En el momento en el que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostiene su cuarta sesión, los últimos meses han visto dinámicos procesos sobre los derechos humanos y la financiación del desarrollo en apoyo de los argumentos de que las instituciones financieras internacionales sí son responsables por la rendicion de cuentas, de acuerdo con el derecho internacional.

En su último informe, Jean Ziegler, el Representante Especial del Derecho a los Alimentos (ver Boletín 48), declara que los derechos humanos deben ser extendidos para incorporar los abusos potenciales de poder del Banco Mundial y del FMI, y que estas organizaciones tienen una personalidad legal de acuerdo con el derecho internacional. Él afirmó que los estados deben abstenerse de tomar decisiones dentro del Banco Mundial y el FMI «que puedan llevar a la violación del derecho a los alimentos en otros países.» El Sr. Ziegler llama la atención sobre la Resolución 60/165 de la Asamblea General de la ONU sobre el derecho a los alimentos, la cual invita al Banco Mundial y al FMI a «promover las políticas y los proyectos que tengan un impacto positivo sobre el derecho a los alimentos. y a evitar cualquier acción que pueda tener un impacto negativo en su realización.»

Ziegler encuentra que los programas del BM/FMI han socavado la seguridad alimenticia para las poblaciones vulnerables. Se refiere al caso de Zambia, donde la misma evaluación del FMI encontró que la rápida liberalización de la economía causó una caída en el consumo de maíz del 20 por ciento de los zambianos pobres, entre 1990 y 1997. Como parte de esta investigación, Ziegler escribió a los representantes del Banco Mundial, sobre proyectos relacionados con la violación de los derechos humanos en: el Proyecto Minero de Oro Ahafo Sur en Ghana financiado por la CIF, en el Proyecto de Drenaje del Banco Izquierdo de Pakistán, y en el Proyecto de la Represa Nam Theun 2 en la República Democrática Popular de Laos. Estas comunicaciones pueden verse en un resumen del informe para el Consejo de los Derechos Humanos. Hasta el momento no se ha recibido una respuesta del Banco Mundial.

El Experto Independiente de la ONU llevó a cabo consultas con personal del BM/FMI, como parte del mandato Bernard Mudho en la redacción de guías generales para los Estados y las IFIs, y así asegurarse de que el cumplimiento de los compromisos derivados de la deuda externa no socavaran las obligaciones para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. El informe resultante del Experto Independiente de enero del 2007, criticó el marco para la sostenibilidad de la deuda por su dependencia en los análisis del Banco Mundial y por enfocarse en la habilidad financiera de los países para servir a la deuda, más bien que para conseguir la reducción de la pobreza y los objetivos de los derechos humanos.

Ziegler también criticó las políticas de condicionalidad del BM/FMI incluyendo las tarifas de usuarios para la salud y la educación, la liberalización del comercio, la privatización de las empresas estatales, el mal gobierno y las reformas de la educación pública por socavar las habilidades de los países para cumplir con sus obligaciones de los derechos humanos.

En febrero del 2007, John Ruggie, el Representante Especial de la ONU para los Derechos Humanos en relación con las corporaciones transnacionales (TNCs) y otras empresas de negocios, llevó a cabo una consulta sobre los derechos humanos y el sector financiero, con representantes de la sociedad civil, de la CIF, de los bancos privados y de las agencias exportadoras de crédito. Los argumentos de los grupos de la sociedad civil incluyeron:

• Las instituciones financieras públicas tienen la obligación de asegurarse de que sus clientes cumplen con los estándares internacionales de los derechos humanos.
• Las evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos tienen que estar dentro y ser parte de los marcos normativos y de regulaciones nacionales e internacionales.
• Deben impedirse los acuerdos con los gobiernos anfitriones que eximen al sector privado del cumplimiento de la ley nacional y que restringen el acceso a la justicia por parte de las personas afectadas por los proyectos.

Las ONGs le dieron la bienvenida a esta consulta como una medida positiva que amplia el enfoque del Representante Especial más allá de las TNCs. Sin embargo, muchos activistas de derechos humanos están preocupados por la confianza que tiene Ruggie en los estándares voluntarios y en el papel de los mecanismos de mercado para establecer prácticas de rendición de cuentas. Ellas/ellos se sienten decepcionados de que el Representante Especial de la ONU, no haya reconocido el hecho de que los estados muchas veces pueden estar en posiciones débiles para enfrentar las compañías multinacionales y obtener justicia, aún cuando técnicamente las herramientas legales y políticas estén disponibles.

Karyn Keenan de la ONG canadiense Halifax Initiative resumió la situación diciendo: «Las IFIs han jugado un papel importante facilitando la reforma y la liberalización de las leyes domésticas, de los marcos regulatorios y de los mercados que permiten a las empresas comerciales operar como lo hacen. Las IFIs además han tenido su parte en la creación de zonas de ‘gobiernos débiles’ a las que se refiere Ruggie. Por lo tanto urgimos al Representante Especial para que confronte las responsabilidades sobre los derechos humanos de las IFIs como parte de su mandato.»

En el análisis legal escrito para una audiencia sobre la violación de los derechos humanos y las responsabilidades de las IFIs ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y presentando por las ONGs: el Centro de Recursos Legales Indígenas, el Centro Internacional Legal del Medio Ambiente y Oxfam América, se demostró que las políticas operacionales internas de las IFIs y los mecanismos de investigación no son equivalentes a los mecanismos de los derechos humanos establecidos en los sistemas regionales y universales, y que las IFIs sí son responsables cuando los proyectos que apoyaban infringen los derechos humanos.

¿Está haciendo un impacto la CIF?

Contrario a lo que había dicho al principio, la CIF recientemente declaró que su Evaluación Sobre el Impacto de Los Derechos Humanos (HRIA) ver Boletín 52, sí será ensayada antes de que se inicie la consulta pública. En una carta dirigida a Houria Sammari de la CIF, los defensores de los derechos humanos reconocen como un paso potencialmente progresivo el movimiento de la CIF para adoptar el HRIA. Sin embargo, para que esto sea verdaderamente progresivo las directrices deben ser «sujetas a un escrutinio general público antes de su adopción.» Tom Griffiths de la NGO el Programa Gentes del Bosque del Reino Unido, dijo: «La CIF ha dejado bien claro que ellos están adelantando un abordaje `flexible’ hacia su HRIA. Sin embargo, para que esta herramienta refleje efectivamente las mejores prácticas, no puede permitirle a las compañías que hagan lo que quieran y además deber estar enmarcada en la jurisprudencia existente donde no haya lugar para interpretaciones.»