El futuro de la gobernanza económica internacional y la reforma financiera sigue debatiéndose por separado en las Naciones Unidas y en el G20, pero los avances han sido muy pocos.
El grupo de trabajo ad-hoc de composición abierta de la Asamblea General que fue establecido como resultado de la cumbre de junio sobre la crisis financiera (ver Boletín 66) celebró su primera reunión a principios de septiembre. El presidente saliente de la Asamblea General Manuel D’Escoto, en consulta con el presidente entrante Ali Treki, nombró a Lazaro Kapambwe de Zambia y Morten Wetland de Noruega como co-presidentes del grupo.
La reunión, que incluyó a grandes grupos como el G77 y la presidencia de la UE, fue vista por los co-presidentes sólo como insumo para el desarrollo de un plan de trabajo. Gemma Adaba de la Confederación Sindical Internacional notó las tensiones en la sala: «los países industrializados quisieran limitar el alcance del grupo de trabajo ad hoc, mediante el no suministro de recursos y haciendo hincapié en otras áreas de trabajo que el grupo no debería duplicar. El G77 desea adherir a la agenda acordada en el documento final [de la conferencia de la ONU], sin restricciones».
masters of economic policy spin
Más de 80 ONG y organizaciones de la sociedad civil (OSC) enviaron una carta a D’Escoto, Treki, Kapambwe y Wetland instándoles a que «[concedan] un espacio para la participación activa de nuestra coalición de OSC y ONG en las actividades de seguimiento del grupo de trabajo».
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) publicó su Informe sobre Comercio y Desarrollo 2009 a principios de septiembre, que brinda un análisis claro sobre cuestiones clave para la futura reforma. El informe fue mordaz sobre los préstamos del FMI: «En realidad, las condiciones impuestas a las operaciones de préstamo recientes se han mantenido bastante similares a las del pasado. De hecho, en casi todos sus acuerdos de préstamo recientes, el Fondo ha seguido imponiendo ajustes macroeconómicos procíclicos».
El informe también fue crítico de del impulso dado por las IFIs previamente al sector financiero y la liberalización de las cuentas de capital. Al decir que «la contribución de mercados financieros [sofisticados] al bienestar social es altamente cuestionable», el informe sugiere que «los países en desarrollo deberían proceder con cautela y evitar procesos de reformas financieras tipo ‘big-bang'». También destaca las inquietudes expresadas desde hace tiempo por los países en desarrollo y las ONG acerca de la liberalización, y agrega que «el FMI debería alentar más activamente a los países para que introduzcan, siempre que sea necesario, de controles de capital».
G-20 toma un curso diferente
Los titulares de los medios de comunicación en torno a la reunión de los ministros de finanzas del G20 en Londres a principios de septiembre y la reunión de los líderes del G20 en Pittsburg a fines del mismo mes, se centraron en la cuestión de los bonos de los banqueros. Los ministros de finanzas presentaron un largo informe sobre las más de 90 medidas prometidas por las cumbres del G20 anteriores, pero casi no acordaron nuevas medidas.
Los participantes se felicitaron por la entrega de los $1,1 billones comprometidos en abril (ver Boletín 65), pero un análisis de los números cuenta una historia diferente. Un informe de la ONG Eurodad con sede en Bruselas, concluye que el G20 «no ha logrado movilizar suficiente voluntad política o finanzas como para prevenir los impactos sociales más importantes».
Los ministros de finanzas elogiaron el «progreso significativo en el fortalecimiento de las IFIs», pero también dijeron que «aún queda mucho por hacer». Mientras que los derechos especiales de giro por un valor de US$ 250 mil millones fueron asignados totalmente, la entrega efectiva de los $500 mil millones en recursos adicionales para el FMI sólo ascendió a unos US$ 195 mil millones. Además de esto, el compromiso de Estados Unidos de $100 mil millones se acordó a través de los Nuevos Acuerdos para la Obtención de Préstamos, que exigen medidas adicionales para ser activados. El FMI ha prestado alrededor de $173 mil millones en total (incluyendo los préstamos concedidos antes de la crisis), pero tenía cerca de $250 mil millones en capital disponible antes del acuerdo del G20 para aumentar sus recursos. Por tanto, ese aumento de recursos aún no se ha utilizado para apoyar a los países en desarrollo.
Con la promesa de aumentar la financiación comercial en US$ 250 mil millones, el G20 menciona una cifra sin referencias de $65 mil millones ya asignados, aunque el único programa real de los citados es el de la CFI del Banco Mundial (ver Boletín 66), que recibió apoyos equivalentes a tan sólo $7.750 millones. Los últimos $100 mil millones iban a ser «créditos adicionales de los bancos multilaterales de desarrollo», pero el informe del Banco Mundial, Global Development Finance, publicado en junio estima que el total sería de $88 mil millones.
¿Consulta o movilización?
El ex economista jefe del FMI Simon Johnson se manifestó cínico sobre la estrategia de reforma del G20, calificándola de «sofisticada acción de dilación… estamos presenciando verdaderos maestros de la manipulación de la política económica en plena acción» Un claro ejemplo de esto podría ser la revisión de las funciones y responsabilidades de las IFI, prometida por el presidente del G20, de la que se suponía que se iba a ocupar personalmente el primer ministro británico, Gordon Brown. La revisión pasó por «consultas con el G20, académicos externos y países de bajos ingresos». Hubo poca o ninguna discusión del tema con la sociedad civil, pese a los reiterados cuestionamientos a las gestiones del primer ministro por parte de las ONG acerca de cómo debería funcionar la consulta. Al final, la «papa caliente» se entregó en el último minuto al Instituto de Desarrollo de Ultramar con sede en Londres, con un informe adjunto del Departamento para el Desarrollo Internacional, la agencia de ayuda del Reino Unido. Las grandes preguntas sobre el mandato y la gobernanza de las IFIs serán seguramente ignoradas o devueltas a las IFI para que las discutan a nivel interno.
En Pittsburg, las organizaciones de la sociedad civil se estaban organizando activamente contra la cumbre del 24 de septiembre del G20, a pesar de la resistencia de la policía y la negativa del ayuntamiento y el alcalde a conceder los permisos para las movilizaciones. Las organizaciones locales también han lanzado un sitio web de apoyo informativo sobre el G20, con el lema «Pittsburg celebra la disidencia».
