La rigidez de los programas del Fondo está causando roce con los gobiernos y grupos de la sociedad civil en países de bajos ingresos, mientras ruge el debate sobre la escalada de la ayuda.

El conflicto entre los defensores de un mayor gasto social y el Departamento de Asuntos Fiscales del FMI, provocó encendidas discusiones durante las reuniones de primavera, cuando el Director Diputado del Departamento, Peter Heller, abandonó la reunión con la sociedad civil después de un desacuerdo sobre si los gobiernos de los países o el FMI estaban detrás de la austeridad presupuestal.

El drama de la reunión reflejó un debate mayor sobre cómo la ayuda puede aumentarse eficazmente para ayudar a los países con bajos ingresos a lograr sus Objetivos de Desarrollo del Milenio. Una carta abierta de las organizaciones de la sociedad civil que atendían una conferencia sobre el financiamiento para el desarrollo en Abuja, Nigeria, en mayo de 2006, alega: «a las naciones tales como Uganda y Bolivia se les ha ofrecido ayuda adicional para la educación, sin embargo la rechazaron en parte debido a la presión del FMI y a la preocupación sobre la falta de seguridad a largo plazo del flujo de esta ayuda.»

Un documento de trabajo del Fondo publicado en abril de 2006, busca responder el reclamo de que la nómina de pagos del FMI en programas PRGF (Facilidad para el Crecimiento y Reducción de la Pobreza) es tan elevada que impide aumentar la ayuda. Sin embargo, el mismo documento anota que se necesita mejorar la flexibilidad de las condiciones y que «se podría hacer más para aumentar la transparencia sobre cómo los fondos adicionales de los donantes para salarios están siendo acomodados en techos de la cuenta de salarios en los programas financiados por el FMI.»

Un documento de investigación del Fondo sobre la volatilidad de la ayuda por Prati y Tressel, hace énfasis en el mismo punto al examinar la postura del Fondo con relación a los aumentos en los gastos de la ayuda, debido a un efecto negativo en las exportaciones. «Una advertencia importante es que, en años de choques negativos, que representan un 44 por ciento de las observaciones en la muestra, la ayuda extranjera puede tener un efecto positivo en las exportaciones. Esto sugiere que apretar las políticas macroeconómicas en respuesta a un aumento en ayuda sería innecesario e inapropiado.» La implicación es que los países necesitan tener más flexibilidad para manejar los flujos de la ayuda.

Queda la pregunta de por qué no se ha integrado tal flexibilidad en los programas del Fondo. Las condiciones revisadas de la política de Nicaragua para sus PRGF incluyen un tope de costo de salarios, que siendo un poco más elevado que la inflación (9.8 vs 8.8 por ciento), incluye a los Ministerios de la Salud y la Educación dentro del techo. No existe una previsión en el acuerdo con el país para revisar estas condiciones si los grandes donantes aumentan su ayuda.