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¿Paraísos inseguros? Preguntas sobre la nueva política de la CFI sobre los para

20 February 2012

Por María José Romero, LATINDADD/Grupo de Trabajo sobre la Integridad Financiera y el Desarrollo Económico

Un nuevo informe encuentra que los clientes del brazo de sector privado del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (CFI), utilizan ampliamente los paraísos fiscales, mientras que la nueva política del Banco es criticada por tener grandes lagunas al respecto (ver Boletínes 74, 73).

De acuerdo con un reciente informe de DanWatch & IBIS, la ONG danesa, el  "57 por ciento de las empresas analizadas en la cartera de extractivas de la CFI desde 2010 han canalizado sus inversiones en los países en desarrollo a través de compañías ‘holding’ intermedias en un paraíso fiscal." Además, "más de un tercio de los países anfitriones de proyectos extractivos de la CFI no tienen políticas específicas de capitalización relacionadas con el uso del endeudamiento excesivo” (thin capitalization), lo que significa que los clientes de las industrias extractivas de la CFI pueden minimizar los pagos de impuestos en los países en desarrollo inyectando tanta deuda y tan pocos fondos como sean posibles en sus filiales operativas.  

El informe destaca el caso de la Minera Yanacocha S.R.L., una de las minas de oro más grandes en Latinoamérica, donde el 51% es propiedad de Newmont Mining Corporation, el 44 por ciento de la peruana Buenaventura, y el 5 por ciento de la CFI (ver Boletín 79). La parte de Newmont en Yanacocha está en manos de una compañía ‘holding’ intermedia llamada Newmont Second Capital Corporation ubicada en Delaware, Estados Unidos, donde laxas regulaciones de secreto empresarial contribuyeron a que el país fuera clasificado como quinto en el índice de secreto financiero de la Red de Justicia Fiscal. (Tax Justice Network).

Nueva política en arena movediza

En noviembre del año pasado, el Grupo del Banco Mundial lanzó una nueva política sobre el uso de los centros financieros extraterritoriales (CFEs). Su objetivo es "avanzar la agenda de la transparencia fiscal internacional abordando los riesgos potenciales planteados a sus operaciones del sector privado y al sistema financiero mundial por jurisdicciones con regulaciones débiles, que tienen pocos impuestos o carecen de ellos, y que también carecen de transparencia".

La política se basa en gran medida en los resultados del proceso del Foro Mundial de la Revisión de Pares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), iniciado en septiembre de 2009. Como parte de este proceso los países deben someterse a una evaluación detallada contra diez criterios de evaluación, en relación con la disponibilidad y acceso a la información fiscal y al intercambio de información fiscal. Los informes del Foro Mundial informarán a la Junta de la CFI, sobre si se debe invertir o no, en compañías que operan en centros financieros extraterritoriales.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil dicen que este proceso de revisión entre pares tiene deficiencias. Según un informe de la ONG francesa CCFD-Terre Solidaire, "de los 59 informes publicados en 2011, sólo 8 cumplen todos los criterios de transparencia establecidos por el Foro Mundial." Además, no hay indicadores cuantitativos para medir el progreso sobre la transparencia y la cooperación. Por último, no se ha previsto ninguna sanción hasta la fecha por jurisdicciones que no cumplen con los requisitos de transparencia, y aún no está claro qué pasos se tomarán una vez todos los informes hayan sido completados.

Un enfoque alternativo es necesario

Las organizaciones de la sociedad civil han exigido cambios en la política de la CFI para garantizar que la inversión en empresas del sector privado tenga un impacto positivo sobre el desarrollo. De acuerdo con Alvin Mosioma de la Red de Justicia Fiscal, "la CFI debe suspender la canalización de los fondos públicos a través de empresas que utilizan las jurisdicciones de secreto". Para lograr avances eficaces y medibles en la transparencia financiera, el informe de DanWatch también recomienda, que "las empresas apoyadas por la CFI estén obligadas a presentar sus cuentas anuales por proyecto y por país, lo cual permitirá a los gobiernos anfitriones y a la sociedad civil identificar la elusión y evasión de impuestos."