En el momento en que la revisión de las normas de funcionamiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI – brazo del sector privado del Banco Mundial para préstamos) llega a su último tramo, los grupos de la sociedad civil están furiosos e indignados respecto al último borrador, especialmente en lo relacionado con los derechos humanos.

La eliminación del lenguaje de los derechos humanos del borrador de las normas, así como de las referencias a los derechos laborales, refleja el debate en curso entre el personal de la CFI, y los diferentes puntos de vista en la Junta. En su informe anual 2010, el Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO – Compliance Advisor Ombudsman), el mecanismo de cumplimiento de la CFI, señala que el 62 por ciento de los casos iniciados desde el año 2000 involucran reclamos de violaciones o impactos en los derechos humanos.

Representantes de ONGs de Nigeria, Camboya y Argentina visitaron la sede de la CFI para exigir la inclusión de salvaguardias contra los posibles abusos de los derechos humanos. Las ONGs organizaron un panel de discusión a principios de febrero de 2011, incluyendo a los directores ejecutivos de China y Arabia Saudita, entre otros.
En el panel de discusión, Daniel Taillant de la ONG argentina Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), dijo:»Cuando todas las comunidades ahora están utilizando el lenguaje de los derechos, es el deber de la CFI y su responsabilidad profesional enfrentar este asunto.» «Todos los países que se sientan en la Junta de la CFI tienen legislación sobre los derechos humanos y voluntariamente han endosado los acuerdos internacionales que defienden esos derechos. Así que simplemente estamos pidiendo a esos países que hagan lo mismo en la CFI», agregó Chima Williams de la ONG nigeriana Acción por los Derechos Ambientales.

Varios otros grupos, incluyendo a Amnistía Internacional, han formulado críticas sobre la falta de normas sobre los derechos, por lo que estarán presentando sus preocupaciones dentro del período final de la consulta que concluye a principios de marzo de 2011, antes de que se finalicen las normas en abril de 2011. Las ONGs exigen que la CFI se comprometa abiertamente a no apoyar actividades que puedan causar o contribuir a las violaciones de los derechos humanos. También exigen un requisito claro de que la CFI y sus clientes se comprometen a la diligencia debida de los derechos humanos. Raymond Offenheiser, de la ONG Oxfam América, dice en una carta al presidente de la CFI, Lars Thunnel, «Aunque la CFI participó activamente en la creación del Marco de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, el borrador más reciente de las políticas contradice el marco de las Naciones Unidas al tergiversar la definición de ‘la responsabilidad de respetar.'»

Los grupos de la sociedad civil también han llamado la atención sobre los intermediarios financieros (IF) a través de los cuales pasa aproximadamente la mitad del flujo de inversiones de la CFI. «Es esencial que las normas de funcionamiento se apliquen de forma inequívoca a todos los subproyectos IF», dice Offenheiser. Las normas propuestas sólo se aplican a los proyectos IF de «alto riesgo», a diferencia de otros préstamos, todos los cuales están cubiertos por las normas.

Aunque se da la bienvenida a la inclusión del consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por los proyectos de la CFI, esta norma solo se aplicaría a un conjunto limitado de «circunstancias especiales.» Este cambio propuesto pone a la CFI más en línea con las normas internacionales que su uso anterior del concepto de «consulta libre, previa e informada.»