Un reciente informe de la ONG británica Christian Aid examina cómo el Banco Mundial, como parte de sus programas de ajuste estructural de los 80s y los 90s, animó a los países en desarrollo a liberalizar sus leyes mineras para reducir impuestos y reducir las regulaciones ambientales y sociales para atraer inversionistas. El informe incluye estudios de Zambia, Bolivia y las Filipinas, y muestra cómo la asesoría del Banco llevó a los gobiernos de países en desarrollo a firmar contratos vinculantes con compañías que ofrecían mínimos rendimientos financieros para los países y que sustrajeron millones de dólares para las Tesorerías del Norte.
Este informe es un eco de la reciente presentación, por parte de ONGs sobre las personas indígenas, las industrias extractivas y las corporaciones transnacionales (TNCs), al Representante de la ONU sobre los derechos humanos y las TNCs. La presentación hecha por el Programa Británico de Bosques de la Gente (Forest Peoples Programme) y por la Fundación Tebtebba de las Filipinas, encontró que entre los años 1990 y 2003, el Banco Mundial apoyó la revisión de leyes sobre minerales, hidrocarburos y otras semejantes, en más de 100 países. El Banco además continúa fallando al no haber adoptado gran parte de las críticas que le hizo la Revisión de Industrias Extractivas que el mismo Banco comisionó, publicada en el 2004.
