Un informe del organismo de evaluación del FMI encontró fallas en el excesivo uso de la condicionalidad estructural, y parcialmente culpó a los donantes por este problema. Sin embargo, los críticos de la sociedad civil no están satisfechos con el alcance de este informe o con los cambios aceptados por el Fondo.

Las condiciones estructurales son las reformas económicas y políticas requeridas por el FMI, tales como la privatización de las empresas públicas, y son diferentes de las condiciones cuantitativas tales como las metas inflacionarias. El informe de enero del 2008 de la Oficina de Evaluación Independiente (IEO – Independent Evaluation Office) revisó todas las operaciones crediticias del Fondo entre 1995 y 2004, y encontró que los programas del FMI, tanto para países de bajos como medianos ingresos, tenían un promedio de 17 condiciones estructurales.

Haciendo eco a la crítica pasada del IEO (Ver Boletín 55 ), Soren Ambrose de la ONG, Centro de Información del Banco en la oficina de África, lamentó el limitado abordaje. «Desafortunadamente, en su evaluación la IEO no considera el contenido de las condiciones. Por lo tanto se deja a un lado el asunto de la ideología errónea… no se hace ningún intento de medir la intromisión de las condiciones sobre la libertad de los gobiernos para determinar sus propias políticas económicas.»

"Si la condicionalidad solo logra reformas menores de corto plazo, ésta es una razón más para ver que es impuesta

El informe se enfoca en si las condiciones del FMI fueron ‘eficaces’ para producir la reforma estructural y si los esfuerzos, lanzados en el 2000 para simplificar la condicionalidad (ver Boletín 22), tuvieron éxito. La IEO define la eficacia como «la condicionalidad estructural es eficaz cuando produce reformas estructurales de seguimiento». El informe encontró «solo un vínculo débil» con un 40% de las reformas estando estancadas y un 5% reversadas. Esto llevó a Benedicte Bull, un investigador de la Universidad de Oslo, a manifestar su escepticismo sobre el sentido de pertenencia de los gobiernos sobre los programas del FMI: «Si la condicionalidad solo logra reformas menores de corto plazo, ésta es una razón más para ver que es impuesta.»

La IEO encontró que la tasa de cumplimiento para la condicionalidad estructural estaba baja pues era de un 54%. Ambrose piensa que el bajo cumplimiento «sugiere que el FMI está tratando de forzar a los países a tomar medidas más drásticas que las necesarias para la realización de los objetivos de su programa… frecuentemente a costa del crecimiento económico y de los gastos en la salud y la educación.»

El informe no encontró una diferencia estadística significativa en el número de condiciones después de que el FMI aprobó sus nuevas directrices de condicionalidad en el 2002. Observó que «la condicionalidad cambió saliendo de la privatización de las empresas propiedad del gobierno y de la reforma comercial hacia la política y administración tributarias, la gerencia de los gastos públicos y la reforma del sector financiero».

La IEO colocó parte de la culpa por la falta de progreso en la reducción de la condicionalidad a la puerta de los donantes. «Los arreglos del Fondo fueron usados por los donantes y otros como medidas de seguimiento y mecanismos de aviso para otras iniciativas». A pesar de su afirmación de que el FMI es efectivo en su función de aviso, la IEO cuestiona si éste es un rol apropiado para los instrumentos de préstamo del Fondo. Muchos grupos de la sociedad civil rechazan esta arquitectura de condicionalidad, criticando la condicionalidad conjunta creada por las instituciones multilaterales y los donantes.

Las principales recomendaciones de la IEO fueron: poner un techo al número de condiciones, la eliminación de los puntos de referencia (benchmarks) y de las condiciones que no están en las áreas de especialización centrales del Fondo, y una mejor explicación de la razón detrás de las condiciones. La Junta rechazó los techos y exigió al personal del Fondo que hiciera un mayor esfuerzo para implementar la actual política de condicionalidad y explicara mejor el uso de las condiciones. La ONG Eurodad concluyó su revisión a fondo del informe IEO lamentando que: «La Junta solo reitera los compromisos que ya se habían tomado en el 2002 cuando las directrices de condicionalidad fueron aprobadas».