Ha habido expresiones de gran preocupación por los programas del FMI en Honduras, en donde el FMI no ha puesto en claro si tratará con los líderes golpistas que tomaron el poder del presidente electo, y en Sri Lanka, por las acusaciones de que el gobierno está violando los derechos humanos de cientos de de miles de tamiles.
A finales de junio, Roberto Micheletti tomó el poder en Honduras, en un golpe apoyado por los militares, y el presidente Manuel Zelaya fue trasladado fuera del país. En respuesta al golpe, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica suspendieron los préstamos a Honduras. La UE ha suspendido $90 millones de ayuda y Estados Unidos ha suspendido toda su ayuda humanitaria.
Ha habido una amplia controversia sobre el desembolso de la parte correspondiente a Honduras de los derechos especiales de giro (DEG), los activos de reserva creados por el FMI. El Fondo asignó DEG por un valor de $164 millones al Banco Central de Honduras a finales de agosto y principios de septiembre. El 6 de septiembre, el FMI emitió un comunicado aclarando que «el actual régimen de facto no puede utilizar los fondos hasta que no se llegue a una decisión sobre si el Fondo realizará acuerdos con este régimen o el gobierno de Honduras.» Esa decisión todavía no se ha tomado, lo que significa una mejora aparente respecto de cómo se manejó el golpe de 2002 en Venezuela (ver Boletín 28), pero no hay claridad sobre cómo se tomará la decisión y sobre qué criterios se basará.
Las organizaciones de la sociedad civil parecen estar divididas sobre si el FMI debería permitir que los fondos se utilizarán. Jubileo Sur ha declarado que «el desembolso de estos recursos constituye, prima facie, una deuda ilegítima que ni el pueblo hondureño ni ningún otro gobierno legítimo tendría motivos para pagar». Mientras que el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) considera que «el desembolso de 164 millones de dólares del FMI es una buena señal para la economía nacional».
Controversia en Sri Lanka
A finales de julio, después de cuatro meses de discusiones con el gobierno de Sri Lanka, el FMI aprobó un préstamo de $2.600 millones, a pesar de la oposición de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Argentina. Se dijo que Estados Unidos y el Reino Unido se abstuvieron en la votación final del directorio debido a sus preocupaciones por la supuesta masacre llevada a cabo por el gobierno contra civiles tamiles y el abuso de los derechos humanos de los tamiles detenidos en campos de concentración. Durante el verano los grupos de la diáspora tamil lanzaron una ola de peticiones en contra del préstamo del FMI.
Cerca de 300.000 tamiles aún permanecen en los campos de concentración creados por el gobierno de Sri Lanka meses después del final de la guerra civil. La ONG Human Rights Watch con sede en Estados Unidos afirma que el gobierno está violando el derecho de estas personas a la libertad de movimiento. También alega que el gobierno impide que los organismos de ayuda denuncien las malas condiciones en los campamentos, mientras que algunos testimonios sacados a escondidas han informado de una escasez de suministros médicos y agua. El director de su división de Asia ha tildado al préstamo del FMI como «una recompensa por mal comportamiento, no un incentivo para mejorar.»
Las preocupaciones de los grupos de derechos humanos de que el préstamo del FMI sea visto como una aprobación del gobierno de Sri Lanka parecen bien fundadas. Nick Nicolaou, director ejecutivo de HSBC Sri Lanka, dijo que «Sri Lanka tiene una excelente historia para contar… el aval del FMI brinda confianza a los inversores extranjeros». El gobierno ha anunciado un plan para recaudar $500 millones en deuda soberana.
