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Preocupación por la próxima revisión de la CFI de las normas de funcionamiento

1 October 2009

Por Ben Natkin, Bank Information Center

La CFI ha iniciado una revisión de tres años y la actualización de sus políticas y normas de funcionamiento sobre sostenibilidad social y ambiental, pero la sociedad civil ya ha expresado su preocupación sobre el proceso y siguen surgiendo críticas sobre el contenido de las normas.

Esta es la primera actualización de las normas ambientales y sociales de la CFI desde su implementación en 2006 (ver Boletín 50), y dará lugar a una revisión de las políticas que finalizará en diciembre de 2010. El mes de septiembre marcó la apertura de la primera de tres fases de consulta con el lanzamiento de una página web donde los interesados pueden formular observaciones sobre sus experiencias con la política actual y proponer mejoras.

Una brecha clave es que las normas no contienen políticas generales en materia de derechos humanos o cambio climático.

Muchas organizaciones de la sociedad civil han sido muy críticas respecto de la política y las normas de funcionamiento desde su inicio en 2006, y esperan que el proceso de revisión sea una oportunidad para lograr un cambio sustantivo. La CFI, sin embargo, se ha referido al proceso como una mera “puesta a punto” y en repetidas ocasiones mencionó que apenas tres años desde el lanzamiento de las normas es un período muy corto para realizar una revisión, dando a entender que están considerando cambios en una escala mucho menor.

En julio, la CFI publicó un informe que contiene reflexiones sobre la implementación de las normas hasta el momento. El informe abarca unos 560 proyectos y se concluye que las normas contribuyen con las actividades de la CFI y facilitan la gestión de riesgos. También considera que la divulgación de información sobre el ciclo de vida de los proyectos de la CFI ha sido inconsistente. Sin embargo, el informe no incluye los estudios de impacto de las normas de la CFI en las comunidades y el medio ambiente y, en su lugar, se centra en la CFI y sus clientes. El documento presenta luego la agenda emergente y el enfoque que probablemente forme el núcleo del proceso de revisión.

En una respuesta al informe, 150 ONG enviaron una carta al director de la CFI, Lars Thunell, destacando que el proceso de revisión no brindó oportunidades para la consulta con las comunidades afectadas por los proyectos de la CFI ni tampoco permitió aportes contundentes de esas comunidades. La carta afirma que “es esencial que la CFI solicite los aportes de las personas y las comunidades que tienen conocimiento de primera mano sobre los impactos y la eficacia del proyecto, incluyendo los beneficiarios previstos, los pueblos indígenas y sus federaciones representativas y socios de la sociedad civil, las personas desplazadas y los que han sufrido cambios en sus entornos locales”. Aunque la CFI accedió a la petición de consultar con las comunidades afectadas, tiene la intención de reunirse sólo con un máximo de diez, y en gran medida se apoyará en evaluaciones externas para solicitar la opinión de la comunidad.

Las ONG también demandaron a la CFI transparencia en el proceso de revisión, la realización de consultas en las regiones con las comunidades afectadas, y que la revisión de las normas sea accesible a la sociedad civil al mismo tiempo en que los cambios se presenten ante la junta de directores. La CFI ha incorporado muchos de estos puntos en su plan de consulta.

En la primera fase de consultas de la revisión, la CFI está buscando retroalimentación para tres áreas clave: la claridad del lenguaje, la eficacia de la implementación y brechas en la cobertura actual. Una de las mayores objeciones de la sociedad civil a las normas actuales es que la debilidad del lenguaje y los compromisos vagos permiten que la financiación continúe incluso en violación de las normas.

Las organizaciones de la sociedad civil tienen una serie de preocupaciones acerca de algunas áreas importantes en donde las normas todavía no existen (ver Boletines 50, 46). Una brecha clave es que las normas no contienen políticas generales en materia de derechos humanos o cambio climático. Además, tal como se presenta la política actualmente, los clientes no están obligados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas por proyectos con importantes impactos potenciales. En cambio, la CFI simplemente debe demostrar que ha logrado “un amplio apoyo comunitario”, un requisito mucho más laxo.

Algunos de los fracasos de la política actual de la CFI salieron a la luz a finales de agosto cuando el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, anunció la suspensión de toda la financiación de la CFI para el sector del aceite de palma después de descubrir que el Grupo Wilmar había violado varias de las normas de funcionamiento y que la CFI había hecho caso omiso de sus propias políticas en la letra y el espíritu (ver Boletín 67).