Gobernanza de las IFI

Análisis

Gobernanza del FMI: un paso hacia adelante y otro paso hacia atrás

1 April 2016 | Traducción: Maria Eugenia Arzayús

IMF Managing Director Christine Lagarde announces to the Executive Board the approval of the quota reforms, originally agreed in 2010. January 27, 2016 at the IMF Headquarters in Washington, DC. IMF Staff Photograph/Stephen Jaffe

A mediados de diciembre de 2015, el Congreso de Estados Unidos autorizó la reforma de las cuotas y de la gobernanza del FMI, reforma que originalmente fue convenida por el G20 en Seúl, Corea del Sur, en el 2010 (ver Boletín 85). Esta reforma fue rehén de la ratificación del Congreso de Estados Unidos, ya que su alta proporción de acciones y por tanto de votos le daba un veto efectivo sobre los cambios propuestos (ver Observador Primavera 2015). En el momento del acuerdo en 2010, se dice que el entonces director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn, en un comunicado de prensa del FMI afirmó: “lo que hicimos hoy concluye la discusión sobre la legitimidad que había durado muchos años, casi décadas.”

La inacción tan prolongada causó una creciente frustración entre los países en desarrollo. Paulo Nogueira Batista, el vicepresidente actual del Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) y ex director ejecutivo del FMI de 10 países de América Latina, incluyendo a Brasil, reveló a la revista Euromoney en septiembre de 2015, que “una de las razones para la creación del Nuevo Banco de Desarrollo fue, sin duda, la lentitud del proceso de reforma de las instituciones con sede en Washington”. También se considera que el establecimiento por parte de China en el año 2015, del Banco de Inversión en Infraestructura de Asia (ver Observador Verano 2014), con una membresía de 57 estados, fue también una respuesta a la falta de reforma de la gobernabilidad en el Banco Mundial y el Fondo.

Un paso hacia adelante: La reforma de las cuotas del FMI finalmente se convierte en realidad cinco años después del acuerdo inicial

Una vez en vigor, la reforma aumentará sustancialmente los recursos financieros del FMI de unos US$330 mil millones a unos US$660 mil millones, cuando se dupliquen los Derechos Especiales de Giro del FMI (ver Boletín 65). La reforma desplazará más del seis por ciento de las cuotas de los países de mercados emergentes y en desarrollo. Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica se beneficiarán con un aumento del 4,5 por ciento de las acciones con derecho a voto, las cuales en la actualidad equivalen al 14,3 por ciento del total de votos del FMI. China se convertirá en el tercer mayor país miembro del Fondo. Si bien la reforma reduce la cuota actual de Estados Unidos del 16,7 por ciento al 16,5 por ciento, este país todavía mantendrá su capacidad de veto sobre las decisiones del Fondo. Las reformas de gobierno acabarán con la categoría de directores ejecutivos nombrados (DEs), que actualmente beneficia a los miembros con las cinco mayores cuotas, a favor de los DEs elegidos. Por último, los países avanzados de Europa reducirán su representación en la Junta en dos sillas, de las actuales ocho o nueve sillas, dependiendo de la rotación de sillas europeas con los miembros no europeos.

Menos de un mes después de la aprobación de la reforma de las cuotas en el Congreso, fue aprobada la contrapartida exigida por el Congreso: o sea, la eliminación de la regla de préstamo de acceso excepcional del FMI, que había sido creada para que el FMI pudiera a prestar a Grecia. Los miembros del Congreso se opusieron a esta norma diciendo que se le había dado al Fondo demasiada flexibilidad y que además ponía el dinero del Fondo en riesgo. Antes de la crisis griega, los países en dificultades y con cargas de deuda insostenibles tenían que reestructurar y reducir su carga de la deuda antes de que el Fondo pudiera prestarles dinero. En respuesta a la situación en Grecia, en 2010, la Junta Directiva del FMI aprobó una cláusula de exención sistémica para saltar el requisito de reestructuración de la deuda, lo cual permitió que el Fondo prestara a Grecia (ver Observador Verano 2015). La cláusula de la exención sistémica, que permitió los préstamos a Grecia, Portugal e Irlanda, fue criticada por varios países en desarrollo por tener un sesgo en contra de esos países y por ser un ejemplo de doble estándar por parte del Fondo (ver Boletín 86). La aprobación de la reforma de las cuotas por parte del Congreso de Estados Unidos era esencial para asegurar que no se diera un enfrentamiento entre Estados Unidos y los miembros emergentes y en desarrollo, durante las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en abril de 2016.

Un paso hacia atrás: El proceso de “selección” del liderazgo del FMI continúa igual

El mandato de cinco años de Christine Lagarde como Directora Gerente del FMI termina en julio de este año. La Junta Directiva del FMI anunció a mediados de enero de 2016, que había abierto un “proceso para la selección del Director Gerente, similar a la utilizada en la ronda anterior” y que “los solicitantes podrán ser nominados por un gobernador del Fondo o por el Director Ejecutivo.” El proceso de nominación se cerró el 10 de febrero y se espera una decisión “por consenso” para el 3 de marzo.

El continuo liderazgo del Fondo por un europeo en ausencia de un proceso abierto y transparente de selección competitiva, basado en el mérito, demuestra que las preocupaciones planteadas por la sociedad civil y las mencionados en el documento de 2008 de la Oficina de Evaluación Independiente del FMI, continúan sin resolverse.

Al tiempo que el periódico el Financial Times en enero de 2016 declaró que Lagarde “es ampliamente considerada como una candidata asegurada para un segundo mandato”, ella “se enfrenta a un juicio en Francia este año sobre su papel en un pago de 2008 al empresario Bernard Tapie… La Sra. Lagarde está acusada de negligencia en sus funciones públicas en relación con el mal uso de los fondos, un delito que conlleva una pena máxima de un año de prisión y una multa de hasta €15.000”. A pesar de eso, la Junta Directiva del FMI expresó su confianza en la actual Directora General.

A pesar de las preocupaciones legales sobre Lagarde, los gobiernos de Alemania, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos expresaron de inmediato su apoyo a la renovación del mandato de Lagarde.