En julio, el Banco nombró a los primeros 14 países para su nuevo y polémico fondo (Forest Carbon Partnership Facility – FCPF – en inglés) (ver Boletín 60): seis en África (RDC, Gabón, Ghana, Kenia, Liberia, Madagascar); cinco en América Latina (Bolivia, Costa Rica, Guyana, México, Panamá); y tres en Asia (Nepal, RDP de Lao, y Vietnam). Los 14 países implementarán programas piloto orientados a «reducir las emisiones por deforestación y degradación» (REDD). Indonesia se negó a participar en el programa, y Brasil no lo solicitó. Entretanto, grupos de pueblos indígenas y ONGs continuaron planteando serias inquietudes acerca del actual diseño y concepto de REDD y exigen un mayor reconocimiento y protección de los derechos humanos básicos en la profusión de las iniciativas REDD.

La ONU también se subió al tren y está planificando una iniciativa entre agencias en torno a la preparación para proyectos REDD (ONU-REDD). Los grupos de la sociedad civil manifiestan preocupación con respecto a que las propuestas no logran cumplir adecuadamente con las obligaciones existentes de la ONU para con los derechos humanos.

En julio se registró el lanzamiento del informe del Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo sobre la idea del Banco para una Alianza Forestal Global. Esta alianza se supone que reducirá la deforestación y aumentará la sostenibilidad, mediante la vinculación de diferentes iniciativas forestales bajo un solo paraguas. Una mayoría entre 600 expertos forestales encuestados sugirió que el Banco adoptara un enfoque más pasivo, permitiendo que surgiera una alianza de grupos más pequeños de abajo hacia arriba.