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¿Evitando la deforestación pero violando los derechos?

16 July 2007

Suenan las alarmas sobre la ‘deforestación evitada’, la última de las herramientas del Banco Mundial en la lucha contra el cambio climático. Un informe de Greenpeace ha hecho una fuerte crítica de la falla del Banco al no controlar la industria maderera en la República Democrática del Congo (RDC).

Se estima que la deforestación es responsable por un 20% de las emisiones globales de carbono. En junio de 2007, el Banco recibió $250 millones para un fondo de inversión que premie a los países como Indonesia, Brasil y Congo por su ‘deforestación evitada’ (AD – Avoided Deforestation). Los inversionistas privados se han reservado su juicio sobre este fondo: Bajo el Protocolo de Kyoto, salvar árboles existentes no califica como una forma de generar créditos de emisiones en el mercado internacional del carbono.

Un nuevo informe del Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP- Forest Peoples Programme) advierte que el propuesto modelo ‘deforestación evitada’ del Banco Mundial fue desarrollado sin haber tenido una comunicación significativa con las ONGs del Sur, con los grupos indígenas o con los gobiernos del Sur. A pesar de las referencias de "gestión comunitaria de bosques", este modelo puede continuar siendo uno más de los modelos desacreditados del Banco en relación con el "desarrollo" de bosques/selvas, tales como la plantación de bosques en gran escala (ver Boletín 46). También tendrá importantes implicaciones para la gestión de bosques/selvas, debido especialmente al efecto que tendrá sobre los medios de vida y las culturas de millones de personas y comunidades que dependen de los bosques/selvas para su subsistencia y medios de vida. Al explorar las propuestas del Banco Mundial, incluyendo la Alianza Global de Bosques (GEF – Global Forest Alliance) y la Facilidad de Asociación de Carbono de Bosques (Forest Carbon Partnership Facility), FPP teme las consecuencias y riesgos de la rápida expansión de los planes AD, debido a:

  • El apoyo de modelos de conservación de bosques/selvas que llevan al desalojo y a las expropiaciones;
  • La forma injusta de poner como objetivo a las personas indígenas y marginales como responsables de la deforestación;
  • Las violaciones de las tierras ancestrales y de los derechos territoriales; y
  • El aumento de la inequidad y del posible conflicto entre quienes reciben y los que no reciben fondos AD.

El Congo descontrolado

Greenpeace publicó un informe en abril de 2007, ‘Repartiéndose el Congo’, que documenta el daño social y ambiental causado por las compañías madereras internacionales en la RDC. Greenpeace critica los pobres esfuerzos del Banco Mundial para controlar la industria maderera "al tiempo que la selva tropical está vendiéndose bajo la ilusión de que la destrucción de la selva alivia la pobreza." El informe pide al Banco que tome medidas urgentes para parar la expansión de la industria maderera en el país, y para que se cancelen los derechos de explotación emitidos desde mayo de 2002, los cuales fueron autorizados a pesar del moratorio nacional sobre nuevas concesiones.

Algunos de los asuntos más importantes presentados en este informe incluyen: Los pagos insignificantes tales como bolsas de sal y de cerveza, hechos a los líderes de las comunidades a cambio de lucrativos derechos madereros; la destrucción de los habitas críticos para la supervivencia de las comunidades indígenas forestales del Congo; la amplia corrupción en la emisión de los contratos madereros; y la enorme liberación de gases de invernadero causada por la deforestación.

El Banco es el donante con mayor influencia del Congo, que anima la inversión en los recursos naturales del país, y desde el 2001 le ha prestado más de $2 mil millones al país. Durante las reuniones de primavera del Banco, a Greenpeace se unieron las organizaciones Derechos de las ONGs y Rendición de Cuentas en el Desarrollo (RAID – NGOs Rights and Accountability in Development) y Fundación de Selvas Tropicales (Rainforest Foundation) al revelar que la minería y la tala de árboles en la RDC estaban fuera de control, con devastadores efectos para las comunidades locales y el medio ambiente. Una petición firmada por más de 100 organizaciones fue entregada al Banco Mundial pidiendo que se renegociaran los contratos mineros de la RDC (ver Boletín 54). Las ONGs urgen al Banco para que se asegure que su asesoría y sus préstamos no faciliten el saqueo privado de los recursos naturales del país.