Los grupos de la sociedad civil han acusado al Banco por no haber previsto o respondido a los casos de las violaciones de los derechos humanos en el oleoducto Baku-Tbilisi-Ceyhan patrocinado por el Banco (BTC) en el Cáucaso y Turquía, justo en el momento en el que el Banco anuncia un aumento en las inversiones en las industrias extractivas. La Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo privado del Banco, prestó US$250 millones para el oleoducto BTC en 2003. En marzo de 2011, Punto de Contacto Nacional del Reino Unido – una oficina gubernamental que promueve el cumplimiento de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales – dictaminó que el consorcio BTC, liderado por la multinacional petrolera BP, no había investigado ni respondido a las denuncias sobre intimidación por parte de las fuerzas de seguridad del Estado prestando guardia en el oleoducto en Turquía. Esto viola las directrices de la OCDE, y por lo tanto, de acuerdo con los grupos de la sociedad civil, también viola el contrato del consorcio con los financieros incluyendo la CFI.
La denuncia, presentada por un grupo de ONGs locales y europeas, incluyendo la Casa de la Esquina y el Proyecto Kurdo de Derechos Humanos, sostiene que la intimidación había disuadido a la población local, especialmente a las minorías kurdas, de participar en las consultas sobre las negociaciones de las tuberías y la indemnización por la pérdida de tierras y medios de vida. Una carta de marzo de 2011, de ocho ONGs, incluyendo Urgewald y CEE Bankwatch, dijo que el fallo del Reino Unido había demostrado la necesidad de una revisión pública de la diligencia debida de la CFI y del seguimiento del proyecto. Las organizaciones también instaron a la CFI a "introducir procedimientos que requieren una evaluación del contexto de los derechos humanos y el cumplimiento con el país anfitrión y las normas internacionales de derechos humanos para todos los proyectos que apoya", además de establecer un fuerte mecanismo de quejas.
Rachel Bernu de la ONG Proyecto Kurdo de Derechos Humanos, dijo: "Esperamos que esta decisión anime a la CFI a desarrollar un régimen realista que integre la protección de los derechos humanos en las regiones donde el respeto a estos derechos no es la norma. Es asi como las personas pobres del mundo, tanto como las de Turquía, de hecho ya pueden empezar a beneficiarse de la inversión a gran escala, en vez de continuar siendo ser objeto de intimidación, pérdida de tierras y medios de subsistencia y en algunos casos de maltrato y tortura."
Alardeando de la expansión de las extractivas
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El fallo BTC llegó en el momento en que el Banco abandona sus informes sobre la ejecución de su respuesta a su Revisión de las Industrias Extractivas 2004 (EIR, ver Boletín 49) a favor de una revisión anual de sus actividades en el sector. El informe de enero de 2011 mostró un aumento de los préstamos a más de US$1 mil millones en el ejercicio del año financiero de 2010, con la contabilidad de la CFI (Corporación Financiera Internacional) siendo las tres cuartas partes de la financiación total. El informe afirma que "todos los proyectos de la CFI" en América Latina han mostrado resultados positivos, a pesar de la suspensión de las operaciones por motivos de derechos humanos el año pasado en la mina Marlin en Guatemala, cuyo operador canadiense Goldcorp recibió un préstamo de US$45 millones de la CFI en 2004 (ver Boletín 72).
En una conferencia de marzo de 2011 en el sur de África, la CFI anunció planes para invertir US$300 millones en empresas mineras de África, incluidos "grandes proyectos con el potencial de transformar las economías regionales." El Dr. Aaron Tesfaye, de la Universidad William Paterson en Estados Unidos, respondió diciendo que "En la división del trabajo en la economía internacional, África ha sido relegada a una economía de plantación… Creo que la inversión del Banco Mundial es un precursor de las grandes inversiones en proyectos, en la medida en que las grandes potencias emergentes emprenden una nueva lucha por África." Expresando su preocupación por las violaciones de los derechos y la sostenibilidad ambiental en el futuro de las inversiones de la CFI en la minería del continente, Jame Aneen, de la ONG Alerta Minera Canadá, dijo: "Esta es una mala noticia para los africanos, por lo menos aquellos que no son miembros de la élite empresarial y política."
Andy Whitmore, director del sitio web Minería y Comunidades, dijo "Ya ha transcurrido más de una década desde que el Banco anunció la revisión independiente de sus inversiones en las industrias extractivas, sin embargo, todavía no ha logrado cumplir con la letra y el espíritu de las conclusiones de ese informe" (ver Boletines 72 y 46).
Un programa de asistencia técnica del Banco de Papúa Nueva Guinea, aprobado en 2008, demuestra este punto. El proyecto contrató a un consultor externo para elaborar un conjunto de condiciones bajo las cuales el gobierno podía permitir que se arrojaran desechos marinos de la mina, a pesar de que EIR advirtió que esta práctica representaba un riesgo significativo para la biodiversidad marina, los medios de vida sostenibles y la salud humana. En un reciente artículo del sitio web – sciencealert.com – un grupo de académicos concluyó diciendo que "sin importar qué tan elevados puedan parecer los objetivos declarados del Banco Mundial, su efecto será simplemente el facilitar una práctica que – como muchas formas tempranas de la contaminación industrial – deberá ser consignada al basurero de la historia."
