El Gobierno iraquí acaba de presentar un borrador de ley petrolera a su gabinete, como un «ingrediente clave’ de los préstamos y alivio a la deuda del FMI. Esta ley permitirá que hasta las dos terceras partes de las reservas conocidas de Iraq sean explotadas por compañías petroleras internacionales bajo contratos de 20 años de duración.

Esta ley también podrá dictar el futuro del sector petrolero del país y determinar la forma futura de la federación iraquí, al tiempo que los gobiernos regionales luchan con Bagdad sobre los ingresos de recursos. Se espera la aprobación del Parlamento en las próximas semanas. Esta política, que está siendo negociada calladamente fuera del país, por el FMI, Ministros de Iraq, funcionarios de EUA y las compañías multinacionales petroleras, será un cambio radical para la industria petrolera iraquí, la cual ha estado en el sector público durante más de tres décadas y también romperá la práctica normal en el Medio Oriente.

El ‘Acuerdo Standby’ (SBA), firmado entre Iraq y el FMI en diciembre del 2005, (ver Boletín 49), comprometió a Iraq a elaborar una política petrolera para finales del 2006, con el objeto de permitir la entrada a la inversión extranjera en la industria petrolera del país. El SBA fue firmado antes de que hubiera sido elegido el nuevo Gobierno iraquí, y una semana después de las elecciones de diciembre del 2005, y con ello se negó a los votantes la oportunidad de reaccionar a través del voto. Este acuerdo provee una facilidad financiera futura, permite la cancelación del 30 por ciento de la deuda externa de Iraq a los prestamistas del Club de Paris, e incluye requisitos para el repentino, y controversial corte de los subsidios públicos del combustible. Esta última medida provocó el alza del precio del combustible, las subsecuentes protestas callejeras y la renuncia del Ministro del Petróleo. Después de su nombramiento en mayo del 2006, Husayn al-Sharistani, el nuevo Ministro del Petróleo empezó a elaborar la legislación para organizar el sector petrolero iraquí.

Las previsiones del borrador de esta ley se basan en un sistema de contratos a largo plazo con las compañías internacionales – las cuales invertirán en la infraestructura y en la operación de los pozos a cambio de una alta proporción de los ingresos, y también tendrán el control sobre decisiones de la producción y el desarrollo.

Los detalles precisos del borrador de esta ley aún no han sido publicados, pero la mayoría de quienes elaboran la política se refieren a ella como ‘acuerdos para compartir producción’ (PSAs – production sharing agreements) – la forma preferida por las compañías multinacionales petroleras. Los PSAs son contratos legales, diseñados para reemplazar un marco de trabajo legal débil o inexistente, como en el caso de Iraq. Los PSAs recientemente estuvieron en los titulares en Rusia debido al acuerdo poco favorable que el Gobierno recibió en relación con el proyecto petrolífero y de gas Sakhalin 2, firmado a mediados de los 90, cuando el país estaba en medio del caos político y de una rápida liberalización económica.

Según Greg Muttitt, un investigador de PLATFORM, una organización británica veedora de la industria petrolífera, «Junto con los gobiernos de EUA y del Reino Unido, el FMI y el Banco Mundial están forzando una política en Iraq que favorece los intereses de las multinacionales del petróleo en detrimento del pueblo de Iraq.»

El grado de regionalización en el control del petróleo y de los ingresos resultantes es vital para la futura estabilidad del país y para la cohesión nacional. Mientras que las poblaciones kurdas y shiítas quieren la independencia en el control de sus territorios ricos en petróleo, los árabes sunitas en cambio, localizados en el centro del país pobre en petróleo, quieren que el gobierno federal les garantice no excluirlos de las ganancias. El Gobierno Regional kurdo ya había firmado contratos por su cuenta con las compañías petroleras, los cuales fueron declarados inválidos por Bagdad.

El periódico británico, The Independent, el cual había obtenido una copia temprana del borrador, dijo en una editorial de enero del 2007, que la ley había sido presentada al Parlamento en diciembre del 2006 después de tres consultas – con el gobierno estadounidense y las mayores compañías petroleras en julio del 2006 y con el FMI en septiembre del 2006. Sin embargo, ni a los iraquíes o a los parlamentarios se les dio la misma oportunidad de escudriñar esta ley. Aún en diciembre del 2006, Muttitt preguntó en una reunión de los Parlamentarios iraquíes sobre cuántos de ellos habían visto el borrador de esta ley sobre el petróleo: La respuesta fue que: «De veinte solo uno lo había visto.»

En una reunión en Jordania, también en diciembre del 2006, los líderes sindicales de cinco federaciones iraquíes – representantes de cientos de miles de trabajadores – pidieron que se volviera a considerar esta ley a punto de ser aprobada. Estos representantes criticaron el papel predominante que tenían las compañías extranjeras en la elaboración del borrador de la ley, y rechazaron «la entrega del control del petróleo a las compañías extranjeras, cuyo único objetivo es conseguir grandes ganancias a costa del pueblo iraquí, y robar la riqueza de la nación según contratos injustos a largo plazo que socavan la soberanía del Estado y la dignidad de los iraquíes.» Enfurecidos ante su exclusión del proceso de elaboración de la ley, los representantes pidieron que ésta fuera retardada para permitir que se le diera una adecuada consulta y un debate público. «El pueblo iraquí se rehusa a permitir que el futuro del petróleo sea decidido a puerta cerrada.»

Colaboración entre el Banco y el Fondo

El Banco Mundial también está altamente comprometido en la estrategia del sector petrolífero de Iraq. El Apéndice III del pedido iraquí para un SBA del FMI dice abiertamente que el Banco Mundial es la institución líder en las estrategias sectoriales incluyendo el sector del petróleo. En violación de la retórica del Banco Mundial sobre el buen gobierno y la anticorrupción, los PSAs pueden prolongar y empeorar el mal gobierno al permitir que los inversionistas del sector petrolífero y del gas, de hecho pasen por encima de los marcos de trabajo legales que estén débiles o ausentes. Heike Mainhardt-Gibbs, consultor de la ONG estadounidense Centro de Información del Banco (Bank Information Center) dice: «El desarrollo del sector petrolífero promovido por los PSAs hace que sea aún más difícil asegurarse de que los cambios necesarios se lleven a cabo para mejorar el gobierno en general, tales como establecer chequeos y balances entre las agencias gubernamentales y los sectores económicos y sociales. Debido a esta situación potencial, el modelo de contrato PSA promovido por el Banco Mundial puede llevar a Iraq por el camino de la maldición de los recursos (the resource curse).»