La CIF está escalando sus inversiones en países de bajos ingresos y alto riesgo «como parte de su misión de desarrollo», y está en la pista para hacer una doble financiación de la minería en África (ver Boletín 56). Sin embargo, sus intentos de posicionarse como la ‘experta’ del medio ambiente y de los derechos humanos en estos sectores carecen de credibilidad.
Una coalición de ONGs incluyendo a World Wildlife Fund, Earthworks y Oxfam, señala el fracaso de la CIF según el borrador recientemente publicado sobre las directrices del Medio Ambiente, la Salud y la Seguridad para el sector minero. Este fracaso se atribuye a que no específica las medidas necesarias para proteger a las comunidades locales y el medio ambiente afectados, que en algunos casos, tampoco cumple con los estándares existentes de la buena práctica de la industria minera. Las organizaciones pidieron a la CIF que escribiera de nuevo las directrices en colaboración con los expertos independientes y con las organizaciones de la sociedad civil, y tambiÚn que ‘documente las contribuciones reales que los proyectos mineros hacen para la reducción de la pobreza.’
Paradójicamente la CIF, junto con la ONU, ahora está ayudando al Concejo Internacional de Minería y Metalurgia, el cual representa las 16 compañías mineras más grandes del mundo, a desarrollar un «galardón de excelencia» para los estándares en la protección ambiental y la seguridad minera. Esto aparentemente en respuesta a la competencia en aumento de China por los recursos naturales de África y para ayudar a la industria a defenderse de las críticas que les hacen las/los activistas del medio ambiente y de los derechos humanos.
La CIF de hecho no requiere una evaluación del impacto sobre los derechos humanos
En junio de 2007, la CIF publicó su Guía para la Evaluación del Impacto sobre los derechos humanos y su manejo, para que fuera ‘probada’ por las compañías, y el resultado será incorporado en una visión revisada a mediados de 2009. La afirmación de la CIF de que su «política sostenible y de desempeño toma como referencias las normas internacionalmente convenidas de los derechos humanos», ha sido retada anteriormente por organizaciones tales como Amnistía Internacional, en base de que utiliza un lenguaje y unos conceptos vagos y abiertos a la interpretación, y por su falla al no asegurarse de que sus estándares cumplan con la ley internacional (ver Boletines 52 y 53). La CIF de hecho no requiere una evaluación del impacto sobre los derechos humanos como parte de su tarea de prestar dinero a las compañías. La CIF en su diseño de la Guía, no consultó lo suficiente con las comunidades afectadas y con las/los expertos de la sociedad civil.
John Ruggie, el representante especial de la ONU para los negocios y los derechos humanos, en una medida potencialmente positiva (ver Boletín 55), lanzó recientemente un estudio conjunto con la CIF sobre las inversiones directas extranjeras y los derechos humanos. El objetivo de este estudio es el de examinar la relación entre los ‘derechos’ de los inversionistas y las obligaciones de los estados anfitriones en relación con los derechos humanos (ver Boletín 47). El estudio que debe completarse en la primavera de 2008, mirará al impacto potencial de estas cláusulas en la habilidad de los estados anfitriones para adoptar e implementar nuevas leyes sobre los derechos humanos para el trabajo, la protección del medio ambiente y la provisión de servicios públicos esenciales como el agua.