cuenta sus impactos sociales y medioambientales (tales como desplazamientos, daños al ecosistema, etc.), y por otro lado la política y los mecanismos del Banco tampoco han sido muy efectivos para responder a esos impactos. Por lo tanto, es necesario que haya una mejor situación entre las inversiones y las violaciones de los derechos humanos resultantes, y también mejores evaluaciones sobre los impactos a los derechos humanos y el análisis político desde el punto de vista de las víctimas.

Energía para las instituciones públicas: El Banco Mundial puede ser fuente de soluciones de energía renovable para las instituciones públicas y la infraestructura, especialmente para la provisión de los servicios clave como los hospitales públicos y las escuelas.

Financiación para la adaptación: Un acercamiento de derechos humanos anima y prioriza la financiación para la adaptación al cambio climático de las comunidades vulnerables.

Financiación para la mitigación: Los países industrializados y el Banco Mundial deberían invertir en las energías renovables, en vez de los combustibles fósiles, al hacer las primeras más atractivas para los países en desarrollo y absorbiendo los costos incrementales por medio de subvenciones. Esta es parte de la deuda ambiental histórica que deben los países industrializados a los países en desarrollo.

Innovaciones políticas energéticas: La energía renovable y especialmente la energía autosuficiente pueden ser muy relevantes para la realización de los derechos humanos. Los acercamientos multifacéticos a las necesidades del desarrollo que den una energía más barata, limpia y más confiable, al tiempo que ayudan a enfrentar el cambio climático, son también el tipo de proyectos que el Banco Mundial debería catalizar a gran escala.

Como una institución cuyo mandato es la reducción de la pobreza, el Banco tiene que considerar la realización de los derechos humanos como punto central de su política energética. Un primer paso es considerar la política energética desde el punto de vista de las personas que sufren debido a su gran necesidad y no desde la perspectiva del mercado. La prioridad más importante del Banco Mundial debe ser el acceso a la energía de las personas pobres, en forma equitativa, segura y sostenible.