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La política de inversión fiscal (ir-)responsable de la CFI

19 October 2016 | Traducción: Maria Eugenia Arzayús

No tax havens! Credit: GUE/NGL Action in Plenary chamber

En abril de 2016, anticipándose a las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI en Washington DC, la ONG Oxfam Internacional publicó un informe titulado Los paraísos fiscales de la CFI, donde se revela que 51 de las 68 empresas que recibieron inversiones de la Corporación Financiera Internacional (CFI, brazo del sector privado del Banco Mundial) para el África subsahariana en 2015, utilizaron los paraísos fiscales. El informe argumenta que eso deja a los países de la región en riesgo de ser privados de los recursos esenciales para cumplir con sus obligaciones de derechos humanos y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un informe de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas en 2015, estima que los países en desarrollo pierden unos US$ 100 mil millones al año en ingresos fiscales, señalando que “los ingresos fiscales perdidos y… las utilidades reinvertidas o que se pierden como ganancias son desplazadas de los resultados de los países en desarrollo, lo cual produce una “pérdida total de financiación para el desarrollo” en el rango de US$ 250 a US$ 300 mil millones. En su discurso de apertura durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y del FMI en abril de 2016, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, reconoció el efecto dañino de los paraísos fiscales al afirmar que “la transferencia de los activos de los Estados a los paraísos fiscales puede tener un efecto negativo tremendo en nuestra misión”.

En julio de 2016, las organizaciones de la sociedad civil presentaron un documento de información a los directores ejecutivos del Banco Mundial antes de una reunión de la Junta Directiva, para discutir la política de la CFI sobre los centros financieros offshore. Las organizaciones argumentaron que la Junta debía responsabilizar a la CFI de la elaboración y aplicación de una política de inversión fiscal responsable. Hicieron hincapié en que la política debía ser desarrollada en consulta con la sociedad civil y que, como mínimo, debía incluir la “debida diligencia más allá del cumplimiento legal, para asegurar que la CFI no pudiera invertir en empresas con una práctica fiscal agresiva o abusiva en relación con el uso de paraísos fiscales, en la financiación dentro de las empresas, en precios de los intangibles, en el uso de incentivos fiscales, etc.”. También, que la CFI debería asumir “la responsabilidad activa de fomentar las prácticas fiscales responsables de los clientes, tales el reportaje público de país en país y la información pública sobre los propietarios efectivos”. Las organizaciones de la sociedad civil también exigieron  que las recomendaciones fueran aplicadas por igual a las inversiones directas e indirectas a través de intermediarios financieros.

Sara Jespersen, de la ONG Oxfam IBIS en Dinamarca, declaró: “muchas instituciones financieras de desarrollo tienen en su agenda y están tomando seriamente la idea del impuesto responsable, mediante el desarrollo de políticas fiscales pertinentes e implementando herramientas de debida diligencia que van más allá de simplemente pedir por el cumplimiento legal de las empresas con las que trabajan”. Ella agregó que, “la CFI debe poner fin a todos los vínculos entre sus préstamos y la evasión de impuestos corporativos, ya que esto equivale a dar con una mano y quitar con la otra”.