La expansión del trabajo del Fondo hacia los desafíos de macroestabilidad que plantean las pandemias, el cambio climático, la discriminación de género y la desigualdad aumenta los riesgos de que pueda afectar negativamente a las comunidades y las personas.
Si bien la primera nota conceptual de la estrategia describe una visión ambiciosa para incorporar la perspectiva de género en las operaciones principales del Fondo, la sociedad civil enfatiza que aún falta un análisis más profundo de los efectos de las políticas respaldadas por el Fondo en los derechos de las mujeres.
La CFI es la única IFD que se ha comprometido a crear un marco de reparaciones. Los requisitos básicos de un marco de reparaciones basado en los derechos son bien conocidos.
El historial problemático en el financiamiento del clima y los combustibles fósiles significa que la colaboración del FMI y el Banco Mundial en el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad amenaza con repetir políticas fallidas.
El nuevo informe de Debt Justice destaca la necesidad urgente de mecanismos de renegociación de la deuda internacional, ya que los países se ven obligados a priorizar los pagos de la deuda.
La propuesta del Banco Mundial de establecer un fondo para la Prevención, Preparación y Respuesta ante Pandemias plantea interrogantes sobre el apoyo del Banco a la atención médica del sector privado a expensas de la provisión pública.
Pakistán aumenta los precios del combustible en un esfuerzo por cumplir con las condiciones del FMI, mientras aumenta el costo de importar GNL.
Un nuevo préstamo de 456 millones de dólares del FMI a Mozambique corre el riesgo de aumentar la inseguridad y la crisis de la deuda, ya que los proyectos de GNL han alimentado el conflicto y es probable que se conviertan en activos varados.
Informe del Grupo de Evaluación Independiente destacó que la provisión de educación del sector privado puede exacerbar la desigualdad y socavar el sistema escolar del sector público.
El préstamo de USD 200 millones de la CFI del Banco Mundial para la producción agrícola a gran escala en Brasil ignora las serias preocupaciones ambientales y de derechos humanos, a pesar de los llamados de 200 organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo.
La desinversión sigue a una congelación de 2020 de nuevas inversiones directas e indirectas de la CFI en proveedores de educación con fines de lucro.
El país, tambaleándose por la invasión de Rusia, debe un total de USD 22.000 millones al FMI, el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales.
EarthRights International examina cómo el caso Jam v. la CFI ha ayudado a cambiar el panorama de la rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales al desafiar con éxito su reclamo de inmunidad "absoluta" en los tribunales de Estados Unidos.
