En octubre de 2006 el Ministro de Relaciones Exteriores sueco lanzó un Fondo de Fideicomiso Nórdico para apoyar la justicia y los derechos humanos, y el Instituto del Banco Mundial dedicó su ultima edición de ‘Development Outreach’ a los derechos humanos y el desarrollo. Esto incluye contribuciones de expertos de alto perfil sobre el asunto y de la nueva consejera legal del Banco, Ana Palacio. Al mismo tiempo, el brazo del sector privado del Banco, la Corporación Internacional Financiera (CIF) continúa siendo pionera en su nicho del sector privado en el apoyo a los derechos humanos.

El Fondo de Fideicomiso Nórdico con duración de cinco años financiará: capacitación para personal del Banco Mundial; proyectos pilotos vinculados a los documentos estratégicos de reducción de la pobreza; e indicadores de desarrollo para «eficientes» programas sobre los derechos humanos y la justicia. Ulrika Sundberg, del Ministerio de Relaciones Exteriores sueco dice que hay una falta de evidencia práctica para mostrar que las consideraciones de los derechos humanos «constituyen un valor agregado al proceso del desarrollo económico» y que los economistas del Banco Mundial necesitan ser convencidos de este hecho. Ella prevé un debate sobre la condicionalidad «para decisiones sobre la concesión de subsidios de préstamos o ayuda para ser sometido a resultados tangibles en el área de derechos humanos.» Ella también afirma que «el Banco Mundial no debería asumir el rol de la ONU cuando se trata de los derechos humanos.»

Ana Palacio enfatizó que «el Banco Mundial tiene limitaciones sobre las actividades estrictamente políticas» con base en los Artículos de su Contrato original. Continuó diciendo que «el objetivo más importante del marco de trabajo de los derechos humanos es el empoderamiento de las personas más débiles y marginadas, incluyendo a las personas pobres.» Ella puso mucho énfasis en el ‘rol de facilitador’ del Banco, al apoyar a los países miembros para llevar a cabo sus obligaciones relacionadas con los derechos humanos. En forma importante, ella también dice que «los derechos humanos no deben ser la base de un aumento de las condicionalidades del Banco, y tampoco deben ser vistos como una agenda que pueda presentar un obstáculo para el desembolso o aumento del costo de los negocios.» Ella también realza la integración de los derechos humanos con la promoción del Banco del buen gobierno y el trabajo anticorrupción. Sin embargo no menciona el propio rol del Banco al contribuir a violaciones de derechos humanos en países receptores y las formas como esto debería manejarse, y tampoco la forma como las personas afectadas tendrían acceso a la justicia.

Las reacciones a las declaraciones de Palacio han sido variadas. «A pesar de que su enfoque está más que todo en los derechos económicos, sociales y culturales, ella por lo menos enfatizó el empoderamiento legal de las personas pobres como una consideración importante», dice Anne Perrault del Centro para Legislación Internacional Ecológica, «Hay que ver si el enfoque del Banco, en la práctica, se mantiene solamente en lo que los Estados tienen que hacer olvidando lo que el Banco Mundial también debe hacer.» Otros temen que el Banco utilizará su discurso recientemente adoptado de derechos humanos como una forma de legitimizar su agenda del buen gobierno y la anticorrupción, y que los esfuerzos para «apoyar a sus miembros a cumplir con sus obligaciones» se convierta en otra condicionalidad más para los préstamos (ver Boletín 52).

La CIF reclama que está «apoyando activamente» el funcionamiento de las normas de la ONU sobre Derechos Humanos y Negocios en los requisitos para préstamos del sector privado y afirma que «sus estándares de política y desempeño apoyan los derechos humanos.» Respondiendo a un informe editado por la ONG canadiense, la Iniciativa Halifax (ver Boletín 51) sobre la revisión de la CIF a sus estándares de préstamos, la CIF dice que «está tratando de fortalecer [su] apoyo a los derechos humanos a nivel de proyecto», particularmente en relación con sus estándares sobre el trabajo, las fuerzas de seguridad, la vivienda y las personas indígenas. Fraser Reilly-King de la Iniciativa Halifax dice: «tales afirmaciones son sorprendentes cuando uno mira los proyectos apoyados por la CIF asociados con las violaciones de los derechos humanos, tales como la mina de oro Glamis en Guatemala y la mina Anvil de cobre y plata en el Congo. Si la CIF fuera a asegurarse de que sus proyectos no socavan los derechos humanos en forma directa o indirecta según la Revisión de las Industrias Extractivas, eso sería otro asunto diferente.» La CIF publicará su evaluación de impacto sobre los derechos humanos en diciembre de 2006 (ver Boletín 52).

Alfredo Sfeir Younis, el antiguo asesor especial del Banco sobre las dimensiones sociales de la globalización también contribuyó al debate. Al escribir en la revista en línea Innovaciones Políticas (Policy Innovations), dice que los derechos humanos tienen que ser una consideración para las organizaciones de desarrollo económico. La visión de Sfeir Youni adopta el concepto legal de que los derechos humanos «tienen una correlación directa con el desarrollo económico y que frecuentemente son sus precursores.» Él cree que «las instituciones del desarrollo económico están en la mejor posición para hacer de los derechos humanos una realidad» y ve un rol fundamental del sector privado para lograrlo.