Gobernanza de las IFI

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Cosechando controversia

Los proyectos agrícolas del Banco bajo escrutinio

23 February 2012

Al tiempo que el Banco Mundial se prepara para revisar su estrategia agrícola siguen lloviendo las críticas relativas a su enfoque sobre la liberalización del mercado, sus propios organismos de quejas emiten informes muy críticos sobre proyectos agrícolas en Perú y Papúa Nueva Guinea, y otros condenan sus fallas en el enfoque de género.

El Banco está preparando un nuevo Plan de Acción Agrícola para el período 2013-2015, que seguirá su plan de 2010-2012 (ver ee Boletín69). Al mismo tiempo, un informe de enero de 2012, del grupo de pensadores estadounidense del Instituto de Política Agrícola y Comercial, y del Instituto de Medio Ambiente y Desarrollo Mundial de la Universidad Tufts, sostiene que las iniciativas del Banco "están demasiado centradas en mejorar el acceso a los mercados liberalizados y en promover la expansión de la agricultura altamente industrializada, en vez de ser una transición hacia métodos más sostenibles".   

Problemas en Perú y Uganda

 

el Banco tiende a amenazar en lugar de mejorar la seguridad alimentaria

En febrero del año pasado, el Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor/Ombudsman), el mecanismo de denuncia del sector privado del Banco, publicó una auditoría de las inversiones en Agrokasa, una agroindustria peruana acusada de agotar los recursos de aguas subterráneas en detrimento de los agricultores locales (ver Boletín 72 Boletín). La auditoría reveló que la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo de sector privado del Banco, había violado sus propias normas de rendimiento, su política de sostenibilidad ambiental y social, su política sobre la divulgación de la información y "su papel como una institución de desarrollo".

El Defensor del Pueblo sostuvo que al "perseguir esta inversión antes de que se hubiera preparado y revisado una evaluación adecuada del medio ambiente, la CFI… procedió sin tener en cuenta los posibles efectos negativos a largo plazo y los impactos de amplio alcance en el desarrollo de otros usuarios más vulnerables, o sea, los impactos que podrían causar el desplazamiento económico, el empobrecimiento y la pérdida de acceso al agua potable." También dijo que "la CFI lucha para alinear su participación estratégica en estos temas con sus prácticas de inversión. Esta inconsistencia socava la reputación de la Corporación y su credibilidad".

En enero de 2012, el Defensor del Pueblo acordó evaluar dos quejas de los representantes de las comunidades afectadas en Uganda (ver Boletín 78Boletín), apoyados por las ONGs Alianza de la Tierra de Uganda y Oxfam Internacional, las cuales afirmaron que las inversiones forestales de la CFI, a través de un fondo de capital privado, habían producido "desalojos forzados y desplazamientos".

Al mismo tiempo, en diciembre de 2011, la ONG estadounidense el Instituto Oakland, dio a conocer una nota informativa especial explicando las diferentes maneras en las que el Banco promueve la inversión privada en la agricultura (ver Boletín 77). La nota concluye diciendo "al promover el acceso del inversor a la tierra, [el Banco] en realidad tiende a amenazar en lugar de mejorar la seguridad alimentaria y los medios de vida locales en los países en desarrollo." El informe también detalla cómo el Banco se ha convertido en un agente cada vez más activo de las inversiones de fondos de capital privado en esta área (ver Boletín 79).

Más quejas

 

Mientras tanto en diciembre de 2011, el Panel de Inspección (mecanismo de quejas del Banco), dio a conocer su investigación sobre el proyecto de pequeños agricultores del Banco en Papúa Nueva Guinea. El objetivo del proyecto era: "mejorar la participación de la comunidad en el desarrollo local, al tiempo que se aumentaba el flujo de ingresos de la industria ya establecida, en la producción local de aceite de palma." Sin embargo, el Panel  constató que el Banco "no había proporcionado la información pertinente antes de la consulta en forma y lenguaje culturalmente apropiados para lograr un amplio apoyo comunitario".

El informe continúa diciendo que el Banco "no había cumplido bien con su política de los pueblos indígenas y no había llevado a cabo importantes mejoras de los medios de subsistencia de los pequeños agricultores." En respuesta, la Junta Directiva del Banco acordó realizar un número limitado de mejoras, incluyendo el fortalecimiento del proceso de consulta y exigiendo actualizaciones de la gerencia durante la ejecución.

En noviembre de 2011, el Defensor del Pueblo consideró que la queja contra una plantación de palma aceitera, filial del conglomerado de agronegocios del Grupo Wilmar,  como elegible para una mayor investigación. Esta es la tercera queja que el Defensor del Pueblo ha recibido contra Wilmar. Las anteriores quejas llevaron al Banco a replantear toda su política de la palma de aceite (ver Boletines 76, 72, 71 y 67). Los querellantes "alegan que la compañía pidió a las fuerzas gubernamentales que desmantelaran a la fuerza un asentamiento en tierras disputadas… y que las acciones de la compañía estaban en contradicción con las normas de desempeño de la CFI".

Lagunas en la política de género

 

En noviembre de 2011, la ONG norteamericana Acción de Género (Gender Action) publicó tres estudios de casos de Etiopía, Haití y Kenia sobre cuestiones de género, las instituciones financieras internacionales (IFIs) y la inseguridad alimentaria. El estudio en Kenia examinó tres proyectos del Banco Mundial y dos del Banco Africano de Desarrollo, y sus conclusiones fueron: "es encomiable ver que uno de los proyectos del Banco Mundial promueve la integración de género, recolecta datos segregados por género y facilita la participación de las mujeres en todo el ciclo del proyecto. Desafortunadamente, esto no sucede en los otros cuatro proyectos, por lo cual continúa perpetuándose la marginalización de las mujeres en una industria [agricultura] en la cual ellas realizan la mayor parte del trabajo."

El estudio de Etiopía sobre "cuatro inversiones activas del Banco Mundial centradas en la agricultura, el manejo de la tierra y la nutrición… considera que ninguno de estos proyectos adopta una perspectiva de derechos de género, o analiza los impactos diferenciales sobre los hombres y las mujeres, los niños y las niñas." Estos estudios presentan recomendaciones para las IFIs, incluyendo la clara promoción de la participación de las mujeres, la recolección y el uso de datos desagregados por género,  proporcionar subvenciones en vez de préstamos y enfocar las inversiones desde el punto de vista de los derechos de las mujeres.