Las violaciones a los derechos humanos por Goldport en Guatemala produjeron la reacción del Gobierno guatemalteco, en junio de 2010, el cual anunció que iba a suspender las operaciones en una mina respaldada por la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del sector privado del Banco Mundial. La compañía canadiense Goldcorp recibió un préstamo de US$45 millones de la CFI en 2004 para la explotación de la mina de oro y plata Marlin a cielo abierto, a pesar de las preocupaciones de la sociedad civil de que las consultas y evaluaciones del impacto social y medioambiental habían sido insuficientes (ver Boletín 45). Un informe de mayo de 2010, encargado por Goldcorp alegó que la mina ofrecía beneficios sociales, pero también encontró que los derechos humanos estaban siendo violados, que no se estaba dando la suficiente atención y cuidado los aspectos sociales y culturales, y que la mina carecía de un plan adecuado para el cierre.

La decisión del Gobierno fue influenciada por una protesta de 12.000 personas en la vecina ciudad de Huehuetenango, pidiendo la suspensión de la mina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Además se informa que los activistas locales han estado sujetos a la intimidación y la violencia. ”Las comunidades afectadas por la mina Marlin aplaudieron la decisión del Gobierno. Sin embargo, estamos preocupados por las amenazas que hemos recibido. Nos dijeron que habrá consecuencias por defender nuestros derechos,” dijo Javier de León, de la organización local, Asociación para el Desarrollo Integral de San Miguel.

En Indonesia en desafío de la protesta de los grupos de la sociedad civil, la Agencia de Garantías de Inversión del Banco (MIGA – ver Boletín 72), en agosto emitió una garantía de US$207 millones a la compañía franco-japonesa Minerales Strand para su mina de la Bahía de Weda. Sin embargo, el director ejecutivo estadounidense se abstuvo de respaldar la garantía en la Junta del Banco, ya que ONGs indonesias y ONGs internacionales habían advertido que el proyecto podría desplazar a los pueblos indígenas, destruir la selva tropical y contaminar el agua. Berry Furqon de la ONG indonesia  Nahdian, dijo que “importantes riesgos sociales, ambientales y políticos no están plenamente reflejados en la evaluación del impacto ambiental, no existen planes para mitigar dichos riesgos y además se violan las salvaguardias.” Actualmente el mecanismo de rendición de cuentas de la MIGA y el Defensor del Pueblo y Asesor de Cumplimiento de Normas (CAO – Compliance Advisor Ombudsman) están evaluando una queja sobre los impactos ambientales del proyecto.

Only 9 per cent of Bank energy and mining operations were gender-informed

También hay preocupaciones acerca de los impactos del sector en materia de género. El Programa de Género e Industrias Extractivas del Banco advirtió en una reunión informativa del año pasado, que las mujeres pueden verse afectadas negativamente por la pérdida de puestos de trabajo tradicionales, por el difícil acceso a los recursos, la presión sobre los servicios públicos y la exposición a la contaminación durante el embarazo, entre otros efectos. Aún así, un informe interno del Banco en junio de 2010, encontró que sólo el 9 por ciento de sus operaciones de minería y energía tenían elementos relativos al género (ver Boletín 72).

Disputa retarda el alivio a la deuda en la República Democrática del Congo

Fue retrasado un desembolso para el alivio a la deuda por valor de más de US$12.000 millones para la República Democrática del Congo (RDC), cuando el Gobierno canadiense utilizó sus palancas para presionar en una disputa sobre los derechos de explotación minera. En las reuniones de junio del G8 y el G20, el primer ministro canadiense planteó la cuestión del contrato de la sociedad canadiense First Quantum Minerals, el cual fue cancelado por el Gobierno de la República Democrática del Congo (ver Boletín 70), al tiempo que el director ejecutivo canadiense del Banco Mundial retrasaba la votación de la Junta sobre el alivio a la deuda. El paquete de alivio a la deuda finalmente fue acordado en julio de 2010, incluyendo los US$1.800 millones adeudados a la Asociación Internacional de Fomento del Banco y US$491 millones al FMI.

Contradicciones del impuesto minero

En lo que podría considerarse como un ataque contra las políticas promovidas por el Banco en el decenio de 1990, un documento de trabajo del FMI sobre los impuestos mineros de Mali en mayo de 2010, recomendó que el Gobierno eliminara el impuesto de vacaciones concedidas a las compañías mineras, por lo que “el Gobierno no ha podido recoger su plena participación tributaria.” Estos incentivos se remontan a la influencia del Banco sobre los códigos de minería del país en 2007, los cuales fueron investigados por la red de la sociedad civil la Federación Internacional para los Derechos Humanos (ver Boletín 57).

Sin embargo, el documento del FMI también abogó por reducir a la mitad las regalías de la minería del oro a un 3 por ciento, para atraer la inversión extranjera. La ONG Eurodad cuestionó si tal recorte había sido necesario en el quinto país más pobre del mundo, en el contexto de la subida del precio del oro y la baja de impuestos nacionales: donde el oro representa el 75 por ciento de las exportaciones del país, pero sólo el 8 por ciento del PIB.

De hecho, un informe de 2009 por la ONG Christian Aid no presenta pruebas de que los generosos incentivos fiscales minerales del tipo promovido por las IFIs en Latinoamérica  hubieran estimulado la inversión.

En contraste con su enfoque en Mali, el personal del FMI aprobó un impuesto de superganancia del 40 por ciento de las empresas mineras en Australia. En una conferencia, el subdirector de la política fiscal del FMI, Philip Daniel, dijo “no se ven resultados adversos en los prospectos económicos de Australia.” Un documento de política de abril de 2010 dice que la renta de los recursos proporciona “una fuente potencialmente sólida de ingresos relativamente no distorsionados”, y también hace un llamado para una represión global de la evasión fiscal.

¿Enérgicas medidas fiscales?

En agosto de 2010, el vicepresidente del Banco, Charles McDonough, expresó su apoyo porque se hiciera obligatoria la publicación de las compañías petroleras y mineras sobre sus ingresos y costos, país por país, para prevenir la evasión fiscal. La Junta International de Normas Contables está considerando la elaboración de nuevas normas para el sector, exigidas hace tiempo por los grupos de la sociedad civil. Estos grupos están luchando por normas que deberán ser comprehensivas y que deben abarcar todos los sectores.

La posición del Banco representa una respuesta tardía y parcial a la Revisión de Industrias Extractivas de 2004 (ver Boletín 49 Boletín 49), la cual recomienda que el Banco promueva una gestión de los ingresos más transparente y una participación más justa de los ingresos. Hasta el momento todavía no hay información clara disponible sobre las inversiones del Banco en el sector de la minería y la energía.