Continúa la controversia sobre el molino de papel de Botnia (ver Boletín 51), financiado en parte por la Corporación Financiera Internacional (CFI), sector privado del Banco Mundial, ya que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictaminó que Uruguay había incumplido las obligaciones del Tratado al no haber informado correctamente a su vecina Argentina  cuando autorizó la construcción del molino. La ONG Centro Argentino de Derechos Humanos y el Medio Ambiente, dijo que "el veredicto llega demasiado tarde ya que el molino, en gran parte gracias a la CFI, comenzó sus operaciones en el 2007." A pesar de los impactos ambientales ampliamente denunciados, la CIJ no ha pedido la reubicación del molino, ni una convocatoria de restitución a las comunidades afectadas.