El 30 de mayo de 2007, el Parlamento español aprobó una moción exigiendo al poder ejecutivo que reportara anualmente las posiciones españolas adoptadas en el Banco Mundial y en el FMI. El Gobierno español también tendrá que presentar un informe sobre las decisiones tomadas por estas Instituciones en relación con la deuda extranjera, "la lucha en contra de la pobreza", y con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La moción pide: Mayor transparencia en relación con los recursos financieros asignados al Banco y al Fondo; una presencia más fuerte de los expertos y profesionales del desarrollo en las IFIs; y la promoción de la investigación sobre el impacto socioeconómico de las acciones que las IFIs llevan a cabo como consecuencia de la iniciativa española.