El Banco Mundial se prepara para lanzar su Facilidad de Asociación de Bosques y de Carbono (FCPF – Forest Carbon Partnership Facility), cuyo objetivo es catalizar el mercado para los créditos de emisiones de carbono de la deforestación evitada. Sin embargo, muchos expertos forestales no están convencidos teniendo en cuenta los desastres previamente inducidos por las IFIs y la posibilidad de que este marco de trabajo beneficie a la industria en gran escala de tala de bosques.

Se critica a la FCPF por pilotar un sistema de comercio de carbono que permite emisiones adicionales de combustibles fósiles en países industrializados, a cambio de la reducción de emisiones de la deforestación y de la degradación forestal evitada, post 2012, cuando termina el actual Protocolo de Kyoto (ver Boletín 56). El volumen de la meta de la Facilidad será de aproximadamente $250 millones. Se espera su lanzamiento en la Conferencia del Cambio Climático de la ONU en noviembre de 2007, en Bali.

La FCPF consistirá en:

la FCPF podría fácilmente crear una nueva fuente de ingresos para las compañías madereras, los gobiernos y los inversionistas

• El ‘mecanismo listo’ para ayudar a 20 países en desarrollo interesados, en medir sus depósitos de carbono forestal, identificar sus emisiones forestales relacionadas con el carbono y preparar una estrategia para reducirlos; y
• El ‘mecanismo de financiación de carbono’ para facilitar los pagos a un pequeño número de países «que alcancen reducciones de las emisiones que sean medibles y verificables» al catalizar las compras de créditos públicos y privados. Indonesia, Papua Nueva Guinea, Costa Rica, Brasil y la República Democrática del Congo (RDC) se nombran como los posibles países piloto.

Los cambios del uso de la tierra y la deforestación producen anualmente una quinta parte de las emisiones de gas invernadero. Hay mucha preocupación sobre el propuesto diseño y sobre los impactos de la FCPF, los cuales son inciertos aún. Sin una consulta adecuada, y sin el fortalecimiento previo de los derechos de tenencia de la tierra comunitaria y de la capacidad de protección legal de los bosques y las selvas, la FCPF podría fácilmente crear una nueva fuente de ingresos para las compañías madereras, los gobiernos y los inversionistas. En forma similar, también podría fracasar asegurando una reducción genuina a largo plazo en las emisiones del carbono, o en la protección de los recursos selváticos de la degradación, o en conseguir beneficios equitativos para las personas pobres (especialmente para las comunidades dependientes de la selva). También es cuestionable si los cinco países actualmente propuestos para los proyectos piloto para el mecanismo de la financiación de carbono, tienen en el momento la suficiente capacidad de hacer cumplir los compromisos de la deforestación evitada, teniendo en cuenta su pobre historial de mal manejo de las selvas.

Una carta de septiembre de 2007 a Benoît Bosquet de la Unidad de Financiación de Carbono del Banco, enviada por las ONGs Rainforest Foundation, Global Witness, Greenpeace y Forests Monitor, pide encarecidamente al Banco que escriba de nuevo su nota conceptual de la FCPF, para asegurarse de que las grandes compañías madereras no se beneficien del presente marco de trabajo. Las ONGs dicen que el Banco debe aprender las lecciones de los errores pasados, tal como ocurrió en Cambodia (ver Boletín 51), antes de lanzar sus nuevas actividades forestales. Las organizaciones también preguntan cómo se han tenido en cuenta las conclusiones de la revisión de la Estrategia de la Implementación Forestal del Banco, aún sin publicar, en el diseño de la FCPF.

Una carta enviada por seis Senadores en agosto de 2007 al Presidente del Banco, manifestó su preocupación sobre las altamente destructivas prácticas madereras en la RDC. Las/los Senadores dijeron estar «preocupados por la falta de compromiso del Banco para implementar el plan de desarrollo sostenible que el mismo ayudó a establecer.» El Banco jugó un papel clave en el diseño del nuevo código forestal de la RDC, pero no se ha preocupado en asegurarse de que los necesarios decretos legales de implementación se hayan desarrollado. El Banco también apoyó una moratoria en el 2002 sobre el asunto de los nuevos títulos de explotación maderera (ver Boletín 50), pero desde su firma, más de 100 contratos que cubren 57.000 millas cuadradas de selvas han sido concedidos a las compañías madereras internacionales.

Según la Fundación de las Selvas (Rainforest Foundation), la cual obtuvo un avance filtrado de una investigación cáustica del Panel de Inspección sobre el apoyo del Banco al manejo de las selvas de la RDC, el Banco ha violado numerosas políticas de salvaguarda, ha rebajado proyectos a nuevos niveles de riesgo y ha fracasado en reconocer a las comunidades dependientes de las selvas.

La CIF está financiando al grupo OLAM International Ltd. con sede en Singapur, el cual fue recientemente acusado de comerciar madera conseguida ilegalmente de compañías locales cuyos permisos habían expirado, en la provincia de Bandundu en la RDC. En el 2005 a OLAM le concedieron títulos madereros cubriendo 300.000 hectáreas en violación de la moratoria. Desde el 2006 la CIF ha mantenido $11.2 millones en préstamos y garantías para la OLAM. En mayo de 2007, Greenpeace escribió a la CIF pidiéndole que se deshiciera de OLAM en base a sus títulos madereros ilegales. Sin embargo este pedido fue rechazado en julio de 2007.

Un informe de Jubilee Australia explora la influencia de las intervenciones de la CIF en la deforestación de Indonesia y Pagua Nueva Guinea. El paquete de rescate del FMI para Indonesia después de la crisis financiera asiática de 1997, llevó a un aumento en la explotación de los recursos naturales para conseguir más ingresos. Debido a la presión del FMI, en 1998 el Gobierno de Indonesia levantó una prohibición de 10 años sobre la exportación de maderas crudas sin terminar. Los cortes en el gasto público y la privatización de los activos públicos debilitaron las medidas gubernamentales de protección ambiental, dejando a los recursos de las selvas desprotegidos ante los operadores piratas