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La CFI ignora las preocupaciones sobre las inversiones en los intermediarios financieros

16 February 2015 | Traducción: Maria Eugenia Arzayús

Credit: 1-9-2009 cartoosh.com

En noviembre de 2014 la Corporación Financiera Internacional (CFI), el brazo del sector privado del Banco Mundial, publicó su respuesta oficial al informe de vigilancia de 2014 del Defensor del Pueblo (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), sobre su auditoría en 2013 acerca de las inversiones de la CFI con los intermediarios financieros (ver Boletín Nov 2014). La respuesta de la CFI se centró en las conclusiones positivas del informe, al tiempo que manifestó su “desacuerdo” sobre la evaluación del Defensor del Pueblo respecto a lo “inapropiado” del enfoque de la CFI en lo relativo a sus inversiones con los intermediarios financieros.

El informe del Defensor del Pueblo reconoció las medidas positiva realizadas por la CFI, pero cuestionó el impacto de sus inversiones en el desarrollo y, concluyó diciendo que “la CFI no tenía bases cuantitativas o cualitativas sobre las cuales poder afirmar que sus inversiones financieras con intermediarios financieros habían logrado buenos e importantes resultados relacionados con el Marco de Sostenibilidad de la CFI”.

En respuesta al informe, la CFI enfatizó que “invertía en los intermediarios financieros, no como un fin en sí mismo, sino porque era la manera más efectiva de lograr los objetivos gemelos (del Banco Mundial) de terminar la pobreza extrema y aumentar la prosperidad compartida”. Al tiempo que no respondieron directamente a la CFI, 28 expertos en derechos humanos de la ONU enviaron una carta al presidente del Grupo del Banco Mundial, Jim Yong Kim en diciembre de 2014 (ver Artículo 10), diciendo enfáticamente que “el buscar el cumplimiento de los objetivos gemelos no aseguraba automáticamente que los programas y los proyectos resultantes fueran a promover y respetar los derechos humanos”.

Estados Unidos exige una mayor transparencia

En diciembre de 2014, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Omnibus de Asignaciones de 2015 (Omnibus Appropriations Act), en la que se ordena a los directores ejecutivos de la Corporación Financiera Internacional (CFI) y a otras instituciones financieras internacionales “buscar y exigir” que esas instituciones publiquen las identidades de los “propietarios” de las sociedades anónimas y/o las sociedades de responsabilidad limitada que reciben fondos públicos. Esta ley responde a la exigencia de larga data por parte de la sociedad civil por una mayor transparencia sobre la financiación de la CFI de sus inversiones estructuradas en los paraísos fiscales (offshore).  Stephanie Fried de la ONG estadounidense Ulu Fundación, en una entrevista en enero de 2015 con el Servicio de Noticias Ambientales afirmó que, “al insistir en la publicación de los nombres de los propietarios de fondos off-shore apoyados por la CFI… el Congreso está tomando medidas importantes para levantar el velo de secreto que ha permitido el florecimiento de las actividad criminales internacionales”.