Al tiempo que los gobiernos llegaron a un acuerdo en las negociaciones del clima en Cancún, en diciembre de 2010, el Banco Mundial continuó agitando la controversia al conseguir un papel en el nuevo fondo climático global, al lanzar nuevas iniciativas en el mercado de carbono, y al alardear del éxito de los polémicos Fondos de Inversión Climática, con sede en el mismo Banco.

Mientras que algunos grupos de la sociedad civil aplaudieron el acuerdo de Cancún, varias organizaciones alertaron sobre el demasiado optimismo.» Un análisis cuidadoso mostrará que su texto puede haber dado una transfusión al sistema climático multilateral, y haber generado sentimientos positivos entre la mayoría de los participantes, sin embargo, también mostrará que no pudo salvar al planeta del cambio climático, y que ayudó a pasar la carga a los países en desarrollo», dijo Martin Khor, director ejecutivo del grupo de pensadores Centro del Sur.

La continua oposición de los grupos de la sociedad civil al papel del Banco Mundial en el financiamiento climático llegó a un punto culminante, cuando más de 100 ONGs firmaron una carta abierta a los gobiernos exigiendo que no se diera un papel al Banco en el diseño futuro del cambio climático. Las ONGs también realizaron protestas en Cancún. «Habiendo experimentado directamente las consecuencias de los préstamos del Banco, los proyectos financiados con préstamos y las condicionalidades políticas, es inconcebible para nosotros que se pueda confiar en esta institución para la financiación climática,» dijo Abdul Awal de SUPRO, una red de comunidades de grupos de base en Bangladesh y miembro de Jubileo Sur.

A pesar de las protestas en contra de la participación del Banco, se llegó a un acuerdo para crear un nuevo Fondo Verde Climático (GCF – Green Climate Fund) donde se nombró al Banco como fiduciario provisional durante los primeros tres años. Este papel de Banco fue objeto de acalorados debates, con varios negociadores de países en desarrollo tratando de definir ese papel tan claramente como fuera posible, y los grupos de la sociedad civil argumentando en contra. Tim Gore de la ONG internacional Oxfam expresó la opinión, repetida por muchas organizaciones de la sociedad civil y por delegados de los países en desarrollo, que el GCF debe «actuar bajo la autoridad de la CMNUCC y en forma independiente de instituciones como el Banco Mundial.»

El GCF debe ser diseñado por un comité de transición que debe presentar su informe en las próximas negociaciones a finales del año en Durban. El comité estará compuesto por 40 miembros, con 25 de los países en desarrollo, así como por personal de los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) y de agencias de la ONU. Según un documento de enero de 2011, del grupo de pensadores Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI – Overseas Development Institute) y la Fundación Heinrich Boell, es probable que expertos del Banco sean enviados al comité de transición para recomendar procedimientos operacionales, criterios de selección de proyectos y normas de funcionamiento o medidas de salvaguardia para su adopción en Durban. De acuerdo con funcionarios del gobierno del Reino Unido, hasta el momento los BMD son los únicos que pueden postular los nombres de comisión de servicio para miembros del Comité. También se ha prestado atención a la cuestión de si y cómo será la participacion de la sociedad civil. Más de 50 ONGs presentaron una carta a la CMNUCC pidiendo una plena participación de la sociedad civil como «observadores activos.»

A principios de febrero de 2011, en un evento en el parlamento británico, el presidente del Banco, Robert Zoellick, dijo que el nuevo fondo verde necesita la promesa de recursos. Esto fue seguido por el mensaje de que el Banco está dispuesto a aplicar los conocimientos que ha adquirido a través de los Fondos de Inversión Climática (CIFs). En Cancún, los comentarios de funcionarios del Banco acerca de ser una institución de desarrollo que prefiere aplicar sus conocimientos además de escribir cheques, pone de relieve las ambiciones del Banco hacia una participación a largo plazo en la arquitectura internacional sobre el clima, las cuales van mucho más allá de las relacionadas con un papel de fiduciario.

