El brazo del sector privado del Banco Mundial, la Corporación Internacional Financiera CIF (IFC – International Finance Corporation) planea duplicar su inversión minera en África y aumentar su trabajo en el Sureste de Asia, creando gran preocupación y malestar de la sociedad civil en relación con los derechos de las comunidades afectadas.

La CIF en África planea diversificar su portafolio dominante en oro hacia el cobre, el aluminio y los minerales ferrosos. En el 2006, se aprobaron $280 millones para tres proyectos mineros: $125 millones para la controversial mina de oro Ahafo en Ghana (ver Boletín 50), $5 millones para un proyecto de metales ferrosos en Guinea, y $150 millones para una mina de platino en Sur África.

10.000 pobladores perdieron sus hogares y medios de vida debido a la mina de oro Ahafo, y durante la segunda fase se espera el desplazamiento de miles de personas más que viven de la agricultura. La Red de Acción Alimentos Primero de Ghana (FIAN – Food First Information and Action Network) y la Asociación de Comunidades Wassa de Afectados por la Minería (Wassa Association of Communities Affected by Mining) le han pedido al Gobierno que juegue un papel más fuerte y normativo para mitigar los impactos negativos de la minería sobre las comunidades locales. El Coordinador de FIAN, Mike Anane, cree que las leyes de Ghana "deberían proteger el derecho de las comunidades a un consentimiento libre e informado en relación con los proyectos mineros en las tierras comunitarias."

La declaración de la sociedad civil presentada en una reunión de la Comisión Africana sobre los Derechos Humanos y de las Personas en Ghana, en mayo de 2007, expresa la gran preocupación de que "la continua extracción de los recursos naturales en minería específica de petróleo, gas y maderas por las compañías multinacionales. y por los estados y los organismos internacionales ha producido una grave y sistemática violación de los derechos humanos." Esta declaración fue firmada por 45 representantes de las comunidades afectadas y por ONGs de Camerún, Ghana, Liberia, Gambia, y Zambia. La declaración pidió a la Comisión que condenara el patrón de la violación de derechos humanos resultante de la actividad del sector extractivo, que investigara los abusos y que nombrara un reportero especial para el sector extractivo y los derechos humanos.

En el Sureste del Asia el aumento de la actividad de la CIF se concentrará en Indonesia, las Filipinas y Vietnam. Proveerá mitigación de riesgo para los proyectos mineros, ayudará a las compañías a entenderse con los "impactos sociales y ambientales de la minería" y desarrollará relaciones con la comunidad. Karsten Fuelster de la nueva división de la CIF para el Sureste de Asia dice: "Vemos que las incertidumbres de la minería en Asia pueden requerir de una institución como la nuestra para que actúe como un honesto intermediario para traer algo de estabilidad." En Vietnam la CIF está interesada en las industrias de la bauxita, del níquel y del carbón. En Indonesia el Banco está en conversaciones con el Gobierno en relación con la elaboración de su nueva ley minera. Cabe mencionar que esta situación en otros países ha sido utilizada para abrir el sector minero a las compañías multinacionales (ver Boletines 37 y 47).

Una nueva Guía de la Política del Banco Mundial en relación con las personas indígenas de las poblaciones afectadas, elaborada por el Programa para los Pueblos de los Bosques (ONG del Reino Unido), explica las normas que los proyectos del Banco Mundial deben seguir, y los procesos y conceptos clave que el Banco debe cumplir tales como la evaluación social y el apoyo general de la comunidad.

Un informe de la ONG estadounidense, Instituto de Recursos Mundiales, presenta el caso de negocios para incorporar "el consentimiento libre, informado y anterior" (FPIC – "free prior and informed consent"), pues ellos afirman que éste es elemento clave de la legitimidad en los proyectos de desarrollo a gran escala. El FPIC está siendo reconocido gradualmente en la ley y normas internacionales, y en las prácticas y directrices voluntarias de buena práctica. Sin embargo, los patrocinadores y financieros de los proyectos de alto riesgo pueden requerir de las consultas como parte de su evaluación pero rara vez exigen que se logre el consentimiento.