Al cumplir su aniversario de oro la CIF (Corporación Internacional Financiera parte de FMI – [IFC – International Finance Corporation]) afirma que sirve como catalizadora para soluciones innovativas basadas en el mercado, que reducen la pobreza y facilitan los cambios sociales y del medio ambiente.» La realidad sin embargo no justifica semejante perspectiva tan brillante.

Los problemas con los proyectos en Ghana, Perú y Kyrgyzstán, las críticas sobre los estándares de actuación recientes (ver Artículo 2 de este Boletín), y las serias debilidades en su reciente evaluación sobre el impacto de los derechos humanos en su programa, socavan la futura credibilidad de una institución que está perdiendo terreno ante la financiación privada.

Una próxima revisión por una coalición de ONGs estudiará específicamente la participación de la CIF en la industria de extracción del oro y los retos a la Institución sobre si está cumpliendo en forma fidedigna con su papel en el desarrollo. El documento preparatorio señala que la CIF rehusa reportar sobre su impacto en el desarrollo en cada proyecto y que en vez de ello publica un reporte anual donde presenta sus datos «agregados» sobre el impacto en el desarrollo. Los costos y beneficios humanos y del medio ambiente no pueden promediarse a través del portafolio de la CIF, como si fueran pérdidas y ganancias financieras: «El granjero que pierde su tierra en el Perú no se beneficia cuando el propietario de un pequeño negocio en Europa Central consigue un contrato de restaurante con una compañía minera.»

Ahafo, Ghana

En décadas recientes, la CIF ha invertido millones de dólares en minas de oro de gran capacidad en Ghana. En enero de 2006, aprobó $125 millones para la mina de oro Newmont en Ahafo (ver Boletín 50), y en julio de 2006, Newmont anunció que estaba a punto de producir sus primeros lingotes de oro. La mina de oro ha estado en el centro de una controversia debido a su impacto en las formas de vida cuando se realizó el reasentamiento masivo de más de 9.000 personas, tan solo en su primera fase. A esto se agregan los asuntos relativos al medio ambiente, como el riesgo de la contaminación del suministro del agua local a través del uso del cianuro utilizado en la extracción del oro, y la destrucción de zonas protegidas de bosques. ONGs del medio ambiente y de derechos humanos han cuestionado la necesidad de este proyecto. También hay preocupación sobre otras debilidades encontradas en los términos de referencia del cuerpo de monitoreo externo establecido por la CIF y Newmont.

Yanacocha, Perú

Desde 1993, la CIF ha estado invirtiendo en la mina de oro Newmont Yanacocha en Cajamarca, Perú, (ver Boletín 43). En junio de 2000 uno de los contratistas de Yanacocha regó 150 kilogramos de mercurio a través de los pueblos de Choropampa, Magdalena y San Juan lo cual afectó a más de 1.000 personas. En agosto de 2006, los líderes de la comunidad local montaron un bloqueo de protesta de 24 horas a la mina, pues ésta aún no ha creado condiciones que beneficien a la paupérrima comunidad local.

Kumtor, Kyrgyztán

Esta mina se ha beneficiado con inversiones (préstamos y acciones) hasta de $40 millones de la CIF, a pesar de toda una sarta de problemas. En mayo de 1998, el reguero de casi dos toneladas de cianuro e hipocloruro de sodio envenenó el Río Barskoon, con un saldo de varias personas muertas y cientos de personas bajo tratamiento médico. En Julio de 1998, 70 litros de ácido nítrico se derramaron, y en Julio de 2002, un trabajador de Kyrgyz fue sepultado cuando la pared de una excavación de 200 metros de alto le cayó encima. En 2004, la CIF vendió con gran ganancia su propiedad en Kumtor, intentando con ello evadir sus responsabilidades por el daño causado a la población local y al medio ambiente.

Pasando por encima de la ley

Al mismo tiempo, la CIF empezó a trabajar con un programa sobre la Evaluación del Impacto de los Derechos Humanos (HRIA – Human Rights Impact Assessment Programme), del cual Newmont es uno de los animadores. El primer borrador del programa se produjo en junio de 2006 y se completará en diciembre de 2006 en trabajo conjunto con el Foro de Líderes de Negocios Internacionales (International Business Leaders’ Forum). El programa afirma que está respondiendo a las preocupaciones relacionadas con los derechos humanos a través de los estándares de comportamiento recientemente publicados, incluyendo aquellas preocupaciones relacionadas con el proceso de establecer un mecanismo de quejas, estándares centrales laborales y los derechos de las personas indígenas. El borrador de HRIA «es una herramienta adicional para los clientes de la CIF y para el sector privado con mayor amplitud para examinar las preocupaciones sobre los derechos humanos y la forma de tratarlos.»

Peter Frankental, de Amnistía Internacional, dice: «Los estándares de comportamiento de la CIF ignoran la evolución de la ley sobre los derechos humanos dentro del sistema de la ONU, la cual debería ser la base para la aplicación de los estándares mínimos para sus clientes. En vez de eso utilizan un lenguaje y conceptos vagos, abiertos a la interpretación y que pueden no proveer las protecciones requeridas según el derecho internacional.» Diana Bronso de la organización canadiense Derechos y Democracia dice: «Habría sido mejor que la CIF hubiera declarado que intenta cumplir con el derecho internacional y que se asegurará de que sus proyectos no socavarán los derechos humanos directa o indirectamente, como lo pide la Revisión de las Industrias Extractivas. El proceso alrededor del desarrollo de esta nueva HRIA ha sido poco claro, pues ha habido poca consulta con las comunidades directamente afectadas o con los grupos de la sociedad civil que trabajan en el área.»