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Renovadas advertencias sobre el “debilitamiento” de las salvaguardias del Banco Mundial

21 July 2016 | Traducción:Maria Eugenia Arzayús

Safeguards protest during the World Bank spring meetings, April 2016. Credit: International Accountability Project

La revisión de las salvaguardias del Banco Mundial y la nueva propuesta de Marco Ambiental y Social (FSE – Environmental and Social Framework) siguen siendo motivo de preocupación, después de que el período de consulta pública se cerró en marzo de 2016 (ver Observador Primavera 2016, Invierno 2016). A mediados de abril de 2016, el mecanismo de rendición de cuentas del Banco Mundial, el Panel de Inspección (PI), reiteró las llamadas “para que no se debilitaran las salvaguardias”, subrayando: “el Panel ha demostrado una y otra vez que la protección otorgada por las políticas de salvaguardia no sólo es real, sino también necesaria para evitar o mitigar los daños a las personas y al medio ambiente”. Por otro lado, también destacó que las causas de muchos casos presentados al Panel se debieron no tanto “a las disposiciones en sí, sino más bien a su aplicación”. El Panel pidió una mayor claridad sobre cómo va a poder investigar en forma significativa al Banco en virtud del marco de salvaguardias propuesto, dada “la naturaleza especial de los riesgos que van a surgir con un uso más amplio de los marcos de prestatarios que podrían conducir a mantener el Banco más alejado en la supervisión de los proyectos”, señalando que el Panel “no investiga a los países clientes.”

Por otro lado, a mediados de mayo de 2016, cuatro senadores estadounidenses enviaron una carta a la Tesorería de Estados Unidos llamando la atención sobre “varias disposiciones preocupantes” en el segundo borrador del FSE, el cual incluye “la regresión de la actual prohibición de la destrucción de hábitats críticos, áreas protegidas y reservas naturales”. Los senadores afirmaron que el “debilitamiento” de las salvaguardas incluía “la eliminación de los requisitos de tiempo fijo claro y obligatorio, la vaguedad sobre cuándo y cuáles salvaguardias serán aplicadas a cada proyecto y, los requisitos poco claros para los proyectos clasificados en el nivel de “riesgo sustancial”. Por otro lado, mientras que los senadores acogieron con satisfacción la mención de los derechos humanos en la declaración de la visión del FSE, también expresaron su preocupación, ya que “la declaración no es vinculante ni obligatoria, no es aplicable y es menos que un compromiso en lo concerniente al respeto de los derechos humanos.”

A finales de mayo de 2016, en una carta a dirigida al Banco Mundial, y firmada por casi 70 organizaciones de la sociedad civil, incluyendo Alianza de la Tierra Uganda y Birdlife International, se hizo hincapié en que en el desarrollo patrocinado por el Banco, “la nueva política de salvaguardias tendrá enormes consecuencias negativas para los derechos humanos y la integridad del medio ambiente.” Los firmantes solicitaron que el borrador final del FSE fuera publicado al mismo tiempo que se presenta a la Junta para su revisión, declarando: “El Banco Mundial será negligente si conduce este proceso final en forma cerrada, cuando varias veces durante la revisión se comprometió a un proceso abierto.”

Esta polémica surgió después de que el directorio del Banco Mundial aprobó en marzo una exención a la Política de las Salvaguardias de los Pueblos Indígenas (OP 4.10) para un proyecto en Tanzania, a pesar de que Estados Unidos se abstuvo de la decisión. En su declaración ante la Junta, Estados Unidos alegó que muchas veces había solicitado que cualquier exención de la política “debería demostrar cómo el Banco Mundial y el prestatario proporcionarían a las comunidades afectadas el mismo nivel de protección” y, añadió que “la justificación de la exención se limita a unas pocas frases en el documento de evaluación del proyecto donde se afirma que la aplicación de la OP 4.10 es incompatible con la constitución de Tanzania. Estados Unidos considera que este argumento es poco convincente”.

La aprobación de la exención causó preocupación ya que la decisión representa una inversión de facto de la decisión del Banco de abandonar la tan controvertida cláusula opt-out de la Política de los Pueblos Indígenas, que se introdujo en una versión anterior del FSE (ver Observador Invierno 2015, Otoño 2014). En junio de 2016, Nadia Daar de la ONG Oxfam Internacional advirtió, en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación: “Parece ser una cláusula de salida por la puerta de atrás. Es necesario que haya una claridad mucho mayor de cuándo puede ser aplicada la política de exención”. Edward Porokwa, un defensor de los derechos humanos en Tanzania, añadió: “Se siente como que [el Banco Mundial] está dando el visto bueno a Tanzania para que continué violando los derechos de la gente”.