La Represa Nam Theun 2, NT2, en Lao PDR en la República Democrática del Pueblo de LAO, financiada por el Banco Mundial está bajo escrutinio por su violación de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas, y además por no haber cumplido con las metas de desarrollo y del medio ambiente prometidas (ver Boletines 56, 45)

Un informe de septiembre de 2007 del panel de la compañía NT2 formado por ‘expertos internacionales’ señala que restaurar los medios de vida de las personas afectadas podría tomar nueve años y «seguramente más», advierte sobre el «empobrecimiento significativo» en cientos de pueblos afectados, y también afirma que se requiere de más ayuda por parte de los donantes. Este informe después de su publicación se ha constituido en el objeto de un intercambio airado entre la ONG canadiense Probe Internacional y el Banco Mundial y otros representantes del proyecto.

En carta de diciembre del 2007 al editor del periódico tailandés, The Nation, Grainne Ryder de Probe International menciona numerosas fallas del proyecto en lo relacionado con lo social y ambiental, diciendo que los ingresos del proyecto deberían ir directamente a los lugareños que están sufriendo pérdidas debido a las operaciones de la represa. En una indignada respuesta, Peter Stephens, el Oficial de Comunicaciones del Banco dice que Probe malinterpretó el informe de los expertos, y afirma que el proyecto generará $2.000 millones durante los próximos 25 años para la reducción de la pobreza, y que el proyecto «gradualmente está superando los retos.» El Banco también anunció que publicará un libro sobre los retos presentados con NT2, optimistamente titulado ‘Haciendo bien las represas’ (Doing dams right), para finales de este año.

restaurar los medios de vida de las personas afectadas podría tomar nueve años y "seguramente más"

En un informe de noviembre del 2007 al Consejo de los Derechos Humanos, Rodolfo Stavenhagen, reportero especial de la ONU sobre los derechos humanos y las personas indígenas, dice que las reubicaciones o reasentamientos forzados debido a la construcción de los mega proyectos a nombre del «desarrollo nacional» son unas «de las más serias amenazas para la supervivencia de las personas indígenas en Asia.» Él menciona a NT2 como un ejemplo debido al desplazamiento de hasta 6.200 indígenas. También se refiere a los informes de Lao PDR sobre la falta de reconocimiento que se le ha dado a los derechos de las personas indígenas, y a las amenazas e intimidación en contra de miembros de los grupos indígenas y los grupos tribales.

Un segundo informe por el reportero especial cita ejemplos de cómo las estrategias nacionales de reducción de la pobreza han fallado en responder a las prioridades de las personas indígenas, al no reconocer sus derechos comunitarios a la tierra y a los recursos. Afirma que «los donantes multilaterales también tienen la responsabilidad del cuidado en relación con las políticas y los programas a favor de las personas indígenas.» El reportero da una definición comprehensiva del término ‘consentimiento libre anterior y bien informado’, y dice que la aplicación de este principio «es un prerrequisito básico para asegurar el respeto de los derechos de las personas indígenas a la autodeterminación.»

El Banco Mundial lamentablemente no aplica este principio, ya que reemplazó el término con «consentimiento libre anterior y bien informado que lleve al apoyo general de la comunidad», en medio de mucha crítica (ver Boletín 56). Este informe de la ONU recomienda que los donantes y las agencias internacionales «deben abstenerse de apoyar programas y proyectos que en forma directa o indirecta, llevan o puedan llevar a la violación de los derechos de las personas indígenas en los países que reciben ayuda para el desarrollo.»