El ICSID – Centro Internacional para Resolución de Disputas sobre Inversiones, parte del Grupo del Banco Mundial, es un foro para el arbitraje entre gobiernos e inversionistas extranjeros para arreglar disputas relacionadas con las inversiones. Dos terceras partes de las disputas internacionales sobre inversiones van al ICSID. El uso del ICSID se ha expandido rápidamente al tiempo que los tratados bilaterales de inversiones (BITs – Bilateral Investment Treaties) han aumentado de 385 en 1989 a más de 3.000 actualmente. Los tratados de inversión y de comercio libre ofrecen compensaciones a los inversionistas extranjeros si el gobierno del país ‘anfitrión’ ‘expropia’ la inversión o la interrumpe. La mayoría de los tratados incluye un mecanismo de resolución de disputas entre el inversionista y el país. Al usar este mecanismo las compañías pueden pasar por encima de las cortes domésticas e ir directamente a la arbitración internacional cuando creen que sus derechos contractuales han sido violados.

El ICSID fue establecido con 20 miembros a través de una Convención en 1966, y hoy en día 43 estados ya son miembros del Centro. Bolivia es el único país en haberse retirado oficialmente del ICSID en 2007, y Ecuador recientemente comenzó el proceso de salida (ver Boletín 66). El uso del ICSID ha aumentado en paralelo con el aumento de los flujos de capital extranjero, especialmente de inversionistas extranjeros. Sin embargo, algunos países tales como Brasil e India, que atraen grandes cantidades de inversión extranjera no participan del ICSID. China solo ratificó su membresía en 1993.

La estructura organizacional del ICSID consiste de un Consejo administrativo presidido por el presidente del Banco Mundial y un secretariado. El Consejo está formado por un representante de cada uno de los estados miembros del ICSID, con igual poder de votación. Las decisiones se adoptan con una mayoría de las dos terceras partes. El secretariado del ICSID apoya los tribunales y los comités que se forman durante una arbitración. Todos los costos administrativos son financiados por el Banco Mundial, pero los costos de las disputas son cubiertos por las partes en conflicto. El secretariado está formado de una/un secretario general y de 29 miembros del personal. El secretariado del ICSID mantiene dos paneles, uno para conciliación y otro para arbitración. Cada estado miembro puede designar cuatro personas de cualquier nacionalidad a cada panel y la/el presidente puede designar 10. Durante una disputa un tribunal está constituido de miembros del panel donde las dos partes designan a sus miembros. 

El ICSID ha concluido 162 casos desde su inicio y tiene 125 casos pendientes, una tercera parte de los cuales son en contra de Argentina. Casi la mitad de los casos tienen que ver con el sector de los servicios, y todos los casos que involucran el sector de los recursos naturales están en: exploración de la minería, el petróleo y el gas. Los informes de los tribunales deben ser publicados si una de las partes en la querella objeta. Desde las reformas en 2006, el considerar pedidos de presentaciones de terceras partes solo se hace ahora dependiendo de la voluntad del tribunal (no de las partes). Hasta el momento esto ha sucedido solo en dos casos, y ninguna arbitración ha permitido la asistencia pública. Debido a que el ICSID opera como un panel de arbitración ad hoc, y no como una corte con jueces permanentes, carece de un proceso formal de apelaciones. En vez de ello hay un Comité de Revisiones el cual carece del poder de cambiar las decisiones tomadas por el panel original.

El mayor pago conocido en un arreglo inversionista-estado fue de US$877 millones, pagado por la República Eslovaca al Banco Checo CSOB en 2004. El mayor reclamo que todavía está pendiente es del Grupo Menatep con sede en el Reino Unido, un accionista principal de Yukos, la más grande compañía de petróleo rusa – este reclamo busca perjuicios de US$28.300 millones, supuestamente incurridos a través de la pérdida de acciones debida a la toma de Yukos por parte del gobierno. Los ingresos de ICSID procedentes de arbitraciones fueron más de US$17 millones en 2008, comparados con US$250.000 la década anterior. Los ingresos incluyen el pago de tarifas y los gastos de viaje de los arbitradores y otros servicios de apoyo.

La mayoría de los tribunales se llevan a cabo en la Corte de Arbitraje de La Haya. Los pagos hechos pero no desembolsados al ICSID son manejados por el Banco Mundial. Las tarifas legales y los costos de arbitración son pagados por la parte perdedora. Las implicaciones para los países en desarrollo son sustanciales, en relación con la capacidad técnica para manejar las disputas de inversión, los efectos de lo que se recibe en el presupuesto nacional, y el resultante daño sobre inversión a la reputación del país. La proporción de casos registrados en contra de los países G8 es del 1.4 por ciento, todos los cuales han sido registrados por inversionistas de Estados Unidos. Los casos en contra de los países de medianos ingresos son el 74 por ciento de todos los casos ICSID, y del 17 por ciento para los países de bajos ingresos.

Veinte por ciento de los casos ICSID son presentados por compañías que pueden ser desde las 500 más poderosas globalmente, siete de las cuales tienen ingresos que exceden el PIB del país en contra del cual están reclamando. 70 por ciento de los casos ICSID han favorecido a los inversionistas, bien sea a través de acuerdos, dentro o fuera de la corte.