Por Nancy Dubosse, Afrodad
Los programas del FMI para países de bajo ingreso restringen las opciones con las que cuentan los gobiernos en materia de financiamiento para el desarrollo y manejo de compensaciones.
El espacio fiscal se refiere a la cantidad de libertad que tienen los gobiernos para controlar tanto sus ingresos como sus gastos. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio exigirá que los gobiernos hagan el mejor uso posible tanto de sus ingresos a nivel nacional como de la ayuda extranjera.
La definición del FMI para el espacio fiscal es el margen que existe dentro del presupuesto público para adjudicar mayores recursos sin comprometer la sostenibilidad financiera ni la de la economía. Esta definición hace foco en la cantidad de recursos que se encuentren actualmente disponibles.
Otros, particularmente aquellos dentro de la sociedad civil, hacen foco por el contrario en la capacidad del gobierno para financiar la infraestructura económica y social necesaria para contribuir al crecimiento y al desarrollo, sin tener que limitarse necesariamente a los recursos existentes. Los recursos adicionales, incluyendo mayores donaciones o préstamos, ampliarían el espacio fiscal de forma tal que se pudiera gastar más en las actividades prioritarias.
Experiencia a nivel de campo
Una investigación de Afrodad a publicarse próximamente, Sobre las experiencias africanas con los servicios para el PRGF y el espacio fiscal, explora la intersección entre el espacio fiscal y el principio de apropiación. El estudio revela que los países con Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés) e Instrumentos de Apoyo a la Política (PSI, por sus siglas en inglés) pueden no contar con opciones con respecto a su gasto y, lo que es más importante, no se les permite manejar compensaciones. Esto hace cuestionar la soberanía de los países frente a su estrategia para el desarrollo.
No existen dudas con respecto a que las condiciones del PRGF y los PSI tienen un impacto sobre el espacio fiscal, dado que limitan las opciones con las que cuenta un gobierno para desarrollar el marco fiscal apropiado para su estrategia de desarrollo.
De los cinco países estudiados (Camerún, Malawi, Mozambique, Ruanda, y Uganda), las condiciones en común son topes sobre nuevos préstamos otorgados a nivel nacional e internacional, y límites sobre los atrasos en el pago de la deuda. Si bien contraer una nueva deuda es un mecanismo potencialmente insostenible de financiar el desarrollo, debería de todos modos ser una opción política de los gobiernos. La decisión de contraer un préstamo debería estar influida por fuerzas internas (incluyendo el debate parlamentario y la consulta pública) y no por actores externos.
El estudio muestra con solidez que el espacio fiscal se ha convertido en sinónimo de aumento del gasto público y crecimiento del déficit presupuestario. Esto ignora las diferentes opciones disponibles en materia de políticas y el hecho de que decidir cómo se recaudan y adjudican los recursos es una decisión fundamentalmente política. La sostenibilidad del espacio fiscal creado por el alivio de la deuda también se pone en tela de juicio, a medida que países como Camerún y Malawi asumen más deudas, incluso con el FMI.
En su conjunto, la apropiación de los PRGF y PSI es muy escasa. Los ciudadanos no son apropiadamente consultados acerca de estos temas y no cuentan con la capacidad de cuestionarlos. Los gobiernos locales y los parlamentos a menudo no son informados al respecto. Considerando que el espacio fiscal es en realidad el espacio político para decidir sobre el gasto del gobierno, la falta de una mayor apropiación democrática es particularmente preocupante.
