El yacimiento petrolífero «Jubilee» ubicado en la costa de Ghana fue descubierto en junio de 2007. Kosmos Energy tiene pensado invertir US$850 millones y Tullow Oil US$1200 millones en los costos globales del proyecto que ascienden a US$ 3200 millones. A fines de febrero, el directorio de la CFI decidió otorgar US$100 millones a favor de Kosmos y US$115 millones a favor de Tullow.
La Corporación Financiera Internacional (CFI) pasó por alto las exigencias del debido proceso, establecidas por las leyes de Ghana en el caso del proyecto relacionado con el yacimiento petrolífero «Jubilee» y no debería haber considerado las solicitudes de préstamos en su directorio. Al hacerlo, la CFI está alentando la violación de normas básicas en materia de gobernabilidad y transparencia. Las ONG ghanesas han expresado varias inquietudes relacionadas con este proyecto ante la CFI, las cuales no han sido respondidas de forma apropiada.
El hecho de que los ingresos lleguen a ser del siete al nueve por ciento de la renta del gobierno ghanés requiere que la CFI lo defina como un «proyecto significativo», invocando obligaciones sociales específicas. El proyecto debería por lo tanto ser totalmente transparente.
Se considera generalmente que los proyectos para la extracción de petróleo y gas natural son los que plantean mayores riesgos ambientales, y son clasificados como proyectos de «categoría A». Sin embargo, la CFI ha calificado este proyecto como de «categoría B», exigiendo menores procedimientos de seguridad. El yacimiento Jubilee podría afectar significativa y adversamente al medio marino, incluyendo a las especies en peligro de extinción, comunidades costeras y empresas económicas. El proyecto cumple claramente con los requerimientos para la categoría A. No obstante, no se ha registrado ninguna respuesta sustancial real al respecto por parte de la CFI.
Las notables características del Golfo de Guinea, sus exclusivos humedales costeros y sus profundas aguas oceánicas, ricas en nutrientes que fluyen hacia la superficie, dan sustento a una de las zonas de pesca más diversas y económicamente importantes del mundo. No obstante, la CFI ha argumentado a favor del uso de una plataforma de almacenamiento de petróleo de casco único a pesar de los peligros de derrame al entrar frecuentemente en contacto con otros tanques petroleros para efectuarse la carga y la descarga. Además, una misión evaluadora del Servicio Forestal de Estados Unidos a Camerún y Guinea Ecuatorial en el año 2006 concluyó que si bien ambos países habían registrado una actividad creciente en el sector del petróleo, ninguno de los dos contaba con la capacidad o la coordinación institucional para manejar desastres como derrames de petróleo que podrían constituir una amenaza a la rica vida marina y ecosistemas del golfo. Ghana debería aprender de este ejemplo y exigir un mayor escrutinio con respecto a la seguridad e impacto medioambiental de los tanques petroleros y técnicas de perforación propuestas para el proyecto.
La Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Ghana no debería ni podría haber otorgado ningún permiso para el desarrollo de los recursos de gas y petróleo o la construcción de instalaciones para la separación, procesamiento, manejo y almacenamiento del gas y del petróleo sin la presentación por parte de las empresas de una evaluación del impacto social y ambiental (ESIA, por sus siglas en inglés) de conformidad con los reglamentos. Nadie deja de admitir que las empresas no han presentado ninguna evaluación completa del impacto social y ambiental al gobierno.
Tanto la CFI, como el anterior gobierno de Ghana y las empresas han violado procedimientos legales sustanciales al intentar apurar el proyecto. La CFI y las empresas parecen haberse aprovechado indebidamente de la transición gubernamental al tomar unas pocas conversaciones con ministros recién designados – quienes no podían haber llegado a formar una opinión cabal acerca del proyecto o sector del petróleo – como consentimiento formal del gobierno y del pueblo de Ghana.
La CFI reconoce que el potencial surgimiento de un gran sector del gas y el petróleo plantea en efecto nuevos desafíos políticos, regulatorios y de gobernabilidad para el país. El problema fundamental es que la producción petrolífera a gran escala habrá de comenzar previo a la instauración de las estructuras gubernamentales apropiadas. Si bien las empresas deben revelar sus pagos ante el gobierno de Ghana de acuerdo con la normativa de la CFI, también resulta crucial que el público conozca los términos de los contratos. El hecho de que solo una vaga referencia a ciertas partes de los mismos sean de domino público no resulta suficiente.
Por último, en 2004, el Golfo de Guinea ocupaba el segundo lugar, solo precedido por el Estrecho de Malaca, en materia de ataques piratas. El petróleo procedente del Delta del Níger también ha conducido directamente a la proliferación de armas en toda la región junto con supuestos casos de corrupción en la política nigeriana. No obstante lo anterior, aún no se ha realizado ninguna evaluación relacionada con los riesgos en materia de seguridad en Ghana.
Consideramos que la CFI no ha respondido adecuadamente a las inquietudes de la sociedad civil ni ha tomado suficientemente en cuenta los graves riesgos que implica este proyecto para el medio ambiente, la economía y los sistemas de gobernabilidad de Ghana, sin mencionar las posibles contribuciones que este y otros proyectos relacionados con combustibles fósiles harán al cambio climático.