Dado que las políticas de austeridad del FMI no han resuelto la crisis de la deuda de Grecia, los activistas piden una comisión de auditoría. A pesar de las protestas públicas en curso y los retos cada vez mayores de la academia, los viejos principios económicos siguen orientando las prácticas del Fondo.
A mediados de marzo de 2011, el FMI completó la tercera revisión del Acuerdo Stand-By de Grecia. Las nuevas condiciones incluyen otro tramo de las garantías públicas por valor de €30 mil millones (US$42 mil millones) para rescatar a los bancos en problemas. La garantía bancaria añadirá otro 10 por ciento del las acciones totales de la deuda del gobierno. Andy Storey, de la Universidad College de Dublín, dijo, "Este es el tipo de ‘cheque en blanco’ de garantía gubernamental de la deuda privada que ha producido la bancarrota de Irlanda."
Previamente han ocurrido controversias entre el gobierno griego, la Unión Europea y el FMI sobre las reformas de privatización del país, en gran medida impulsadas por la UE y los acreedores del FMI (ver Boletín 74). Grecia se ha comprometido a conseguir €15 mil millones través de la privatización a finales del programa de la UE y el FMI en 2013 – más del doble de las promesas del año pasado. El periodista Nick Malkoutzis, en su blog Dentro de Grecia (Inside Greece), comentó a finales de febrero de 2011 que "la privatización puede ser una manera de Grecia tomar posesión de su propio problema de la deuda. … Sin embargo, esto no debería ocultar el hecho de que la privatización viene con muchas profundas trampas."
¿Es sostenible la deuda?
Las preocupaciones sobre la capacidad de Grecia para pagar su préstamo han llevado al FMI a pasar a Grecia del Acuerdo Stand-By de corto plazo al Instrumento de Fondos Extendido a mediano plazo. A mediados de marzo de 2011, los gobiernos de la eurozona acordaron ampliar el período de reembolso de los préstamos de Grecia de tres a siete años y medio y – condicionado a que la escala de la privatización tenga una tasa de interés de 5,8 al 4,8 por ciento. Una rueda de prensa de febrero de 2011 por el grupo de pensadores de Bruselas, Bruegel, critica a la Unión Europea y las políticas de préstamo del FMI por haber "fallado en reconocer la posibilidad de insolvencia" y recomienda que "los préstamos futuros sin una reestructuración de la deuda lo suficientemente grande no son viables." Los economistas de Bruegel estiman que a fin de volver a una deuda de proporción del PIB del 60 por ciento en 2034, Grecia necesitaría un 30 por ciento de reducción de la deuda pública.
Los académicos activistas en Grecia, incluyendo a Costas Lapavitsas, Giorgos Mitralias y Leonidas Vatikiotis, advierten sobre los costos sociales de la austeridad excesiva debido a la alta carga de la deuda, en común acuerdo con una coalición de la sociedad civil internacional, los cuales pidieron una comisión de auditoría para examinar la deuda pública de Grecia en febrero de 2011. Su petición afirma que "las políticas actuales de la UE y del FMI para hacer frente a la deuda pública han dado lugar a importantes costos sociales en Grecia. En consecuencia, el pueblo griego tiene el derecho democrático a exigir una información completa sobre la deuda pública y públicamente garantizada." Sobre la base de las conclusiones de la comisión se pueden hacer recomendaciones sobre cómo lidiar con la deuda," incluyendo la deuda que se demuestra como ilegal, ilegítima u odiosa". La comisión de auditoría para Grecia podría ser un modelo para otros países de la eurozona.
El FMI se enfrenta a la ira pública
A finales de marzo de 2011, un plan de rescate para Portugal fue cada vez mas considerado como inevitable, ya que su parlamento no pudo acordar un plan de austeridad exigido por la Unión Europea, lo que produjo la caída del gobierno en otoño, por lo que las próximas elecciones nacionales se celebrarán en junio de 2011. Como resultado, el interés que Portugal tendrá que pagar en cualquiera de los bonos nuevos se ha disparado. Nick Dearden, de la ONG británica Jubilee Debt Campaign (JDC) dijo: "Un rescate de la UE y del FMI sería para los bancos privados, y no para el pueblo portugués." JDC encuentra que de los €216 mil millones de la deuda externa bruta pública y privada, sólo €43 mil millones pertenecen al gobierno portugués. A finales de marzo de 2011, el periodista del New York Times, Landon Thomas, dijo que la combinación de los rescates y de una mayor austeridad en países como Portugal, son tanto "impracticables como injustos… Una forma más barata para atacar el problema sería ir a la raíz del problema para reestructurar la deuda del país."
En Ucrania, a finales de febrero de 2011, la Federación de Sindicatos instó al gobierno a que suspendiera la cooperación con el FMI (ver Boletines 72, 71, 68). Preocupado por el impacto de la condicionalidad del FMI en los salarios, las pensiones y los precios al consumidor, el presidente Vasyl Khara, dijo, "Hemos expresado una protesta decidida… porque nuestros pedidos… de realizar un diálogo preliminar con los interlocutores sociales antes de determinar los términos del crédito se han descuidado de nuevo." A finales de marzo de 2011, más de 6.000 maestros salieron a las calles de Kiev en una marcha de protesta contra los recortes drásticos en la financiación de la educación, que el gobierno de Ucrania está planeando para cumplir con los objetivos de austeridad del FMI.
También en marzo de 2011, más de 7.000 personas marcharon a las oficinas del primer ministro de Swazilandia exigiendo que todo el gabinete renunciara, a causa de la hoja de ruta del ajuste fiscal presentada ante el FMI y el Banco Mundial para calificar para la ayuda presupuestaria. Las protestas principalmente fueron motivadas por los recortes salariales para los empleados públicos.
Oídos constantemente cerrados
A principios de marzo de 2011, el FMI organizó una conferencia sobre el crecimiento y las políticas macro después de la crisis para hacer frente a "algunas preguntas profundas sobre el consenso antes de la crisis sobre las políticas macroeconómicas." El evento fue organizado en Washington por el director del Departamento de Investigación de Investigación del Fondo, Olivier Blanchard, junto con David Romer de la Universidad de California, Michael Spence de la Universidad de Stanford, y Joseph Stiglitz de la Universidad de Columbia – todos ellos economistas que han formulado críticas sobre la economía dominante.
Uno de los debates cuestiona el consenso anterior del Fondo argumentando a favor de los efectos estabilizadores de la política fiscal contracíclica. Dani Rodrik, de la Universidad de Harvard y Andrew Sheng de la Comisión Reguladora Bancaria de China abogan por un mayor uso de políticas industriales en los países en desarrollo (ver Boletín 75). Sheng critica los analistas que son "políticamente ciegos", los cuales ignoran las consecuencias distributivas de las políticas de crecimiento.
Aunque Dean Baker, del Centro estadounidense para la Investigación Económica y Política comentó que la conferencia había sido un lugar de comunicación franca y abierta (glasnost) de parte del FMI, también se mostró escéptico sobre si "las políticas [del Fondo] habían sido ajustadas consecuentemente." Baker encuentra que el FMI sigue promoviendo la ‘devaluación interna’ – "forzando a los trabajadores a tomar recortes salariales bajo la presión de las altas tasas de desempleo" para hacer frente a las crisis económicas, pero estas son las políticas que han llevado al desastre económico y humano de tan vastas proporciones."