El informe a mediados de octubre de la ONG internacional, Veeduría en Derechos Humanos (HRW – Human Rights Watch), documenta cómo los proyectos del Banco Mundial en Etiopía están siendo utilizados por el gobierno para reprimir la disidencia y debilitar la oposición política, lo que refuerza las críticas al Banco sobre su financiación a los países con frecuentes denuncias sobre abusos contra los derechos humanos.
En 2005, el Banco suspendió el apoyo presupuestario directo al gobierno de Etiopía a raíz de la represión a los opositores políticos posterior a las elecciones, la cual dejó 200 muertos y más de 30.000 detenidos. El Banco citó la necesidad de desarrollar mecanismos de distribución de ayuda que estuvieran protegidos de la captura política. Desde entonces, los programas del Banco en Etiopía se han centrado en la gobernanza, a través del desarrollo de capacidades de las administraciones regionales y las instituciones federales, y en la financiación de la prestación de servicios básicos a nivel regional y distrital, así como en proyectos de trabajo por alimentos. En los últimos cinco años aumentó la financiación del Banco a Etiopía, y el país es ahora uno de los mayores receptores de ayuda para el desarrollo en el mundo.
El informe HRW sostiene que desde 2005 "miles de millones de dólares de ayuda al desarrollo tuvieron como premisa una suposición infundada de que Etiopía se estaba moviendo en una dirección democrática." El informe encontró que los programas financiados por el Banco habían estado controlados políticamente por el partido gobernante, el Frente Revolucionario y Democrático del Pueblo Etíope (EPRDF – Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front). También que la financiación del Banco de "los servicios, recursos y oportunidades de formación se estaba utilizando para amenazar o recompensar a los ciudadanos para que estos apoyaran el partido en el poder y dejaran de apoyar la oposición, y que los mecanismos de los donantes para supervisar o controlar el uso indebido de los programas de ayuda eran insuficientes.”
Por ejemplo, el Programa Protección de los Servicios Básicos administrado por el Banco, que cada año transfiere unos US$1.000 millones a los gobiernos regionales y distritales etíopes para apoyar los servicios de salud, educación, agua, extensión agrícola y carreteras, está siendo utilizado para obligar a los agricultores y los maestros a unirse al EPRDF. El Programa de Fortalecimiento de Capacidades del Sector Público frecuentemente es utilizado para adoctrinar a los reclutas en la ideología del partido y expulsar a los partidarios de la oposición, con el pretexto de la eliminación de bajo rendimiento del personal, según HRW.
En una respuesta oficial al informe, el Grupo de Ayuda al Desarrollo (DAG – Development Assistance Group), un consorcio de donantes que incluye el Banco Mundial, sostuvo que aunque los proyectos de los donantes son susceptibles de la captura política "los socios del desarrollo se han integrado en los programas los cuales hacen seguimiento y tienen mecanismos de salvaguardia que proporcionan una garantía razonable de que los recursos están siendo utilizados para los fines previstos."
Veeduría de Derechos Humanos ha señalado que la respuesta DAG se basó en un estudio teórico, y destacó el hecho de que los donantes no han llevado a cabo ninguna investigación independiente y creíble. El informe hace hincapié en que los mecanismos de rendición de cuentas para la distribución de ayuda operan junto con el mismo personal del gobierno, y por lo tanto no es posible descubrir la influencia política partidista en los programas.
Problemas en Turkmenistán
Las cuestiones planteadas sobre Etiopía resuenan con las preocupaciones actuales sobre la integración de los derechos humanos del Banco en sus operaciones (ver Boletín 71), y sobre cómo las salvaguardias existentes del Banco no incorporan adecuadamente las normas internacionalmente reconocidas de derechos humanos (ver Boletines 71 y 70)). A finales de octubre el Banco Mundial firmó un Memorando de Entendimiento con Turkmenistán para desarrollar el Puerto de Turkmenbashi, en el Mar Caspio. Esto produjo alarma entre las ONGs de derechos humanos en el país, donde las puntuaciones son bajas en muchos indicadores internacionales de protección de los derechos humanos. El anuncio del Banco se produjo dos semanas después de una declaración pública de las ONGs Amnistía Internacional y Veeduría en Derechos Humanos donde expresaron su preocupación sobre "las acusaciones de que Farid Tukhbatullin, director de la [ONG] Iniciativa Turcomana para los Derechos Humanos, estaba en una situación de riesgo en relación con los agentes del Ministerio de Seguridad Nacional (MNS) de Turkmenistán.” La ONG Responsabilidad en Crudo (Crude Responsability) declaró que estaba "instando al [Banco] y otras instituciones financieras a reconsiderar los proyectos dirigidos a prestar apoyo financiero al gobierno de Turkmenistán, hasta que éste se comprometiera a mejorar significativa y cuantificablemente los derechos humanos."
