Infraestructura

Comentario

Hidroeléctrico Alto Maipo: irregularidades e incumplimiento

24 September 2013 | Comment

No Alto Maipo

Por Mercella Mella Ortiz, Coordinadora Ríos del Maipo, Santiago, Chile

El Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo fue desarrollado por AES Gener, filial de AES Corporation en Chile y presentado a la autoridad ambiental para revisión el año 2007. El costo de inversión del proyecto al momento de evaluación alcanzó al monto de US$D 600 millones. A la fecha este costo alcanza a USD$1.800 millones. Con el objeto de financiar el proyecto, AES Gener está solicitando a distintos bancos financiamiento un 60%-70% del costo de la inversión. IFC corresponde a uno de los bancos contactados por la empresa. En este contexto, funcionarios del IFC han visitado Chile en 2 oportunidades y han sido informados directamente por los afectados los graves impactos que provocaría el proyecto y las fallas de diseño del proyecto, De hecho, este debe ser modificado y re-ingresado para evaluación en el marco legal existente en Chile. No obstante AES Gener ha realizado una enorme campaña de desprestigio a quienes legalmente han denunciado los impactos y por otro lado un fuerte tráfico de influencias para obtener el financiamiento.

El área de intervención del Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, es la cuenca del río Maipo,  que se ubica sobre el valle de Santiago cuya población es de seven million de habitantes. Los principales servicios que aporta esta cuenca  son  abastecimiento de agua potable a 6 millones de habitantes, abastecimiento de agua de riego a 120.000 há agrícolas,  servicios a 2 millones de turistas nacionales y extranjeros al año, regulación del clima y temperatura del valle de Santiago y aporte de áridos para la construcción, entre otros. En el ordenamiento jurídico chileno existen varios decretos y resoluciones que protegen esta zona, lo que pone de manifiesto la importancia que ella tiene para los habitantes del Gran Santiago, y la preocupación de la autoridad en su conservación.

No Alto MaipoEste proyecto comenzó su tramitación el año 2007 con una activa participación ciudadana. Siendo mal evaluado por todos los servicios públicos por cuanto no se hacía cargo de los impactos. No obstante el proyecto fue aprobado debido al lobby político y tráfico de influencias realizado en las altas esferas de la administración de la Presidenta Bachelet.

Debido a la irregularidad del proceso  se creó una Parliamentary Comisión Investigadora de la Cámara  de Diputados la cual concluyó por votación unánime,  que el proceso de evaluación ambiental del proyecto y su  aprobación estaba viciada y debía ser anulada.

Los servicios públicos identificaron graves impactos,  apuntando entre otros  al efecto en el régimen de arrastres de sedimentos del río Maipo, lo que amenaza la sustentación de toda  la infraestructura pública y privada que se apoya en el lecho del río: puentes viales y ferroviarios, canales de riego, captaciones de agua potable, extracciones de áridos, etc. La  Dirección General de Aguas, además de cuestionar las consecuencias para la flora y fauna locales, observó el impacto de los “golpes de agua” causados por detenciones bruscas de las centrales y las características de operación,  lo que afectaría los derechos de propiedad legalmente constituidos de  aguas  de regadío y lo que es peor a la seguridad de abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santiago.

A este proyecto se oponen todos los agricultores de las 120 mil hectáreas que se riegan con las aguas del río, asociaciones gremiales de turismo y extracción de áridos para la construcción, sindicatos de trabajadores y asociaciones ciudadanas.

El gran ausente en la discusión del proyecto fue el cambio climático y el impacto que puede tener sobre el ritmo de derretimiento de glaciares que se ubican en la zona de impacto. De hecho,  debido al efecto de extracción de agua en la cabecera de la cuenca sumado al sistema de drenaje que significan los 70 kilómetros de túneles que presenta el proyecto, se estima la desertificación a corto plazo de 100 mil hectáreas de la cuenca.

Cabe destacar que Aguas Andinas, empresa sanitaria cuyo único objeto es proveer agua potable a la ciudad de Santiago, se opuso fehacientemente a este proyecto. No obstante en diciembre del 2010, llega a un acuerdo secreto con AES Gener en el cual le entrega  aguas destinadas a agua potable, para el uso en generación hidroeléctrica, recibiendo por eso una compensación económica por 40 años.

En Chile la ley existente no entrega preeminencia al agua para uso sanitario por sobre  su uso para generación hidroeléctrica. En este contexto AES Gener, en documentos públicos ha dejado clara esta postura indicando que utilizará  recursos embalsados como agua potable para uso en generación. Este hecho se ve agravado por las bajas multas que existen por incumplimiento a concesiones sanitarias. En un hecho inédito en la historia, dos empresas privadas transnacionales toman el control y manejo de recursos de agua potable de millones de personas a espaldas de la ciudadanía y la autoridad competente. Actualmente una serie de organizaciones además de eight Senadores de la República se encuentran impugnando este acuerdo.

