En una declaración de junio de 2006 durante la primera sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Joseph Ingram, representante especial del Banco Mundial ante la ONU y la Organización Mundial del Comercio, declaró que el avance sobre los derechos humanos es «crítico» para la propia misión del Banco de reducir la pobreza, incluyendo la «lucha global contra la corrupción y la promoción del buen gobierno.»

Cualquier tipo de bienvenida cautelosa que esta declaración haya tenido ha sido ensombrecida por los temores de que la adopción de los derechos humanos de parte del Banco tenga que ver con la creación de más condicionalidad sobre el gobierno. Un compromiso real con los principios de los derechos humanos debería incluir: no financiar actividades que contravengan la ley internacional de los derechos humanos; asumir total responsabilidad donde las actividades de la Institución impactan o socavan el disfrute de los derechos humanos; y ser responsables por la complicidad en abusos pasados.

La declaración afirma que el Departamento Jurídico del Banco ya ha desarrollado una «matriz de derechos humanos» que «mapea las políticas y actividades actuales del Banco y las compara con las provisiones de acuerdos y convenios de la ley internacional de derechos humanos.» El objetivo de la matriz es «ayudar al Banco a ser más estratégico en su apoyo de los servicios básicos – tales como los derechos – a través de sus instrumentos existentes, como las políticas operacionales, las estrategias de asistencia nacionales, la evaluación del impacto social y de la pobreza, y las Estrategias de la Reducción de la Pobreza.» Esta declaración, sin embargo, reduce los conceptos legales de derechos económicos, sociales y culturales a «servicios básicos», e ignora los efectos negativos de las grandes infraestructuras financiadas por el Banco, o de los proyectos extractivos (ver Boletín 47) sobre el acceso a los recursos productivos – como la tierra y el agua — tanto como el desplazamiento masivo ocasionado por estos proyectos, los cuales han socavado los derechos a los alimentos, el agua, la salud y la vivienda entre otros. Aldo Caliary de la ONG estadounidense Centro de Compromiso (Center of Concern) dice: «es particularmente preocupante ver que el Banco siente que ha cumplido con sus obligaciones al hacer un ‘mapeo’, por su cuenta, sobre cómo sus actividades se comparan con los estándares de los derechos humanos. La ley no es solo lo que está en la ley, sino también lo que el juez dice que está en la ley. Si en este caso el ‘juez’va a ser el Banco, creo que no podemos esperar mucho de este ejercicio.»

Ute Hausmann, de la sección alemana de Información sobre Alimentos Primero (FoodFirst Information), y Red de Acción (Action Network) comentaron: «esta declaración hace parte de los esfuerzos del Banco Mundial para poner totalmente la culpa de la violación de los derechos humanos en los países prestatarios, mientras la complicidad del Banco continúa impune. El Consejo de los Derechos Humanos (Human Rights Council) debería establecer procedimientos para hacer que el Banco Mundial – y los gobiernos que hacen parte de su Junta – rindan cuentas sobre las violaciones que hayan sido facilitadas por la financiación y la asesoría de la Institución.»

La declaración ante el Consejo de los Derechos Humanos viene después de que el antiguo asesor legal, Roberto Dañino, hizo una declaración pública en enero de 2006 donde afirma que el Banco no está legalmente eximido del cumplimiento de los derechos humanos, como se había afirmado anteriormente (ver Boletín 51).