El Fondo se defendió ante a la campaña de la sociedad civil en Nicaragua (ver Boletín 51). Una carta de la misión del FMI en Nicaragua en junio de 2006 culpa las limitaciones relacionadas con el gasto social a la debilidad e ineficacia estructurales. El FMI señaló el gasto en las universidades, en el Tribunal Supremo, y las transferencias a las municipalidades y a los salarios del sector público como los más grandes impedimentos. La Coordinadora Civil, una coalición de ONGs nicaraguenses, respondió diciendo que el FMI debería respetar la Constitución de Nicaragua la cual requiere de las transferencias municipales y del gasto universitario. También retó la asignación de fondos, de parte del FMI, a los salarios del sector público en vez de hacerlo a las/los trabajadores de la salud y la educación, diciendo que esa decisión no había favorecido a los pobres.