Finalmente es importante destacar que este proyecto fue presentado a la autoridad y la ciudadanía, como un proyecto destinado a proveer energía eléctrica l para apoyar el crecimiento de la ciudad de Santiago. Asimismo  se presentó como un proyecto capaz de generar 530 MW lo que se demostró como una falacia por cuanto el promedio será de 160 MW de acuerdo a los recursos hídricos existentes lo que es reconocido por AES Gener al afirmar que inyectarán a la red 2.300 GW/año.. No obstante en junio del 2013, AES Gener suscribe un contrato con la empresa Antofagasta Minerals del grupo Luksic, en el cual este adquiere el 40% de la propiedad del proyecto y toda la energía que es capaz de generar por un plazo de 20 años, destinada al desarrollo de su proyecto minero privado Los Pelambres.

A la fecha existen varias demandas judiciales en Tribunales chilenos presentadas por connotados abogados y se encuentra en preparación demandas en Tribunales Internacionales. Asimismo ha comenzado ya una movilización social y protestas masivas, las que se agudizaran sin duda si el proyecto comienza a construirse.

Los antecedentes son técnicos, precisos y contundentes, este proyecto no tiene  viabilidad económica, su impacto potencial es negativo en el desarrollo de la Región Metropolitana y el desarrollo de Chile  y no cumple con los requerimientos  en materia jurídica, económica social y ambiental, desconociendo completamente cualquier medida de mitigación.

El agua dulce es un elemento vital y fuente de vida que no puede sustituirse,  es un derecho humano,  fundamental, y por tanto no puede ser mercantilizada a excesos que arriesguen el presente y futuro de millones de chilenos.

Antecedentes

Cabe destacar que AES Gener ha tenido un pasado tenebroso en Chile marcado por ignorar completamente el marco jurídico y la institucionalidad vigente, privilegiando el tráfico de influencias y el lobby político.

Un ejemplo de esto, es la Central Campiche con tecnología de combustión de carbón pulverizado la que obtuvo una resolución ambiental favorable en mayo de 2008, con lo que procedió al inicio de las obras de construcción.

A fines de 2008, vecinos del sector presentaron un recurso denunciando una serie de ilegalidades en que habría incurrido la Comisión Regional del Medio Ambiente de Valparaíso al entregar la aprobación ambiental del proyecto. Los dos principales argumentos eran el hecho de que se autorizó la instalación en una zona de restricción con peligro para el asentamiento humano, y que se intentó cambiar ilegalmente el plano regulador intercomunal de Valparaíso permitiendo la construcción en un área verde destinada a recreación. Dicho recurso fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso y si bien AES Gener recurrió a la Corte Suprema, en junio de 2009 ésta declaró ilegal la autorización dada al funcionamiento de la Central.

El fallo señalaba que el sector de emplazamiento del proyecto corresponde a una zona declarada saturada con material particulado y dióxido de azufre desde el año 1993, y que se encontraba sujeta a un plan de descontaminación, por lo que la zona que había sido destinada a áreas verdes cumple el cometido de mitigar los efectos de los contaminantes presentes en el lugar y que, en consecuencia, la eliminación ilegal del uso de suelo para áreas verdes  provoca un menoscabo evidente al entorno en que viven los recurrentes, vulnerando su derecho constitucional a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

El gobierno, por su parte,  a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, modificó mediante un decreto supremo la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones lo que allanó la construcción de la Central. La modificación fue firmada por el vicepresidente Edmundo Pérez Yoma y la ministra Patricia Poblete, lo que fue vista por los vecinos de Puchuncaví como “hecha a la medida” para la construcción de la central de AES Gener. Esto fue  reafirmado por la información filtrada en un documento diplomático de la embajada de Estados Unidos en Chile (wikileaks), en donde se muestra que el embajador Paul Simmons se entrevistó con varios ministros de Michelle Bachelet para hacer lobby por el proyecto. El documento señalaba que se solicitó a la ministra Poblete desarrollar nuevas guías que se acomodaran al fallo de la Corte Suprema, a lo que ella respondió que estaba “dispuesta a solucionar el problema”.


Mercella Mella Ortiz, vocera, Coordinadora Ríos del Maipo, Santiago, Chile, http://www.riosdelmaipo.cl/, http://www.facebook.com/NoAlProyectoAltoMaipo