Por Alex Wilks y Marta Ruiz, Eurodad

La ironía de que el FMI otorgue una calificación aceptable a Liechtenstein en lo que respecta al lavado de dinero precisamente el mismo mes en que Alemania lanza una investigación masiva en torno a la evasión de impuestos en ese país alpino muestra que el Fondo aun tiene mucho por hacer si es que desea contribuir a eliminar los flujos ilícitos. Zambia podría estar mostrando el camino para los países pobres.

La preocupación con respecto a que el Fondo pueda estar encubriendo prácticas gubernamentales de carácter dudoso se hizo evidente durante el escándalo en Liechtenstein que salió a la luz en febrero. Luego de arrestar a personas de alto perfil como sospechosos de ser evasores fiscales, Alemania forzó a Liechtenstein a tomar acciones, alegando que estaba socavando su presupuesto al facilitar la evasión de impuestos. Durante el lanzamiento de un informe del FMI en su país a principios de marzo, el Primer Ministro de Liechtenstein, Otmar Hasler, extrajo los mensajes positivos – que «los elogios del FMI muestran que estamos recorriendo un camino exitoso en materia de reforma» y que «la mayoría de las recomendaciones del FMI serán incluidas durante la implementación de la Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea, lo cual es inminente». De hecho, el FMI encontró «estructuras legales discretas y flexibles, un estricto secreto bancario y acuerdos fiscales favorables». Aproximadamente el 90 por ciento de los negocios financieros del país provienen del extranjero y «por su naturaleza, el sector de negocios financieros de Liechtenstein crea un particular riesgo de lavado de dinero».

Parlamentarios del Reino Unido presionaron al director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn durante su visita a Londres a mediados de marzo, con respecto al potencial de que el Fondo ejerza una mayor supervisión sobre los paraísos fiscales. Según se informó, Strauss-Kahn se mostró cauteloso acerca de que el FMI llegue a involucrarse más, diciendo que el Fondo debe ajustarse al mandato de los accionistas. Dicho mandato incluye un programa de vigilancia conocido como Informes sobre el Cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC, por sus siglas en inglés), los cuales constituyen evaluaciones de los sistemas financieros de los países, incluyendo el tema de la lucha contra el lavado de dinero y el combate a la financiación del terrorismo (ver Update 54).

El Fondo puede estar encubriendo prácticas gubernamentales de carácter dudoso

Integrantes de la campaña lanzada por la Red por la Justicia Fiscal (TJN, por sus siglas en inglés) han realizado críticas al marco de los ROSC (ver Update 49). En su blog citan a un experto legal, quien expresa lo siguiente: «la forma en que el FMI ha estado realizando los ROSC ha llevado a que su proceso de vigilancia de centros financieros offshore se convierta en una garantía de aprobación». En un comentario realizado en marzo al Financial Times, los miembros de la TJN, John Christensen y David Spencer, sostuvieron que las actuales iniciativas oficiales, incluyendo los informes del FMI están «legitimando lo ilegítimo» dado que pasan por alto las prácticas bancarias que facilitan la evasión fiscal.

La Red por la Justicia Fiscal (TJN) ha llamado a las empresas a suministrar detalles país por país acerca de dónde obtienen sus ganancias para contribuir a eliminar la fijación del precio de transferencias que facilita la evasión fiscal. Tres ONG alemanas hicieron eco de este llamado en un informe sobre finanzas públicas redactado por Jens Martens: «Son los países industrializados, especialmente la Unión Europea, Estados Unidos y las instituciones que estos dominan – el FMI, el Banco Mundial y la OMC – los responsables por la erosión de las fuentes de ingresos… Solo se puede lograr una tributación efectiva de las corporaciones transnacionales, la lucha contra la corrupción y la repatriación de fondos malversados de cuentas en bancos extranjeros a países del sur global mediante una mayor cooperación multilateral».

Todavía está por verse si el FMI, en su búsqueda de una mayor relevancia, habrá de asumir un papel enérgico en la supervisión de la evasión fiscal. Son los grandes accionistas, como el Reino Unido, que permite mantener el secreto en prácticas financieras y contables – cosa que debería prohibirse – los que habrán de hacer frente a esto.

Propuesta de impuestos sobre ingresos inesperados

Se dio a conocer en febrero que el presidente francés Nicolas Sarkozy ha solicitado al FMI estudiar si se podría aplicar un impuesto sobre ingresos inesperados a las ganancias corporativas, de acuerdo con una declaración realizada por la ministra de economía francesa Christine Lagarde. Sarkozy ha solicitado al Fondo considerar un impuesto mundial que grave las ganancias de las compañías petroleras.

El auge de los productos básicos a nivel mundial otorga un nuevo poder negociador a los países que exportan materias primas. El gobierno de Zambia ha endurecido el tratamiento brindado a los contratos de la industria extractora, los cuales fueron originalmente promovidos como parte de la condicionalidad del Banco Mundial y el FMI. Este gobierno se encuentra exigiendo mayores regalías de parte de las compañías mineras multinacionales a las cuales se habían otorgado concesiones fiscales como parte de los esfuerzos apoyados por el Banco con la finalidad de mejorar el «clima de inversión».

El presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, ha anunciado la cancelación de todas las concesiones fiscales para las compañías mineras productoras de cobre que operan en ese país, indicando que las mismas eran «injustas y desequilibradas». En su lugar, «el gobierno ha decidido, por lo tanto, introducir un nuevo régimen regulatorio y fiscal a modo de propiciar una distribución equitativa de la riqueza mineral». Sin estas reformas, las compañías mineras habrían ganado 4.000 millones de dólares en el año fiscal 2009 pero solo habrían pagado 300 millones por concepto de impuestos. Luego de las modificaciones se espera que la recaudación de impuestos ascienda a 650 millones.

El Banco Mundial apoyó la renegociación de los contratos en Zambia, pero se ha mostrado reticente a seguir trabajando resueltamente en la reforma de la arquitectura financiera mundial. En septiembre, el presidente del Banco, Robert Zoellick, reconoció que «un estudio del impacto que provocan los centros financieros off-shore sobre el desarrollo sería un aporte valioso a la agenda en materia de gobernabilidad y lucha contra la corrupción». Esto se dio con posterioridad a la solicitud de Noruega para llevar a cabo un estudio sobre los más de 500 millones de dólares que salen en forma ilícita de los países en desarrollo cada año (ver Update 57). Sin embargo, el Banco aparentemente está echándose atrás con respecto a la promesa de su presidente y planea por el contrario organizar una conferencia a finales de 2008 con el aporte de documentos inespecíficos. Las ONG continúan presionando para que se realice un estudio completo, incluyendo mecanismos de revisión por pares.