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El pago adelantado de la compania de papel redime nuestra culpabilidad por la violencia, dice CFI

8 April 2006

La Corporación Financiera Internacional (CFI) se lavó las manos en un desalojo violento llevado a cabo por la policía federal brasilera en enero de 2006, supuestamente en apoyo de la compañía de pulpa y papel Aracruz Cellulose. La policía, de la que se reporta que colaboraba con los empleados de la compañía, destruyó las casas de las comunidades indígenas de Córrego D’Ouro y Olho D’Água donde trece personas fueron heridas. La CFI concedió un préstamo de $50 millones a la compañía en diciembre de 2004. La CFI ahora declara que como la compañía pagó su deuda antes de vencerse el plazo, la CFI está por lo tanto libre de cualquier culpabilidad sobre el evento.

Aracruz Cellulose es la líder mundial en la producción de celulosa blanqueada de eucalipto. Sus plantaciones en Brasil cubren más de 375.000 hectáreas de tierra. Es el latifundista más grande del estado de Espirito Santo, donde de acuerdo con las estadísticas del Movimiento Brasilero de los Trabajadores sin Tierra (MST), hay casi 70.000 familias sin tierra. En los años 60 bajo la dictadura militar, la compañía se apoderó de las tierras de pueblos indígenas y quilombos (comunidades de descendientes de esclavos africanos) para plantar eucalipto. La forma de vida de muchas comunidades fue destruida como resultado del desplazamiento y por la degradación del suelo y la desertificación causada por el agotamiento de la mesa del agua. Desde la ocupación de las tierras en los 60, ha habido conflictos serios entre la compañía y las comunidades locales luchando por recobrar sus tierras.

La decisión de la CFI de financiar a la compañía fue muy criticada por las redes nacionales de ONGs y por los movimientos sociales. En cartas y reuniones con la CFI ellos expresaron sus graves preocupaciones sobre el bienestar de las personas indígenas, las comunidades de los quilombos, los pequeños agricultores y los impactos sobre el medio ambiente. También mencionaron el gran número de alegatos relacionados con casos relativos a la conducta social y ambiental de Aracruz, a través de los años, incluyendo:

  • La deforestación en masa de 50.000 hectáreas de selva húmeda del Atlántico en los años 60 y 70.
  • La contaminación del agua por agroquímicos.
  • Los alegatos de que la compañía promueve la persecución policíaca a los vecinos que dependen del corte de eucalipto para su subsistencia económica.
  • La contaminación ilegal y el desvío ilegal de los ríos que abastecían las comunidades locales.

La CFI le dio a la compañía el visto bueno con respecto al medio ambiente y los estándares sociales en el documento del proyecto, aunque en una carta enviada a la ONG Federación de Organizaciones para la Asistencia Social y Educacional (FASE – Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional), la CFI declaró que había anotado “asuntos claves sobre las comunidades en desventaja, tanto como los impactos ambientales asociados con las operaciones de Aracruz” en sus decisiones para la inversión y las condiciones del préstamo. La CFI también aprobó las relaciones entre las comunidades, Aracruz y el Gobierno.

En respuesta a la presión pública después de los violentos eventos de enero de 2006, en marzo la CFI finalmente dijo a las organizaciones que la Aracruz había pagado su deuda antes de lo planeado y que por lo tanto la CFI no tenía ya más influencia con la compañía. Las redes brasileras de la sociedad civil afirman que la CFI violó un número de sus propias políticas de salvaguarda, incluyendo las relativas a los pueblos indígenas. Por lo tanto le están pidiendo al Banco que tome una posición sobre los recientes eventos incluyendo el reconocimiento de la seriedad de los problemas relacionados con el préstamo; que se comprometa a no financiar proyectos similares en el futuro, y que presione al Gobierno brasilero para que respete las poblaciones afectadas por el monocultivo del eucalipto.

Winnie Overbeek, de Rede Alerta Contra o Deserto Verde afirmó: “el Banco debe tener cuidado al invertir en áreas donde se le ha negado el título a la tierra a grupos indígenas, a minorías étnicas o grupos vulnerables, y donde el acceso a los recursos naturales para la forma de vida todavía no está garantizado.”