En julio de 2009, Nicaragua se quejó de que el FMI había hecho «absurdas demandas» cuando exigió el final de todas las exenciones de impuestos de las organizaciones sin ánimo de lucro. El consejero económico del presidente nicaragüense, Bayardo Arce, dijo: «Las iglesias católicas y protestantes, las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones civiles que traen donaciones al país y que contribuyen a aliviar la situación de la pobreza ayudando a nuestra gente, no podrían continuar con sus donaciones.» También dijo que el consejo del FMI de abandonar el aumento de las pensiones era «completamente inaceptable.» Nicaragua convino un PRGF en 2007, y logró un acuerdo con el personal del Fondo sobre la próxima revisión de su programa en septiembre de 2009.