Por Nancy Dubosse, Afrodad
El Banco Mundial y el FMI están luchando por ponerse al día con los debates globales sobre la deuda ‘odiosa’ y la financiación responsable. Las instituciones han fallado en tomar medidas en relación con los «fondos rapiña» (vulture funds); y han sido muy lentos para solucionar los programas de alivio a la deuda para Haití y Liberia.
En septiembre del 2007, el Banco Mundial publicó el borrador de un informe sobre la deuda ‘odiosa’ (definida como los préstamos que se dan con conocimiento a poderes despóticos para reprimir en vez de beneficiar a su gente) ver Boletín 57. Al tiempo que el informe concede que existe «un análisis de hechos sobre las transacciones irregulares y la consideración que el prestamista supo del uso de sus fondos», el informe no presenta un acuerdo sobre si ésta era una forma útil de clasificar la deuda soberana, y tampoco da recomendaciones sobre lo que debería hacerse en relación con las deudas odiosas.
El Banco pidió a los activistas de campañas que respondieran al documento. Sin embargo no está claro para qué serviría esa respuesta, y por lo tanto los dos lados han estado dialogando sobre cómo llevar el proceso hacia adelante. Se planea una discusión al respecto para una mesa redonda en las Reuniones de Primavera del Banco y el Fondo, en abril del 2008 en Washington.
Al tiempo que los debates sobre las deudas odiosas han mirado las prácticas pasadas de los prestamistas, la pregunta continúa sobre cómo prevenir semejantes situaciones en el futuro. Eurodad, la red de trabajo de Bruselas, ha contribuido a responder este interrogante creando una Carta de Financiación Responsable (Charter on Responsible Financing), la cual intenta mover la atención de las respuestas de las instituciones o las específicas de sector, hacia la preocupación de los préstamos responsables, y la solución justa de las crisis de las deudas con «estándares reconocidos internacionalmente para los préstamos responsables.»
Además de los términos y condiciones técnicas y legales, la Carta de Eurodad habla de la protección de los derechos humanos y del medio ambiente, del consentimiento público, de la transparencia, del aprovisionamiento, de las dificultades de pago, y de las disputas. Sobre el difícil aspecto de los derechos humanos, la Carta estipula que las actividades financiadas no deben violar los derechos (según se detalla en los tratados), en relación con los acuerdos que firman tanto quienes suministran los fondos como quienes los prestan. En forma similar, la financiación no debe contravenir los mínimos estándares aceptados internacionalmente en relación con la protección social, laboral y del medio ambiente. Estos estándares incluyen las políticas de salvaguarda del Banco, los estándares de desempeño de la CIF, y los estándares laborales esenciales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT – International Labour Organization).
Ésta es una diferencia clave entre la Carta de Eurodad y las discusiones realizadas en el G20 sobre una carta de préstamo responsable. La Carta G20, producida en su mayor parte por los países ricos, le teme al crecimiento de los préstamos de China e India y se reporta que fue rechazada por Brasil, China y Sur África. Un texto revisado será discutido en la próxima reunión del G20 en Brasil en noviembre del 2008.
Eurodad ha hecho un llamamiento para que los gobiernos y las agencias donantes adopten su Carta de Financiación Responsable en forma voluntaria, y para que se debatan estos asuntos en la reunión de Finanzas y Desarrollo de la ONU, que se dará en Doha en noviembre del 2008.
El Foro Africano sobre Deuda y Desarrollo (Afrodad – African Forum & Network on Debt & Development) lanzó la campaña de Arbitraje Justo y Transparente de la Deuda (Fair and Transparent Debt Arbitration Campaign), cuyo objetivo es recoger y distribuir evidencia sobre casos de deudas odiosas e ilegítimas a través del mundo, para establecer un mecanismo de arbitraje transparente. Afrodad ya compiló diez carpetas incluyendo casos de: Nigeria, Camerún/Chad, Argentina, y las Filipinas. Afrodad está organizando reuniones en Nigeria y la República Democrática del Congo en abril del 2008, para informar tanto a las/los parlamentarios como a los grupos de la sociedad civil.
Cuidándose de los buitres
Hasta la fecha, once países categorizados en la iniciativa de los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE – Hight Indebted Poor Countries) han sido blanco de los ‘fondos rapiña’ (vulture funds) – actualmente Uganda, Nicaragua, Sierra Leona, Niger, y Zambia son el blanco. Estas compañías compran la ‘mala’ deuda con un descuento y luego tratan de recobrar la cantidad total, generalmente demandando a través de las Cortes. La conmodificación de la deuda pública, particularmente de los países que habían participado en discusiones de alivio a la deuda, da una oportunidad a los fondos rapiña de ganarse un paseo gratis, ya que se benefician del espacio fiscal creado por el alivio a la deuda y de los préstamos para el desarrollo.
En enero del 2008, Bélgica fijó un precedente al pasar una resolución de «salvaguardar la cooperación del desarrollo y el alivio a la deuda de las acciones tomadas por los fondos rapiña.» La legislación trasladada en cláusulas será insertada en futuros acuerdos bilaterales para prevenir que estos fondos se aprovechen de las circunstancias, la legislación también urge a las IFIs para que se aseguren de que las iniciativas del alivio a la deuda sean obligatorias para ambas partes.
En el 2001, el FMI publicó un informe sobre la participación del sector privado en las finanzas internacionales titulado: Cómo Resolver y Prevenir las Crisis Financieras. El informe concede que los fondos rapiña crean una falta de incentivo para que las naciones prestamistas participen en la reestructuración de la deuda al proveer una avenida adicional, a través de la cual pueden recuperar parte de sus préstamos. El FMI como organización que tiene el pulso del mundo de la estabilidad macroeconómica y del manejo de las finanzas públicas, debería poder adoptar una propuesta de acción concreta sobre el asunto de los fondos rapiña, particularmente en relación con sus actividades que afecten a los países PPAE.
Por su lado, el Banco Mundial ha fallado en responder a la llamada de los activistas de la deuda para que expanda la Facilidad de Reducción de la Deuda de la Asociación de Desarrollo Internacional (IDA – International Development Association). Esta Facilidad ayuda a los gobiernos clasificados como PPAE, a comprar de vuelta sus deudas comerciales con un descuento, previniendo así que los fondos rapiñas los asalten.
Actualización de los PPAE: Haití y Liberia
El vínculo entre la deuda externa y el desarrollo nunca ha sido más patente que en el caso de Haití. El alivio a la deuda de $1,2 mil millones ($464 millones se deben al Banco Mundial) finalmente fue concedido condicionado a que el país completara el programa PPAE. El costo de no cumplir con las condiciones del alivio a la deuda para la fecha límite del 2009 es estimado en $44 millones. Desde el punto de vista del desarrollo, el asunto clave es el costo de la oportunidad de la demora del alivio a la deuda y del servicio actual a la deuda, al tiempo que Haití está tratando de completar el programa PPAE.
Liberia tiene una deuda externa de $4,7 mil millones, de los cuales $1,6 mil millones se deben a instituciones multilaterales. En marzo del 2008, después de varias demoras, el FMI finalmente concedió a Liberia el estatus y se comprometió con una financiación de $952 millones. Actualmente Liberia está bajo un Programa de Monitoreo de Personal del FMI para fortalecer sus sistemas de manejo de la financiación pública. Le tomó dos años a Liberia llegar hasta este punto, y no tiene la esperanza de ser liberada de su deuda hasta que haya implementado la Facilidad de Desarrollo y Reducción de la Pobreza durante un año.
