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Amenazas de retiro al tribunal de inversiones del Banco

16 July 2007

Los líderes de Bolivia, Venezuela y Nicaragua estuvieron de acuerdo a finales de abril de 2007 en retirarse del Centro Internacional de Resolución de Disputas en Inversiones (ICSID – World Bank’s International Centre for the Settlement of Investment Disputes), el Tribunal donde se reglamentan los casos en contra de los gobiernos que presentan los inversionistas extranjeros.

De los tres países, solo Bolivia ha declarado formalmente su intención de retirarse de la Convención del ICSID. Evo Morales, Presidente de Bolivia dijo que: “(Nosotros) En forma enfática rechazamos la presión legal, de los medios y la diplomática de algunas multinacionales que… se resisten a las decisiones soberanas de los países, haciendo amenazas e iniciando procesos de arbitramento internacional.” Bolivia busca limitar el arbitraje inversionistas/estado a los foros domésticos, más bien que a los sitios internacionales de reunión tales como el ICSID. El movimiento llega en un momento en que el país está en el medio de la nacionalización de sectores clave de la economía, con inversionistas extranjeros insinuando un arbitramento internacional como un posible recurso.

Las implicaciones del movimiento de Bolivia no están claras puesto que ningún gobierno se ha retirado previamente del ICSID. Los estatutos del ICSID establecen que “la denuncia” se efectuará seis meses después de que el Banco Mundial haya recibido la noticia del retiro. Hay desacuerdos legales sobre si futuros arbitramentos contra Bolivia (o inversiones anteriores a la fecha del retiro) continuarían siendo atendidos por el ICSIDC como aparece en numerosos tratados bilaterales de inversión.

De acuerdo con un nuevo reporte de la ONG estadounidense Observadora de Alimentos y Agua Cambiando las Reglas de los Inversionistas Corporativos (Food and Water Watch, Challenging corporate investor rule), los tribunales del ICSID han legislado a favor de los inversionistas en más de una tercera parte de los casos, mientras que en otra tercera parte los casos se han resuelto fuera de la Corte con compensaciones para el inversionista. “Cuando los contratos fallan, lo cual es inevitable cuando las corporaciones privadas no desean proveer las inversiones necesarias para mantener, construir y expandir los sistemas de agua, la protección a los inversionistas permite a las compañías demandar escandalosos acuerdos con los países que ellos han fallado en servir,” dice el Director Wenonah Hauter.

El ICSID enfrenta crecientes desafíos a su autoridad, en la medida en que emergen las contradicciones de la aplicación de su reglamentación contra Argentina. Y actualmente los grupos de la sociedad civil también demandan su derecho a ser oídos en la presentación de los informes (‘amicus curae’) en el caso de la multinacional británica Biwater en contra de Tanzania.