La CIF, Corporación Internacional Financiera (IFC – International Finance Corporation) y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, sigla en inglés) no han podido solucionar la disputa creada por sus propuestas inversiones en dos molinos de celulosa y papel en Uruguay (ver Boletines 48 y 49), y han sido forzadas a deshacer sus pasos para reconsiderar las suposiciones previas de que los molinos deberían ser construidos.
Activistas del medio ambiente y de la comunidad en Argentina y Uruguay, han estado liderando furiosas protestas en contra de los proyectos en el Río Uruguay, en las afueras de la ciudad de Fray Bentos. Las/los activistas dicen que los molinos perjudicarían la industria local y el medio ambiente. En abril de 2006 el banco holandés ING, un gran defensor de los Principios del Ecuador sobre la financiación responsable, retiró su consideración de financiación. La construcción de las dos plantas por la compañía sueca Botnia y la firma española ENCE, se ha atascado ya por 90 días.
Estos proyectos se han convertido en el foco de gran tensión diplomática de alto perfil entre los gobiernos y los ciudadanos de ambos países. Según la prensa nacional, las comunidades en ambos lados del río están polarizadas – Fray Bentos en Uruguay, y Gualeguaychu en Argentina. Uruguay afirma que los molinos de celulosa y papel crearán fuentes de trabajo donde más se necesitan y que traerán inversión al país. Mientras que Argentina, se opone a los proyectos por razones ambientales, se cita la contaminación del agua, del aire y de la tierra, y el daño a la agricultura y al turismo. En mayo de 2006, Argentina presentó una reclamación internacional ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya, diciendo que Uruguay había violado el Tratado del Río Uruguay. En septiembre de 2005, la ONG argentina El Centro de Derechos Humanos y Medio Ambiente (CEDHA – Center for Human Rights and Environment) presentó una reclamación internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un pedido reciente al Banco Mundial por parte del presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, para la aprobación de los proyectos fue rechazado con base en que los créditos solo podrían ser desembolsados, de acuerdo con el cumplimiento de las políticas de salvaguarda del Banco. Ambas compañías dependen de la financiación que el Banco da otros grupos para inversiones del sector privado, incluyendo a BBVA de España, Nordea de Suecia y a las agencias finlandesas y españolas de crédito a la exportación.
En febrero de 2006, el Consejero de Cumplimiento Ombudsman (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), publicó una auditoría que identificaba violaciones claras de las políticas de salvaguarda ambientales y sociales del Banco Mundial, especialmente en relación con la transparencia, la consulta y el acceso a la información. En abril de 2006, la CIF publicó un estudio adicional realizado por consultores independientes, para tratar los temas sociales económicos y ambientales con mayor profundidad. El estudio encontró que las evaluaciones iniciales del impacto adelantadas por las compañías habían sido insuficientes. Desde entonces, el Banco tiene retenidos $400 millones que habían sido solicitados para los molinos, hasta que las compañías completen más estudios de impacto sobre la contaminación del aire, el agua y el suelo.
