El informe de una coalición de ONGs alemanas hace preguntas críticas en relación con las obligaciones hacia los derechos humanos extraterritoriales de Alemania, cuando se toman decisiones en las juntas de los bancos multilaterales del desarrollo. Como Estado miembro del Acuerdo Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales, Alemania (y por implicación los otros Estados) está obligada a implementar las obligaciones impuestas por los derechos humanos «a través de la asistencia y cooperación internacionales.» Tomando como ejemplos la represa Nam Theun 2 en Laos PDR, la represa Chixoy en Guatemala y la mina de oro Ahafo en Ghana, el informe afirma que todos los actores involucrados son responsables si un proyecto de desarrollo lleva a la violación de los derechos humanos, y por lo tanto deben participar en proporcionar una adecuada reparación a las víctimas. Sin embargo, las personas afectadas por este tipo de proyectos, quienes no son reconocidas de tener derechos por los Directores Gerentes de los Bancos, tienen enormes dificultades para conseguir compensaciones adecuadas. El informe también considera otros asuntos más amplios relacionados con las quejas y los mecanismos de respuesta, el recurso legal, los remedios efectivos, y los mecanismos de monitoreo, que apenas están siendo tratados con relación a las IFIs.