Promocionando los FICs

El Banco tuvo una reunión de alto perfil en Cancún junto con otros bancos multilaterales de desarrollo, organizada por el presidente mexicano Felipe Calderón, donde se ensalzaron las virtudes de los FICs como «nuevos modelos de transparencia, cooperación y de escalada de acción climática.» Los FICs celebrarán otro Foro de Asociaciones (ver Boletín 70), en marzo de 2011, donde se espera que las partes interesadas examinen las lecciones y experiencias hasta el momento, con rumores de que el trabajo se centrará en cómo éstas se pueden aplicar al diseño del Nuevo Fondo Verde (GCF).

Sin embargo, los grupos de la sociedad civil han puesto de relieve una serie de continuas preocupaciones sobre los CIFs (ver Boletines 72, 68, 61). En un informe de febrero de 2011, Tormenta en la Distancia (Storm on the horizon) de Eurodad, ONG con sede en Bruselas, se examina la forma como el Banco está desembolsando los fondos climáticos de los CIFs. Encuentra que sólo una sexta parte de los fondos prometidos serán entregados en forma de subvenciones, y que los criterios de elegibilidad para la financiación CIF «pueden limitar el espacio político disponible para los países en desarrollo para decidir sobre su propio camino para el desarrollo sostenible.» El informe destaca el hecho de que más de un tercio de la financiación CIF está siendo canalizada al sector privado, lo cual es preocupante, ya que «el capital privado es un instrumento opaco de riesgo, que probablemente no cumplirá con los propósitos previstos, y con frecuencia socava el desarrollo equitativo y sostenible impulsado por los países.» También sugiere que este tipo de inversión es a menudo marcado por «la falta de transparencia y de salvaguardas ambientales y sociales.»

También hay serias dudas sobre el alcance y la profundidad de la participación comunitaria. Un ejemplo notable es el fracaso del Mecanismo del Programa de Inversión en los Bosques, el cual estaba destinado a garantizar una amplia consulta con los pueblos indígenas y las comunidades locales, la cual debe desarrollarse en un plazo que permita la participación en el desarrollo de las estrategias de inversión. Un reciente informe de Género Global, la Alianza del Clima y el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, criticó las políticas y proyectos de los CIFs por su enfoque de género. El informe sostiene que los proyectos CIF arriesgan «perpetuar los desequilibrios de género existentes en la financiación del cambio climático.»

Financiamiento de carbono

El Banco también lanzó en Cancún la Alianza para la Preparación del Mercado (PMR – Partnership for Market Readiness), un fondo destinado a ayudar a los países de medianos ingresos a establecerse y a participar en los mercados de carbono nacionales e internacionales a través de una gama de instrumentos de mercado. Un informe reciente sobre la PMR por la ONG, Veeduría del Comercio de Carbono (Carbon Trade Watch), identifica la forma en que el Banco está tratando de introducir instrumentos en el mercado más allá de los acordados por el Protocolo de Kioto de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – UNFCCC en inglés). A pesar de que los acuerdos de Cancún afirman que se convendrán nuevos mecanismos en Durban en 2011, «el Banco tiene la clara intención de perseguir la creación de nuevos mecanismos del mercado de carbono que no tienen en cuenta las negociaciones de UNFCCC.»

La ambición del Banco para impulsar el crecimiento de los mercados de carbono fue claramente percibida en enero de 2011, cuando el Instrumento Sombrilla para el Carbono (Umbrella Carbon Facility), uno de sus fondos de carbono, anunció un nuevo tramo de financiación de US$92 millones. La CFI, brazo del sector privado del Banco, también puso en marcha su Instrumento de Carbono posterior a 2012, con US$200 millones. Ambos fondos están dirigidos a garantizar la operación de los negocios de crédito de carbono más allá de la expiración potencial del período de compromiso del Protocolo de Kyoto en 2012, cuando ya no sería una obligación legal para los países el reducir sus emisiones.