Un memorando confidencial del Banco Mundial con fecha de septiembre del 2005, filtrado al Financial Times en noviembre del 2006, dice que los más grandes contratos mineros en la República Democrática del Congo (RDC), y supervisados por el Banco Mundial, fueron aprobados con «una completa falta de transparencia.»
La preocupación ahora se centra sobre si el Banco ha ejercido suficiente supervisión desde que reanudó sus préstamos al Congo en el 2001, y si está reticente en sacrificar los intereses de las compañías occidentales en vez de tomar medidas anticorrupción, especialmente desde la reciente inauguración del gobierno de Joseph Kabila.
Los tres contratos, firmados entre la compañía gubernamental Gécamines y tres grupos mineros internacionales, valen varios billones de dólares habiendo sido aprobados en el 2005 durante un gobierno corrupto. Se estima que se firmó una entrega del 80 por ciento de los activos mineros a las compañías mineras privadas. Los contratos fueron aprobados cuando el Banco estaba trabajando en reformas del sector minero, la principal fuente de ingresos estatales del Congo.
En el memo, Craig Andrews, el principal especialista senior en minería del Banco, escribió a Pedro Alba, el Director Nacional del Banco para el Congo, para decirle que los acuerdos «no habían sido completamente analizados, considerados o evaluados» antes de su aprobación, y que el Banco Mundial, que había jugado un papel prominente en la reforma del RDC a su sector minero, podría verse en una situación riesgosa como «de complicidad percibida, y/o de aprobación tácita» de los acuerdos.
Tricia Feeney de la ONG británica Derechos y Rendición de Cuentas en el Desarrollo (RAID – Rights and Accountability in Development), dijo que la mayoría de las concesiones realizadas por Gécamines fueron concedidas a puerta cerrada en violación del código minero, que fue creado con el apoyo del Banco Mundial en el 2002. Los acuerdos, aparentemente, fueron firmados antes de que se llevara a cabo la reestructuración financiera de Gécamines financiada por el Banco, dejando apenas la cubierta de una compañía. En enero del 2006, Jean Pierre Muteba, el líder del Nouvelle Dynamique Syndicale, un sindicato con base en Kananga, pidió que estos contratos fueran renegociados.
Jean-Michel Happi, el Gerente Nacional del Banco Mundial en el Congo, dijo que se habían comisionado auditorías legales y financieras de Gécamines, los cuales ayudarán al Gobierno a tomar una decisión sobre la posible revisión de los contratos. Sin embargo, Paul Fortin, quien fue traído por el Banco Mundial para manejar Gécamines, dijo al Financial Times en noviembre del 2006, que a pesar de que él recomendaría cambios en los contratos de manera que beneficiaran a la compañía, él no esperaba cambios importantes: «Si la revisión se hace en forma tal que todo tiene que ser revisado, entonces estaríamos retrocediendo.» Los aliados del Presidente, Joseph Kabila, en la Junta de Gécamines, todavía pueden ejercer los poderes del veto sobre cualquier recomendación hecha por Fortin.
Una investigación parlamentaria del 2005, sobre los contratos mineros firmados durante la guerra y bajo el Gobierno provisional, conocida como la Comisión Lutundula, concluyó que muchos de los contratos deberían ser renegociados o cancelados. Sin embargo, el Banco Mundial y otros donantes han sido renuentes a seguir adelante con esa idea. En febrero del 2006, RAID, le pidió al Presidente del Banco, Wolfowitz, que investigara por qué el programa del Banco para la reestructuración del sector minero de RDC había resultado tan desastroso. Hasta el momento el Banco ha fallado en dar atención a las recomendaciones de RAID de nombrar un panel independiente de expertos para que examinen la legalidad de todos los contratos mineros firmados por el Gobierno provisional desde el 2003, de acuerdo con los términos del acuerdo que regulaba la transición, y con la ley congolesa y el derecho internacional. Feeney dijo: «Ahora que ya hay un gobierno electo, no puede haber excusas para no combatir la corrupción y apoyar el buen gobierno.» «Ver si el Banco Mundial hace públicas sus auditorias financieras y del medio ambiente de Gécamines será una prueba importante para constatar su compromiso con la transparencia en las industrias extractivas.»
En un proceso aparte, a principios del 2006 el Departamento de Integridad Institucional del Banco lanzó una investigación sobre los reclamos de que el Gobierno provisional del Congo había utilizado mal millones de dólares de los fondos del Banco, destinados a agilizar el desmantelamiento de las milicias y a proyectos de reconstrucción. Los resultados de las auditorías aún no han sido publicados.
